Santo Domingo, R. D.-En el expediente en contra de los imputados de la Operación Medusa también figura el caso de una supuesta sobrevaloración de instrumentos para un departamento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Así lo detalló la solicitud de allanamiento sometido por el ministerio público, donde las autoridades aseguraron que esta sobrevaluación alcanzó hasta cuatro veces a su valor original.

Este presunta irregularidad ocurrió hace dos años, durante la licitación para equipar el área de antropología del Inacif, para lo cual recibieron una donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional  para el Desarrollo (AECID) de unos RD$1,703,984.

El contrato fue adjudicado a la compañía Suplidora Médica del Caribe, que de hecho fue la única entidad en presentarse al proceso de compra.

En total, la Procuraduría General de la República (PGR) gastó RD$2,948,277, invirtiendo más de 1.2 millones de pesos de su presupuesto para este fin.

Sin embargo, fue la propia AECID que externó su preocupación por ese monto, procediendo a contratar una empresa privada para llevar a cabo una auditoría para justificar la cotización elaborada por la PGR.

Esa investigación determinó que existía una diferencia entre la valoración de los equipos realizada por la PGR, y los resultados de la auditoría.

 “Extendimos nuestro alcance de auditoria con el fin satisfacernos de la evidencia presentada, para esto procedimos a realizar una comparación de precios, debido a que entendíamos que en los equipos adquiridos había una sobreevaluación en la compra de los mismos, dando como resultado una diferencia de alrededor de 21,624 euros para un monto total de RD$1,303,956 equivalente de 4 veces por encima del valor comparable”, leía parte del documento.

Sin embargo, esto es de acuerdo a lo comandado en el mercado internacional, ya que los fiscales destacaron que si se compara con los precios locales la diferencia sería de un 59% por encima del valor de compra. 

Al final la PGR realizó los pagos correspondientes, autorizados por el entonces director financiero de esa institución, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dos de los implicados en la Operación Medusa.

Incumplimiento

Otro caso referente al Inacif en la mencionada solicitud, fue la licitación de 2019 para la adquisición de equipos y adecuación de su laboratorio de ADN, para lo cual la PGR solicitó a la Presidencia de la República un millón de dólares (alrededor de 57.1 millones de pesos).

No obstante, los fiscales aseguraron en su investigación que a pesar de que fueron especificados los insumos necesarios, el Inacif recibió otros que no cumplían con la tarea necesitada.

Además, afirmaron que la empresa que ganó ese proceso de compra, First Medical Depot by Guzmán, no cumplió con las labores para la que fue contratada, resultando que el laboratorio todavía no esté en funcionamiento por no poder disponer de los equipos necesarios.

Pero sin importar lo anterior, la entonces subdirectora del Inacif, Emely C. Ramírez, emitió una certificación que indicaba la recepción satisfactoria de los instrumentos solicitados.

Operación Medusa

Así fue nombrada la investigación del ministerio público a personas que tenían vínculos con la PGR durante la gestión pasada, resultando imputados el exprocurador Rodríguez; Rafael Antonio Mercede Marte; Alfredo Alexander Solano Augusto; Rafael Canó Sacco; Javier Alejandro Forteza Ibarra; Rodríguez Imbert; Jenny Marte Peña; Alejandro Martin Rosa Llanes; Braulio Michael Batista Reyes; María Josefina Azar Díaz y Johannathan Medina Reyes.

También Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.

¿De qué son acusados?

El grupo acusado de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

En gestión de Jean Alain se habría pagado por cursos de formación que no se dieron

El imputado en la Operación Medusa, Miguel José Moya, habría logrado al menos seis contratos con la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2018 y 2020, que tuvieron un valor total de RD$19,683,600.

Esto de acuerdo con el documento de solicitud de allanamiento, a la firma de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), donde los fiscales explicaron la estructura de pagos a esta supuesta red de corrupción.

El primer contrato fue firmado el 16 de febrero de 2018, con la Procuraduría General de la República (PGR), siendo representada por el implicado en la Operación Medusa, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y Moya dando la cara por la compañía Desarrollo, Individuo & Organización (DIO), SRL.

El acuerdo fue suscrito para que Moya, asesor del también acusado Jean Alain Rodríguez durante su gestión al frente del órgano persecutor, lleve a cabo una serie de talleres de capacitación al personal de la referida institución.l

Este tenía un valor que rondaba los 3.7 millones de pesos, y fue pagado en tres cuotas de unos 1.2 millones de pesos, los días 27 de marzo, 4 de mayo y 22 de junio del 2018.

Lo anterior era el patrón utilizado por el grupo, según el Ministerio Público, y consistía en el requerimiento de una empresa que realizara diversos cursos y talleres, adjudicados siempre a DIO SRL, que ganaba por procesos de comparación de precios, se firmaba el contrato con la autorización de Rodríguez Imbert, exdirector financiero de la PGR, y del propio Jean Alain Rodríguez.

Esto se repitió con el contrato del 18 de junio de 2018, que sirvió como renovación del contrato pasado por la misma cantidad, que igualmente fue dividido en tres pagos distintos, aunque en esa ocasión fueron efectuados, el 18 de octubre del mencionado año.

Asimismo, un día antes de ese depósito Rodríguez Imbert elaboró un documento de reconocimiento de deuda, donde aseguraba que DIO SRL realizó talleres de integración entre el 15 de agosto y el 15 de octubre del 2018, estipulando que la deuda por esos trabajos ascendía a RD$2,485,600.

Ya en febrero de 2019 fue rubricado otro contrato de servicio de capacitación especializada, con un precio igual a los dos que le precedieron y que fue pagado el 28 de marzo siguiente usando el modus operandi acostumbrado: cuotas de RD$1.2 millones.

A mediados de diciembre próximo desde la PGR se emitió un cheque de RD$1,242,800, bajo el concepto de  “talleres de integración para fortalecer el clima laboral”, tomando como base el documento de reconocimiento de deuda elaborado por Rodríguez Imbert , compromiso que ya había sido cumplido.

Un par de meses después, a finales de febrero del año pasado, se firmó otro contrato entre la Procuraduría y la empresa representada por Moya, en esta ocasión de capacitación especializada,  este de RD$4,770,000, y que fue pagado para el junio siguiente, a través de transferencias.

Inexistentes

Otro punto importante en la investigación es que los talleres que tenían que ser impartidos por DIO SRL eran inexistentes, hecho que fue encubierto por personal de la PGR, señalan los fiscales.

En el documento se detalla que en los informes de servicio de capacitación realizada por el departamento de Gestión Humana tiene una lista de empleados que aseguraron no asistir a estos talleres, y que el listado que indica los que sí confirmaron su presencia pertenecía a otra actividad institucional.

Similarmente está el caso del exdirector general de carrera del Ministerio Público, Víctor Lora Imbert, quien es señalado como la persona que realizó la petición de llevar a cabo los cursos, solicitud que terminó en el contrato de febrero del 2019, y el responsable de emitir constancias de servicios prestados sin ningún aval de asistencia de personal o de los días en que se sostuvieron esos encuentros.

Esta maniobra de igual forma se repitió para el último acuerdo reseñado en el documento de los fiscales.

Detenido

Actualmente Moya se encuentra detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras espera el desarrollo del proceso judicial que enfrenta.

A él lo acompañan Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jean Alain Rodríguez.

Grupo Jean Alain eliminaba compañías de licitaciones para que solo ganaran sus preferidas

La “Operación Medusa”, orquestada por el ministerio público, es la más reciente de las investigaciones que ha dirigido la justicia dominicana en contra de supuestos actos de corrupción, revelando las pretendidas maniobras ilícitas con las que se enriquecían exfuncionarios.

Uno de los esquemas en común presuntamente utilizado por los imputados en estas “operaciones” son las licitaciones “fantasmas”, que no son más que procesos de compras amañados a través de influencias.

Y la Procuraduría General de la República (PGR) no fue la excepción, de acuerdo a la solicitud de allanamiento pedida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a un tribunal del Distrito Nacional.

En el referido documento los fiscales detallaron las supuestas irregularidades en estos procesos de compras, principalmente por parte de los implicados en la Operación Medusa Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Canó Sacco.

Según dicho expedientes, ambos tenían incidencia directa en qué compañía ganaban las licitaciones de la Procuraduría, a cambio de prebendas.

Sin embargo, la manera de amañar estos concursos variaban, e iban desde el hecho de que en ocasiones solo las empresas favorecidas sean las únicas en presentarse en el sorteo hasta la descalificación adrede de las entidades no “agraciadas”. 

Así lo confesó la coimputada Rainiery Elizabeth Medina Sánchez durante su interrogatorio con las autoridades, asegurando que sobre ella y otra implicada, Mercedes Camelia Salcedo Disla, caía esa tarea.

Esto lo lograban a través de sus cargos de encargada de almacén de la PGR y coordinadora administrativa de modelo penitenciario, respectivamente.

La modalidad en cuestión consistía en realizar visitas para asegurarse que las empresas que participaban en las licitaciones cumplían con los requerimientos del contrato, para luego descalificarlas bajo instrucciones de otros imputados.

Asimismo, para reprobar a estas compañías Medina Sánchez y Salcedo Disla alegaban incumplimientos como problemas de iluminación y de limpieza.

Los implicados
Además de las anteriormente mencionadas, las autoridades han nombrado a 18 personas en el caso, entre ellas el exprocurador Jean Alain Rodríguez, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña, Alejandro Martin Rosa Llanes.

También Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno Braulio Michael Batista Reyes, María Josefina Azar Díaz y Johannatan Loanders Medina Reyes y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.

De estos están detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el ex-procurador general, Moya, Mercede Marte, Guillén Calzado y Forteza Ibarra.