Los puertorriqueños acudirán hoy a un plebiscito para determinar si la isla se convierte en el estado 51 de Estados Unidos o si se despoja de los lazos que durante más de un siglo han unido el territorio caribeño con el gigante del norte.
La consulta, que se realiza en medio de una profunda crisis financiera y con la isla en quiebra, también preguntará a los puertorriqueños si desean continuar con el estatus actual de Estado Libre Asociado.
El plebiscito, que no es vinculante, es el quinto que se celebra en busca de un destino para la llamada “isla del encanto” y todas las encuestas aseguran que la “estadidad” contará con el respaldo de la mayoría de los 2,3 millones de votantes habilitados.
Según el gobernador Ricardo Roselló, que convocó al plebiscito tras ser electo por el Partido Popular Democrático (PPD) a fines del año pasado, al ser Puerto Rico un estado de EEUU sus habitantes dejarán de ser ciudadanos de segunda categoría, podrán participar en sus elecciones y serán favorecidos con los programas federales.
Pero para quienes se oponen, la consulta es un ejercicio fútil que correrá la misma suerte de otras cuatro anteriores en que ganó la estadidad pero chocó con la indiferencia del Congreso de Estados Unidos que debe dar su aprobación final.
“Este plebiscito es una pérdida de tiempo. No tiene ninguna consecuencia y no tiene validez porque no se la ha dado el Departamento de Justicia”, de EEUU, dijo hoy a Efe, Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) que anunció que boicoteará la consulta.
“El gobernador dirá que son mayoría, pero nosotros diremos que hubo trampa, que este ha sido un proceso amañado”, agregó Ferrer.
El político de oposición aludió también a la ley “Plan Tennessee”, aprobada a pocos días del plebiscito, que establece el envío de una misión a Washington para presentar el resultado y gestionar su aprobación en el Congreso.
“Nosotros también iremos a Washington, pero será para denunciar esta consulta que no es otra cosa que un proyecto político que no significa empleo, producción desarrollo, ni avance económico”, dijo.
Ferrer indicó que el plebiscito ha costado siete millones de dólares y se gastarán más millones en enviar a funcionarios en momentos en que el país sufre una profunda crisis.
Se refería así a una bancarrota declarada por el gobierno de la isla que no puede pagar una deuda que asciende a más de 70.000 millones de dólares.
Las consecuencias se han hecho evidentes en la caída de la economía en cortes a los presupuestos de la principal universidad del país, a los servicios policiales y, sobretodo, en un éxodo permanente de su población de unos tres millones de habitantes.
Según el Instituto de Estadísticas cada mes en 2015 una media de 7.000 puertorriqueños trasladaron su residencia a Estados Unidos, en tanto que el Instituto Pew de Investigaciones de EEUU indica que ya en ese país residen unos 5,1 millones de habitantes de la isla.
Por otra parte, economistas locales pronostican que la situación económica y financiera del país continuará declinando en los próximos años y que el crecimiento caerá un 4 por ciento entre 2018 y 2019.
Un 46 por ciento de la población de poco más de tres millones de habitantes vive bajo el nivel de pobreza y el desempleo es actualmente de un 11,5 por ciento.
A pocas horas de que se celebre la consulta, en la que la población podrá votar entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde, el partido en el poder, el PNP, apura en Bayamón, cerca de San Juan, la campaña a favor de la estadidad.
Los carteles, son escasos en las calles de la isla, mientras que los anuncios de televisión son más profusos, la mayoría de ellos partidarios de un futuro estado de Estados Unidos.
Tal y como explica a Efe Margarita Tullón, de 52 años, “votaré porque ese es mi derecho”.
“Lo haré por la estadidad ya que de esa manera podré votar por un presidente estadounidense. No entiendo por qué no lo he podido hacer nunca teniendo el pasaporte estadounidense! Es ridículo”, dijo.
Sin embargo, Ricardo Madariaga, de 25, consideró que es “absurda la estadidad, ¿Qué nos va a aportar? Eso no va a suponer más puestos de trabajo, ni bajada de precios ni vivir mejor…”.
