El partido gobernante nos empuja a una confrontación que parece inevitable. En su proceso de conformación en Partido Estado ha venido cerrando el espacio para la participación política democrática. Si bien el Estado dominicano, formalmente está organizado conforme la llamada democracia representativa, para este partido nada significan los principios que le sirven de sustento. En el país no hay real separación ni independencia de poderes.
El sistema político tiene su centralidad en un monarca todopoderoso que ocupa el Poder Ejecutivo, que controla y somete a los demás poderes del Estado. A esto se añade la particularidad de que el Comité Político del partido oficial, actualmente bajo el control del danilismo, funciona como un órgano supraconstitucional y es la verdadera última instancia en donde se deciden los asuntos de mayor trascendencia, que luego se llevan a “legalizar” al Congreso Nacional, a la Suprema Corte de Justicia, entre otros poderes del Estado. El oficialismo tampoco cree en la pluralidad democrática y, por eso, a los partidos de oposición siempre busca comprarlos o destruirlos.
El pasado 16 de agosto, hemos advertido, Danilo Medina no hizo un discurso de toma de posesión. Ese día reimpulsó su proyecto reeleccionista/continuista, que busca prolongar más allá del 2020. A esos fines, ya hay aprestos para modificar de nuevo la Constitución o reinterpretar la vigente. Recursos le sobran para comprar a gente cuyo único valor es el dinero. Por eso, que nadie se engañe. El oficialismo aparenta querer la reforma político electoral, pero es falso. Es un juego de espejos para ganar tiempo y terminar saliéndose con la suya. Su objetivo, en realidad, es mantener, en lo fundamental, las vigentes condiciones de participación política para las elecciones de 2020.
El actual esquema de participación política se caracteriza por la ausencia de transparencia, equidad y respeto de la legalidad electoral. La falta de controles por parte de los órganos electorales es lo que ha permitido al partido oficial instalar una red clientelar al lomo de los programas de asistencia social del Estado. Sus dirigentes/candidatos/funcionarios y representantes han acumulado verdaderas fortunas de origen ilícito, alcanzando la mayoría de ellos la autonomía económica para financiar sus campañas, sin que el Ministerio Público levante el dedo meñique para indagar el origen de esos recursos.
Han articulado un aparato de comunicación propio y han sometido, a través de la publicidad del Estado o mediante “facilidades” a otros medios de comunicación. Cuentan con un aparato político para la implementación, en cada elección, de diversas modalidades de fraude. Y como si lo anterior fuera poco, por medio de una mayoría mecánica ejercen el control de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, contando además con la garantía de impunidad para los suyos por los delitos electorales cometidos por la subordinación a sus intereses de la Policía Electoral y del Ministerio Público.
El mantenimiento de estas condiciones para la participación política democrática, sencillamente no lo aceptamos. Por eso, desde ahora proclamamos nuestro derecho de rebelarnos frente a la posibilidad de continuar una afrenta así. Es nuestro deber organizar la resistencia ciudadana, pacífica, pero resistencia al fin. Frente a este abuso de poder, esta sociedad, cansada de tantos atropellos tiene que movilizarse y manifestarse.
No puede haber duda sobre la justeza de nuestro reclamo. El partido oficial tiene en su favor el Congreso, los ayuntamientos, el Poder Ejecutivo; nombran desde barrenderos hasta ministros; van para 20 años en las mieles del poder; han convertido el presupuesto nacional en un plan de negocios; se han enriquecido de forma obscena con las inversiones del Estado; son los autores de la más grande deuda pública de nuestra historia; muchos de sus miembros han sido socios en el lavado y otras actividades ilícitas.
Nosotros, desde la oposición, con mucha dignidad no contamos, ni nos interesa, tener a nuestro favor todos estos factores y, aún así, estamos dispuestos a enfrentarlos y competir con ellos. Ni su poder, ni sus recursos nos amilanan. Lo que exigimos es que se respete la legalidad y la institucionalidad electoral y democrática. Que se garantice la transparencia y la equidad en las elecciones y, sobre todo, ¡Oh padre nuestro! que el árbitro que va a organizar y dirimir el conflicto electoral, sea independiente e imparcial de los partidos políticos que participen en la contienda.
El proceso electoral del 2020 puede marcar un momento de no retorno. Por eso todo quien estas líneas lea, está llamado a una toma de posición frente a la actual encrucijada: o dejar al partido gobernante continuar atropellando la institucionalidad y legalidad democrática y electoral o reaccionar y decidirnos a detenerlos y garantizar en el 2020 unas elecciones limpias, para sentar las bases de la democracia política y la democracia social por las que varias generaciones políticas han dado lo mejor de sí y hecho los más altos sacrificios
Por Guillermo Moreno
