“¿Por qué no me imputaron hace dos años y medio? Porque querían hacerlo en mitad de mi campaña”, replica el expresidente
Un gran jurado de Georgia ha imputado al expresidente Donald Trump y a 18 personas más por intentar interferir en las elecciones presidenciales de 2020, en la que es ya la cuarta batería de cargos contra el magnate neoyorquino, que sigue insistiendo en la teoría de la “caza de brujas” política contra él.
Los supuestos delitos se remontan a los caóticos meses posteriores a dichos comicios, cuando Trump se resistía a admitir que hubiese perdido frente al demócrata Joe Biden y emprendió todo tipo de argucias para revertir el resultado, incluida una polémica llamada al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, en la que la instaba directamente a “encontrar” los votos que le faltaban –había perdido en ese estado por apenas 12.000 sufragios–.
El expresidente ha quedado acusado de trece cargos, incluida la violación de la ley de Georgia contra el crimen organizado, conspirar para suplantar a un funcionario, presionar para que un funcionario traicione el juramento de su cargo y conspirar para presentar documentos falsos y conspirar para perpetrar falsificación en una “asociación delictiva” en la que también participaron otra treintena de personas, no incluidas en el pliego de cargos.
En total, el exmandatario y el resto de personas imputadas, entre la que figuran algunos de sus más estrechos colaboradores como John Eastman, Rudy Giuliani y Mark Meadows, se enfrentan a 41 cargos promovidos por la fiscal Fani Willis, del condado de Fulton. Todos ellos habrían incurrido en una “actividad criminal” con el único objetivo de esquivar la derrota electoral.
Así, Trump ha sido acusado por ejemplo de incitar a funcionarios públicos, entre ellos el exvicepresidente Mike Pence, a violar su juramento, de realizar declaraciones falsas, de distribuir documentos fraudulentos en colegios electorales, de acosar a los trabajadores electorales tras su derrota en Georgia y de actos de obstrucción.
“Trump y los otros acusados se negaron a aceptar que perdió, y se unieron a sabiendas y de forma voluntaria a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump”, reza la acusación. “Esa conspiración contenía un plan y propósito común para cometer dos o más actos de actividad de chantaje en el condado de Fulton, Georgia, en otros lugares de Georgia y en otros estados”, añade.
También ha alegado que Trump y sus colaboradores “se dedicaban a diversas actividades delictivas relacionadas entre sí tales como “suplantación de la identidad de un funcionario público, tratar de sobornar a testigos, robo informático, allanamiento informático, invasión informática de la intimidad, conspiración para defraudar al Estado y actos relacionados con el robo y perjurio”.
Además, Willis ha anunciado una orden de arresto contra los acusados, aunque les ha dado hasta el 25 de agosto para “entregarse voluntariamente”. La Fiscalía pretende enjuiciar a Trump en los próximos seis meses, proceso que ya ha sido asignado al juez del Tribunal Superior del condado de Fulton Scott McAfee.
TRUMP INSISTE EN LA “CAZA DE BRUJAS”
Como viene haciendo en los últimos años ante cualquier tipo de contratiempo político y judicial, Trump ha vuelto a denunciar que se siente víctima de una “caza de brujas”, en esta ocasión emprendida por una fiscal “fuera de control y muy corrupta”. “¿Por qué no me imputaron hace dos años y medio? Porque querían hacerlo en mitad de mi campaña política”, ha sentenciado en su propia red social el ahora precandidato en las primarias del Partido Republicano para las elecciones de 2024.
En declaraciones a Fox News, ha incidido en esta misma tesis y ha emplazado a Willis a “centrarse en las personas que amañaron las elecciones presidenciales de 2020, no en quienes piden respuestas por lo que ocurrió”, dando así rienda suelta a una teoría conspiratoria para la que siguen sin existir pruebas casi tres años después de la votación.
Se trata de la cuarta imputación que recibe Trump, y la segunda por intentar interferir en las elecciones. A diferencia de los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith, el expresidente no podría indultarse a sí mismo ni a sus socios en caso de ser culpable y ser reelegido como presidente del país al tratarse de una condena estatal.
Trump, el primer exmandatario del país en ser acusado, ya fue imputado en marzo en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y también se enfrenta a 40 cargos por el caso de los documentos clasificados.
