La organización independiente Women’s Link Worldwide pidió hoy en la Organización de Estados Americanos (OEA) una mayor protección para las víctimas de trata en Latinoamérica, sobre todo mujeres y niñas, tras estudiar su situación en México, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.
La organización, con oficinas en Bogotá y Madrid, eligió la sede de la OEA en Washington para presentar su informe “Víctimas de trata en América Latina, entre la desprotección y la indiferencia” con el objetivo de hacer un llamado a los países de la región para que tomen medidas tanto internas como trasnacionales.
Con este trabajo, la entidad independiente “busca mostrar el contraste entre el marco legal de los Estados y la situación que viven las víctimas de trata”, explicó hoy su directora legal regional, Carmen Cecilia Martínez.
Los cinco países estudiados, agregó, “desprotegen a las víctimas de trata” por varios motivos, entre ellos el desconocimiento sobre el problema, falta de protocolos y rutas de atención claras, así como falta de servicios para la recuperación de los afectados.
Además, según este informe, ninguna de las cinco naciones analizadas produce datos unificados ni fiables que permitan conocer la magnitud, dinámicas, perfiles de víctimas o zonas geográficas más afectadas.
Los diagnósticos sobre el impacto de la trata los elaboran por lo general las organizaciones sociales y las agencias internacionales.
Otro problema común a los cinco países estudiados es que “las investigaciones y condenas por el delito de trata son bajas”.
Además, cuando abordan la trata, los Estados ponen el énfasis en el enfoque penal y en el de control migratorio, “por encima del de derechos humanos”.
En ese sentido, Women’s Link Worldwide denunció que se deportan o retornan migrantes “sin evaluar individualmente sus casos ni si son potenciales víctimas de trata o no”.
Así, la organización pidió que no se hagan retornos, ni dentro del mismo país ni hacia otros, sin hacer evaluaciones previas del riesgo que corren las víctimas al volver a sus lugares de origen.
Por otro lado, señaló que la asistencia a las víctimas no debe depender de su disposición a colaborar con los funcionarios encargados de perseguir el delito, porque dar prioridad a la persecución penal sobre los derechos humanos “las pone en un mayor riesgo”.
Otra de sus recomendaciones es crear lugares de acogida donde las víctimas puedan recibir atención integral, incluso en la fase de identificación.
En México y Ecuador hay centros de organizaciones de la sociedad civil que prestan ese servicio, pero “los recursos que les destina el Estado no son suficientes”.
Y en los cinco países “los lugares de acogida carecen de enfoques diferenciales, y las mujeres víctimas de trata no pueden ser recibidas junto a sus hijos”.
Otro aspecto que comparten estas naciones es la necesidad de “capacitar a los funcionarios de las fuerzas de seguridad, judiciales, de migración, trabajadores sociales y funcionarios consulares” sobre cómo detectar y atender la trata.
Esto es clave para poner fin a situaciones como la de la colombiana Marcela Loiza, quien, según explicó hoy, se sintió “cuestionada por el Estado” cuando denunció la explotación sexual de la que fue víctima en Japón, algo que estuvo a punto de hacer que dejara de cooperar con la investigación.
Loiza, que ahora tiene una fundación con su nombre para atender a víctimas de trata, subrayó la necesidad de “educar a los profesionales” que de algún modo abordan esta problemática, “tanto periodistas, como psicólogos o jueces”.
En ese sentido, relató que, en algunas formaciones que promovió, los que menos asistieron eran jueces y fiscales y, los “uno o dos” que fueron le “cuestionaban treinta mil veces” antes de permitirle hablar.
Casi dos décadas después de ser víctima, lamenta “las muchas fallas que se siguen cometiendo en este tema”, algo que achaca a que “no se le da prioridad a nivel de los Estados”.
