Gestión de Morillo López en la policía

En la mañana del jueves 10 de febrero de 1966, el presidente provisional doctor Héctor Rafael García-Godoy designó al coronel José de Jesús Morillo López al frente de la jefatura de la Policía Nacional, para poner coto a la anarquía que padecía la sociedad dominicana por la violación del acuerdo de paz que terminó la guerra civil y formó su gobierno con el compromiso de hacer elecciones libres y conducir el país de regreso al sistema de la democracia representativa.

En una ceremonia realizada en la explanada frontal del Palacio de la Policía, el alto oficial fue juramentado por el ministro de Interior y también vicepresidente de la República, licenciado Manuel Joaquín Castillo, quien colocó en el cuello de su camisa la insignia con el grado de general de brigada y lo presentó como nuevo jefe ante la plana mayor y otros agentes policiales.  

Morillo López pronunció enseguida un enérgico discurso, asegurando que su tarea principal sería crear un clima de paz,  garantizar la celebración de elecciones el miércoles 1 de junio de 1966, e implementar enérgicas medidas de control y desarme para derrotar el terrorismo, vencer la anarquía, sin importar su origen, porque no permitiría el debilitamiento del esfuerzo electoral del gobierno por restaurar la democracia.

Una parte de su discurso originó justificada alarma y mucho escalofrío en los sectores de opinión, y fue al decir categóricamente que el “lugar de los terroristas era el cementerio”, una condena distante de la legislación dominicana.

Pero eso fue un frase desafortunada fruto de la dura situación que vivía el país y por haber llegado a la jefatura policial sumamente presionado por los desórdenes callejeros, el terrorismo rampante y la denuncia de atentados contra la integridad física de destacados personajes del clero, como el nuncio apostólico Enmanuel Clarizio y el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito.

Además, Morillo López sabía que era inevitable que su gestión recibiera la hostilidad de un sector oficial que boicoteaba a cada instante el plan de reconciliación nacional que planteaba el gobierno; era un grupo de poder opuesto de modo radical a la reincorporación en los cuarteles de los soldados que durante la guerra civil lucharon bajo las órdenes del coronel Francisco Caamaño.

El referido boicot se había evidenciado con la Batalla del Matum, provocada el 19 de diciembre de 1965 en la ciudad de Santiago por militares de la Fuerza Aérea que fueron instruidos para atacar por sorpresa a los soldados rebeldes al término de los actos religiosos que se hicieron para honrar la memoria del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en el séptimo mes de su caída en combate.

También con el salvaje atropello cometido el 9 de febrero de 1966 por policías y militares que dispararon contra una congregación pacífica de estudiantes de la escuela secundaria y de la UASD, que exigían al Gobierno el reconocimiento de las autoridades de ese alto centro de estudios, encabezadas por su rector, ingeniero Andrés María Aybar Nicolás; y el fin de la estancia en los planteles escolares de las tropas invasoras, alojadas allí desde el inicio de la guerra civil.

Este sangriento evento -con un saldo de cuatro muertos y cuarenta heridos- estremeció la conciencia pública y provocó una huelga general que hubiese culminado en un baño de sangre mayor, de no ser por la acertada decisión de García-Godoy de relevar de su cargo al controversial ministro de las Fuerzas Armadas, contralmirante Francisco Javier Rivera Caminero y enviar al extranjero -en puestos diplomáticos- a otros oficiales.

La “Masacre del 9 de Febrero” provocó la sustitución del general Herman Despradel Brache como jefe de la uniformada, quien había sido nombrado el 19 de enero de 1965, en reemplazo del general Belisario Peguero. Despradel había servido al gobierno del Triunvirato y luego a las tropas del general Elías Wessin durante la guerra civil, en la cual sus agentes antimotines conocidos como “cascos blancos” tuvieron un infeliz desempeño en la defensa de la Fortaleza Ozama, tomada por asalto por los combatientes constitucionalistas el 30 de abril de dicho año.

Morillo López deploró la tragedia del 9 de febrero y pidió apoyo a la ciudadanía para que hechos de esa naturaleza no se repitieran; asegurando que bajo su mando se afirmaría el rol policial de guardián de la paz pública, protector de los derechos ciudadanos.

Primera prueba de fuego

La primera prueba de fuego  del nuevo  jefe policial fue el arbitrario apresamiento del reconocido jurista y presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), doctor Antonio Rosario, cuya figura política había gravitado en la opinión pública desde que viajó a Puerto Rico en enero de 1965 a respaldar al profesor Juan Bosch, firmando junto a éste y dirigentes de sus respectivos partidos el famoso Pacto de Río Piedras, que los comprometía a luchar unidos por el retorno al ordenamiento constitucional averiado por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963.

El arresto de un mocano ilustre, emparentado con la familia De la Maza, de limpia trayectoria democrática y de indiscutibles aportes intelectuales, conmovió a la sociedad que no se explicaba por qué se había hecho uso de la fuerza policial para maltratar a un antiguo ministro de Trabajo y consagrado educador.

Esta acción represiva se ejecutó el domingo 13 de febrero en la intersección de la calle San Juan Bosco y la avenida 30 de Marzo de la ciudad capital, frente al famoso negocio de sándwich “Barra Payán”, y el responsable fue un sargento de la Policía llamado Rafael Estévez Espejo, comandante de una unidad móvil de Radio Patrulla, quien actuó instigado por dos militares de la Fuerza Aérea que intervinieron en la violenta detención de la caravana socialcristiana que lideraba el doctor Rosario.

Los dirigentes del partido del machete verde -bajo amenaza- fueron obligados a apearse de sus respectivos vehículos con las manos levantadas y se les colocó contra la pared del referido establecimiento comercial, donde se les humilló en exceso al ser sometidos a un espectacular registro en busca de armas de fuego, como si se fuesen delincuentes peligrosos.

Decenas de personas que transitaban por esa populosa vía miraron asombradas el penoso drama en que se vio envuelto -sin proponérselo- un honorable educador como don Antonio Rosario. Fue una escena deprimente que contradijo, sin duda, la voluntad de pacificación del gobierno y las garantías ofrecidas tres días antes por el recién nombrado jefe de la Policía sobre el estricto respeto a los derechos ciudadanos.

Este desagradable incidente generó mucha crítica, aunque también la forzada disculpa de la autoridad policial y el anuncio de la formación de una comisión investigadora encabezada por el mayor abogado, doctor Bolívar Soto Montás, de la consultoría jurídica de la Policía y el capitán Rafael E. Bautista De Oleo, del Ejército Nacional, quienes lograron tranquilizar a la ciudadanía al recomendar prisión para los agentes envueltos en el hecho.

Morillo López manifestó en conferencia de prensa que no se iba a entorpecer la labor que venían realizando los dirigentes políticos en campaña electoral, y que la Policía velaría por la seguridad ciudadana, protegería la vida, la integridad y la libertad de las personas para contribuir “a que las elecciones venideras reflejen la verdadera expresión de la voluntad popular”.

Igualmente informó que había enviado telegramas a los comandantes de los departamentos policiales en todo el territorio nacional, que contenían la circular No. 6, de fecha 2 de marzo de 1966, donde se ordenaba poner fin a los registros a dirigentes políticos para evitar que pudiera resurgir el drama padecido por el doctor Antonio Rosario y sus compañeros socialcristianos.

La posición del jefe de la Policía iba a tono con las sugerencias del presidente García-Godoy, de ofrecer garantías a los partidos políticos de tolerancia policial durante el desarrollo de sus actividades proselitistas.

Contra la corrupción policial

El 7 de abril de 1966 el general Morillo López inició una campaña de transparencia y pulcritud en los organismos de la Policía Nacional, con el objetivo de mejorar su imagen, la cual culminó con una auditoría, publicada el 17 de julio de 1966, que detectó serias irregularidades en el manejo de los fondos de la Intendencia General.

Este informe fue motivo de la remoción total de los mandos superiores y de la puesta en retiro con disfrute de pensión de los tres coroneles que ocupaban los cargos de subjefes; además causa de la destitución de un teniente coronel acusado de malversar los fondos del referido departamento.

El oficial imputado fue sometido a un Consejo de Guerra, un procedimiento militar judicial que fue conducido por los doctores Virgilio Payano Rojas, juez y César Augusto Cornielle Carrasco, fiscal, quienes lo encontraron culpable de “crímenes de robo siendo asalariado” y de haber utilizado personal policial bajo su mando en trabajos particulares. Además recomendaron que fuese separado de las filas de la institución de manera deshonrosa, aunque unos años más tarde fue reivindicado y subido de rango, y pudo ascender a las más altas posiciones ejecutivas.

De todas maneras, con este y otros casos Morillo López demostró su interés en imprimir un manejo ético a la gestión policial, en consonancia con la formación adquirida en el Ejército, en rectitud y orden, desde que se enganchó como un simple soldado en el año 1947, para servir en calidad de secretario -mecanógrafo y taquígrafo- bajo las órdenes del teniente general Fausto Caamaño Medina, ministro de Guerra y Marina, hasta el año 1953 cuando se retiró a la vida civil teniendo el grado de sargento.

Morillo López ingresó a la Policía como segundo teniente el 1ro. de agosto de 1961 y consiguió notoriedad pública al ser designado ayudante del jefe de esa entidad, general Belisario Peguero Guerrero, desde que éste inició su gestión administrativa el 16 de marzo de 1962.

Participó en la redacción de todos los proyectos destinados al fortalecimiento institucional, incluido el de las cantinas policiales, planteado durante el gobierno del profesor Juan Bosch en 1963 con criterio cooperativista, para mejorar las condiciones de existencia de los agentes con menores ingresos. De tal modo que llegó a figurar como vocal en el consejo administrativo de la empresa “Cantina Policía Nacional, C. por A., presidida por el general Peguero Guerrero, aunque no estaba de acuerdo con su carácter lucrativo en beneficio de altos oficiales.

Esa contradicción  quebró el afecto que le tenía el general Peguero Guerrero y fue la causa de que se aliara con el coronel Francisco Caamaño, comandante de Radio Patrulla, para hacer llegar a las altas instancias del poder político la denuncia de corrupción en el citado negocio, pidiendo la sanción y destitución del general Peguero Guerrero.

Esa actitud crítica provocó una crisis interna que se detuvo cuando el presidente del Triunvirato, Donald Reid Cabral, removió de su cargo al general Peguero Guerrero, designándolo viceministro de Interior y Policía en enero de 1965, aunque previamente había transferido a Caamaño a la Fuerza Aérea, en donde se encontraba cuando estalló la insurrección militar del 24 abril; y envió a Morillo López a San Isidro, como inspector general del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas.

Más tarde, en plena guerra civil, el general Antonio Imbert -presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional- lo designó como comandante de la dotación militar del Aeropuerto Internacional de Cabo Caucedo, puesto que ocupaba cuando le llegó la designación de jefe de la Policía, dispuesta por el presidente García-Godoy.

Por último se debe reconocer el empeño de Morillo López, como jefe de la Policía, en imponer una buena organización y tecnificación en ese cuerpo de orden público, seriamente afectado por la guerra civil, al crear el 17 de mayo de 1966 una escuela de entrenamiento para militares y oficiales, dirigida por el capitán abogado Abraham López Peña, quien era además su eficiente relacionista público.

Bajo la jefatura de este buen oficial se ofreció protección a todos los ciudadanos, sin distinción de ideología política y se demostró respeto al ciudadano. Por eso se le recordará, tal como señaló el profesor Juan Bosch, en la dedicatoria de un libro suyo, “como el jefe de la Policía honesto y que no cometió abusos”, ya que fue un devoto servidor de la ley.