La pobreza, la inseguridad alimentaria, los fenómenos climáticos y la violencia figuran como las principales causas para migrar
Un 43 por ciento de ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras han considerado la posibilidad de migrar en 2021, un porcentaje que se ha disparado en dos años, ya que en 2019 únicamente un 8 por ciento de personas se lo plantearon.
Así lo ha revelado este martes un informe elaborado por Migration Policy Institute (MPI), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Civic Data Design Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), elaborado a través de encuestas a ciudadanos de los tres países citados.
El trabajo, no obstante, ha mostrado que una pequeña fracción de los ciudadanos que han pensado en migrar, el 3 por ciento, ha hecho planes concretos para abandonar su país y en el 89 por ciento de los casos Estados Unidos era el destino previsto. En este sentido, citan mayoritariamente la separación familiar y los altos costes asociados como elementos disuasorios para emprender este viaje.
El precio que se paga en costes humanos y económicos para migrar es alto. Según el informe, se estima la inversión de unos 2.200 millones de dólares (más de 1.950 millones de euros) al año para viajar de manera regular e irregular. Un promedio anual estimado de 378.000 centroamericanos se han desplazado a Estados Unidos durante los últimos cinco años.
El informe, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), ha mostrado que la mayoría de los migrantes, el 55 por ciento, habrían contratado a un traficante para viajar, con un coste de unos 7.500 dólares por persona de promedio (más de 6.600 euros). Mientras, la migración a través de canales legales tiene un coste de 4.500 dólares (casi 4.000 euros).
La pobreza, la inseguridad alimentaria, los fenómenos climáticos y la violencia son las principales razones detrás de la migración. El informe arroja luz sobre los vínculos entre la inseguridad alimentaria y la migración desde Centroamérica y muestra que las personas que sufren hambre tienen tres veces más probabilidades de hacer planes concretos para migrar que las personas que no se enfrentan a esta situación.
La inseguridad alimentaria ha experimentado un aumento dramático en Centroamérica mientras que las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 y la pobreza siguen haciendo difícil que las familias puedan alimentarse. De hecho, el número de personas en inseguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras se triplicó, según estimaciones del PMA a octubre de 2021, hasta alcanzar 6,4 millones, en comparación con los 2,2 millones de personas en 2019.
“Estamos viendo un éxodo desde Centroamérica porque el hambre y la desesperación obligan a muchos a migrar en busca de una vida mejor”, ha lamentado el director ejecutivo del PMA, David Beasley, que también ha aludido a que “las familias están siendo separadas y las comunidades están siendo destruidas debido a que la pobreza, el cambio climático y ahora la COVID-19 han dejado a muchas personas sintiendo que no tienen más remedio que irse para el norte”.
Además, los flujos migratorios se vieron afectados por la violencia y la inseguridad, así como por los choques climáticos, como sequías severas en el Corredor Seco centroamericano y tormentas más frecuentes y fuertes en el Atlántico. Los devastadores huracanes gemelos que azotaron Centroamérica en noviembre de 2020 contribuyeron al deterioro de las condiciones de vida de poblaciones que ya eran vulnerables.
ABORDAR LAS CAUSAS FUNDAMENTALES DE LA MIGRACIÓN
Aunque el informe destaca los factores que impulsan la migración desde Centroamérica, también presenta a los gobiernos un plan para abordar sus causas fundamentales, incluidas iniciativas que están vinculadas a la recuperación económica, los medios de vida y la seguridad alimentaria para las personas que tienen más probabilidades de migrar de manera irregular.
“Los patrones cíclicos repetitivos en el aumento de la migración centroamericana hacia el norte indican claramente que llegó la hora de una estrategia que vaya más allá de la ejecución de acciones unilaterales, que reconozca no solo los impulsores de la migración, sino también los contextos matizados que las políticas de fortalecimiento comunitario deben abordar en El Salvador, Guatemala y Honduras”, ha indicado el presidente del Migration Policy Institute, Andrew Seele.
En la misma línea se ha expresado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha urgido a “no esperar resultados distintos de las mismas acciones”. “Llevamos años implementando políticas migratorias de contención de la migración que han probado ser insuficientes”, ha agregado.
Así, el trabajo ha propuesto la ampliación de los programas nacionales de protección social que ayudan a aliviar la pobreza y erradicar el hambre de las poblaciones en riesgo, algo “clave” para frenar la migración.
Por ejemplo, las transferencias en efectivo son un “salvavidas” para las personas vulnerables, ya que permiten a las familias satisfacer sus necesidades esenciales, ha resaltado.
El informe también alude a los programas de alimentación escolar, que “ofrecen más que un plato de comida”. “Apoyan la agricultura local y representan ahorros para las familias pobres”, ha añadido.
Además, entre otras, ha recomendado iniciativas de inversión y desarrollo que se adapten a las necesidades de la comunidad, dando a las personas la opción de buscar oportunidades en casa. Estos incluyen programas para pequeños agricultores con el fin de aumentar la resiliencia a los choques climáticos, diversificar los cultivos e impulsar la producción, así como programas de capacitación laboral para jóvenes y mujeres en áreas rurales y urbanas.
Por último, el informe recomienda que Estados Unidos y otros países de destino de migrantes en la región amplíen las vías legales para los centroamericanos, por ejemplo, aumentando el acceso a visas de empleo temporal para que la migración irregular prefiera usar los canales legales.
