Lorraine E. Pérez,
Abogada de Inmigración en EE.UU.-
Para el año que inicia, varios cambios de carácter significativos se esperan en el sistema migratorio de los EE. UU. Desde aumento de importes de algunos oficios y despachos importantes, así como decisiones trascendentales de demandas presentadas el año pasado a raíz de medidas tomadas por la administración del Presidente Trump.
El aumento de las tarifas para trámites migratorios importantes será, en algunos casos, hasta de un 83% más que antes, como es el caso de la aplicación para obtener la ciudadanía americana a través de la naturalización. Se espera que, en los próximos días, la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (en inglés: United States Citizenship and Immigration Services y conocido por sus siglas USCIS), publique la decisión final sobre vigencia y costos de estos incrementos.
En cuanto a los procesos de naturalización, estos alcanzaron la cifra más alta de los últimos once años, llegando a naturalizar a 834,000 residentes permanentes, de acuerdo con el informe suministrado por el USCIS.
El Servicio de Inmigración también ha indicado que la prueba del examen de ciudadanía será diferente, tras una revisión que han estado efectuándole a esta. Así mismo, la lista de actos ilícitos que sirven como indicadores de ausencia de un buen carácter moral, requerido para convertirse en ciudadano, ha sido actualizada, incluyendo ahora actos como, huir bajo fianza, cometer fraude bancario, no pagar o evadir impuestos, entre otros.
Otro de los cambios significativos, es la posible negación a un inmigrante de la residencia permanente por ser considerado como “carga pública”. La implementación de esta medida ha sido retrasada debido a demandas presentadas en 13 diferentes Estados de la unión americana.
Este año será crucial para el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), que es el programa de acción diferida para jóvenes que entraron a los Estados Unidos cuando eran niños, pues el pasado 12 de noviembre del 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó una demanda contra la decisión de la administración del Presidente Trump de terminar con el programa. Al día de hoy, no existe una decisión en firme sobre el DACA.
En cuanto al futuro del TPS (Estatus de Protección Temporal), por el momento el TPS ha sido automáticamente extendido para los beneficiarios de, entre otros países, Nicaragua, Honduras, Haití y el Salvador hasta el 4 de enero del 2021, en lo que se espera la decisión en el caso de Ramos v. Nielsen.
Una medida un tanto desconocida pero igual importante, es la emitida a través de una proclama presidencial, con el uso de la sección 212(f) de la ley de Inmigración y Nacionalidad para impedir que nuevos inmigrantes entren al país sin seguro médico, una medida que podría reducir considerablemente la inmigración legal.
Otra un tanto parecida y que bien pudiera reducir la inmigración legal, lo es la ley de Inadmisibilidad por Carga Pública (en inglés: “Final Rule on Public Charge Ground of Inadmissibility”), la cual determina si alguien que ha solicitado su admisión o ajuste de estatus, es considerado una carga pública y por lo tanto sujeto a ser inadmisible. En estos momentos ambas medidas han sido bloqueadas por la corte al menos temporalmente.
Otras disposiciones que han cambiado son la reducción en el límite de admisión de refugiados y las políticas en relación con el asilo, esto último ha sido sujeto a numerosas demandas en las cortes, pero por ahora se mantienen vigente en tanto no se tome alguna decisión.
Estas son algunas de las tantas medidas que han sido promulgadas el año pasado y que su suerte posiblemente se definirá en los próximos meses. Por lo que, si antes era de suma importancia conocer tus derechos migratorios o los procesos administrativos y legislativos que lo rigen, ahora es vital que toda persona residente en los Estados Unidos esté al tanto de los cambios existentes o que se vislumbran, que puedan afectarlo favorable o negativamente.
Si necesita asesoramiento legal sobre asuntos migratorios, asegúrese que la persona que lo ayude esté autorizada para dar asesoramiento legal.
La autora del artículo es abogada graduada de Derecho en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Es especialista en materia de inmigración en los Estados Unidos por 15 años y encabeza el Bufete de Abogados Intercontinental Law, en la Ciudad de Miami, Estado de la Florida de Estados Unidos.
