El ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Teodoro Locsin Jr., ha afirmado que “no vale la pena” esperar ayudas de los países que han cuestionado la “guerra contra la droga” del Gobierno filipino y las violaciones de Derechos Humanos denunciadas.
El viernes el periódico filipino ‘Inquirer’ informó de que el Palacio Presidencial filipino había ordenado a todo el Gobierno suspender las conversaciones sobre ayudas de países que apoyaron una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pide investigar la situación de los Derechos Humanos en Filipinas. El documento presidencial está fechado en agosto y afectaría además a los préstamos de estos países.
Un portavoz del presidente Rodrigo Duterte, Salvador Panelo, ha negado que exista esa orden. “El presidente no ha emitido ninguna orden para suspender los créditos y la negociaciones con los 18 países que votaron a favor de la resolución de Islandia”, ha indicado.
El documento habría sido publicado en la web de la Oficina de Aduanas y borrado unas horas después, ha informado este sábado la prensa filipina.
Locsin Jr. ha confirmado en varios mensajes en Twitter la existencia del memorándum, pero ha asegurado que es “agua pasada” y que Filipinas lleva “mucho tiempo” rechazando ofertas onerosas de ayuda “antes de la resolución de Islandia”.
La ayuda internacional “no vale la pena teniendo en cuenta las cantidades y los términos y que el dinero va principalmente a las consultoras”, ha señalado en Twitter.
La resolución islandesa de julio fue respaldada por Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Fiyi, Islandia, Italia, México, Perú, Eslovaquia, España, Ucrania, Reino Unido y Uruguay. Japón se abstuvo.
La “guerra contra la droga” de Duterte se ha saldado desde 2016 con casi 6.000 presuntos drogadictos y traficantes muertos en operaciones policiales.
