Organizaciones por los Derechos Civiles y manifestantes a título personal han presentado una demanda conjunta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general del país, William Barr, por ordenar una carga policial “coordinada y sin provocación mediante” para dispersar a principios de semana a cientos de manifestantes congregados ante la Casa Blanca.
El incidente tuvo lugar el pasado lunes por la tarde en la plaza Lafayette, delante de la sede de la Presidencia estadounidense, donde cientos de personas habían trasladado su protesta contra la brutalidad policial tras la muerte el 25 de mayo bajo custodia policial del ciudadano de raza negra George Floyd, por la que han sido imputados cuatro agentes.
En torno a las 18.30, hora local, Trump decidió salir de la Casa Blanca para presentar sus respetos en la cercana iglesia episcopal de San Juan, momento en que la Policía, según la demanda, “llevó a cabo una carga coordinada y sin provocación mediante contra la multitud de manifestantes”, durante la que recurrió a “irritantes químicos, balas de goma y cañones de sonido para dispersar a la multitud” para proteger al presidente.
La demanda, presentada entre otros por la organización Black Lives Matters DC y la Unión Americana de Libertades Civiles del Distrito de Columbia, acusa concretamente a Trump, Barr y otros responsables federales de seguridad de “violar los derechos constitucionales de los manifestantes y participar en una conspiración ilegal para violar sus derechos”.
“El ataque desvergonzado, inconstitucional, no provocado y francamente criminal del presidente contra los manifestantes por estar en desacuerdo con sus puntos de vista sacude los cimientos del orden constitucional de nuestra nación”, ha declarado el director legal de ACLU D.C., Scott Michelman.
“Cuando las principales agencias para la protección de la ley”, ha añadido, “se vuelen cómplice de las tácticas de un autócrata, congelan toda la protección a la expresión en este país”.
“El asalto de la plaza Lafayette”, ha añadido la presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados para los Derechos Civiles, Kristen Clarke, “equivale a violencia inconstitucional e ilegal patrocinada por el Estado contra activistas no violentos de derechos civiles”.
“Las acciones del Gobierno tenían la intención de enfriar el discurso y el derecho de reunión de las personas que ejercían sus derechos protegidos bajo la Constitución, y esta demanda tiene la intención de defender los derechos que se encuentran en el corazón de nuestra democracia”, ha añadido.
Asimismo, las organizaciones demandantes preparan un pliego adicional en respuesta a las decenas de ataques de la Policía y otras fuerzas de seguridad contra los periodistas y observadores legales que cubrían las protestas.
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