Por: Elaine Marie Ramos Mercado |
La Ley 158 del 18 de julio de 1999 mejor conocida como “La Ley de la Carrera Magisterial” tiene el propósito de reconocer y retribuir el desempeño profesional del Maestro del salón de clases, Maestro Bibliotecario, Orientador Escolar, Trabajador Social Escolar, Maestro
Especialista en Tecnología Instruccional, Coordinador Industrial y Coordinador de
Programas Vocacionales (en adelante denominado Personal Docente) evidenciado por el
producto de un desarrollo profesional continuo y actualizado. Al momento es la única herramienta que tiene el personal docente para ver algún aumento en su salario.
La ley 158 establece un proceso para que el personal docente que interese formar parte de la carrera magisterial cumpla con los requisitos establecidos en la ley y el reglamento.
Cada año miles de maestros anhelan que se promulguen los memorandos firmados por el Secretario de Educación para tramitar la activación, el cumplimiento de etapas y recibir el añorado y necesitado aumento de salario. Sin embargo, todo el procedimiento se ve afectado por la gran burocracia que presenta el Reglamento de Carrera Magisterial.
Un procedimiento totalmente manual, que requiere múltiples aprobaciones de personas a nivel distrital, antes de pasar a Región y posteriormente a nivel central. Por años el personal docente se activa, entrega su plan y no recibe tan siquiera la certificación de que su caso está tramitado. La oficina central de carrera magisterial está inundada de cajas y cajas con los planes de mejoramiento profesional entregados por los docentes sin ser revisados con la excusa de que el país está en crisis fiscal y que todo está paralizado por la ley 66 del 2014 “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Este mismo caso ocurrió con la llamada ley 7 del 9 de marzo de 2009 “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”. Al concluir el periodo de la ley 7 se empezó a reconocer y certificar los casos entregados por los docentes y a su vez, recibieron de forma retroactiva el reconocimiento de las etapas y los niveles de preparación profesional. Este proceso se dio de forma manual y cuando los docentes preguntaban en el 2013, los encargados de certificar comentaban que aun iban revisando planes del 2010 mientras los demás planes dormían el sueño de los justos.
Actualmente, los docentes de Puerto Rico están pasando por la misma situación ocurrida en el 2009 sin tomar aprendizaje de la experiencia ocurrida de la acumulación de los planes de los docentes. Esta oficina tiene que mecanizar todo el proceso. Es necesario diseñar una plataforma donde el docente directamente digitalice su plan de mejoramiento profesional, aneje las evidencias y el plan sea aprobado a la brevedad posible con la implantación de diferentes filtros digitales que certifiquen el cumplimiento de los criterios requeridos.
A su vez, la oficina de recursos humanos y nómina reciba la certificación automáticamente y se le acredite al docente el aumento correspondiente en su escala salarial. El docente trabaja en condiciones precarias y encima con un sueldo que no reconoce la valía del profesional que forja y desarrolla las demás profesiones del país. En todo país el recurso más preciado es su gente, por tal razón es necesario que las instituciones aúnen esfuerzos para desarrollar el recurso humano y que se trascienda en el desarrollo económico que tanto Puerto Rico necesita.
