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Santo Domingo, R. D.-El Magistrado Juan Hiroito Reyes, en funciones de Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, confirmó el dictamen de archivo definitivo que la Procuraduría General de la República ordenó el 31 de julio del 2017 a favor de José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la Presidencia, con ocasión de la querella que contra él interpusiese la empresa LADOM por alegado desacato y asociación de malhechores.
En audiencia celebrada en la mañana de hoy, el juez del alto tribunal colegiado conoció de la objeción que a dicho archivo presentase el 9 de agosto del 2017 la empresa referida. El funcionario palaciego, representado por el abogado Julio Cury, había sostenido que tal como concluyó la Procuraduría General de la República durante su investigación, los hechos relatados en la querella de LADOM “y que con censurable deportividad se le atribuían al Ministro Administrativo de la Presidencia, no eran, ni por asomo, constitutivos de delito”.
Al concluir la audiencia, Cury expresó que “un punteo serio y cuidadoso de la conducta alegadamente reprochable con los elementos constitutivos de los tipos penales endilgados, ponía de manifiesto su atipicidad, y al no configurar infracción alguna, la confirmación del dictamen de archivo era tan justa como inevitable”.
El jurista dijo que en el caso de Peralta concurría además la ausencia de su intervención en los hechos, dado que mediante el Decreto No. 569-12, del 11 de septiembre del 2012, el Ministro Administrativo de la Presidencia dejó de integrar la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, órgano al que LADOM le ha reclamado la asignación de un mayor volumen de contingentes arancelarios para la importación de leche en polvo.
Cury dijo que la verdad opera como ariete de toda “intentona de descrédito”, recordando que a pesar de que LADOM se “obsesionó” con poner en causa al Ministro Administrativo de la Presidencia para que cumpliese con un decreto que escapaba a su ámbito potestativo, múltiples sentencias han establecido que no era ni es la autoridad o funcionario obligado. “Lo importante es que se ha hecho justicia, que es a lo que la sociedad aspira en cualquier contexto caracterizado por desavenencias personales o intereses en pugna”.
