La aparición de nuevos documentos aviva aún más las sospechas sobre la inclusión de una polémica pregunta sobre ciudadanía en el censo de EE.UU. que ha intentado incorporar la actual Administración pero que ha suscitado el rechazo de la oposición y de movimientos sociales, informaron este sábado medios locales.
La polémica se remonta a comienzos del año pasado, cuando el Gobierno del presidente Donald Trump anunció su decisión de incluir en el censo una pregunta relativa al estatus legal de los encuestados, lo cual, según el partido Demócrata, podría llevar a miles de indocumentados a no participar en el sondeo.
El ejecutivo sostiene que esta pregunta es fundamental para entender mejor la composición de la población, pero la oposición y diversas organizaciones sociales han apuntado que, en realidad, solo serviría para restar visibilidad a la comunidad inmigrante, lo que podría tener un efecto negativo en la oferta de servicios públicos.
Asimismo, la intención del Gobierno de incluir dicha pregunta ha desatado el temor de la comunidad inmigrante a que la información pueda ser enviada a las autoridades migratorias que tienen el poder de repatriarlos a sus países de origen.
El pasado mes de enero, a raíz de una demanda presentada por grupos de activistas, un juzgado de Nueva York rechazó la propuesta, pero el Gobierno optó por elevar la cuestión al Tribunal Supremo, que, en febrero, aceptó pronunciarse sobre el caso.
Sin embargo, la polémica ha vivido un nuevo episodio en las últimas semanas después de que saliera a la luz un informe elaborado por Thomas Hofeller, un estratega del partido Republicano fallecido en agosto de 2018, en el que recomendaba incluir en el censo esa pregunta para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.
La respuesta de la Administración fue desmarcarse de dicho informe -que salió a la luz tras ser hallado por su propia hija, Stephanie Hofeller Lizon, entre los papeles del estratega tras su muerte- y negar su conocimiento sobre la existencia del mismo.
Este sábado, no obstante, el diario The Washington Post ha divulgado la existencia de una serie de documentos, también hallados por Hofeller Lizon, que establecen que el asesor político informó de sus conclusiones a Christa Jones, la actual jefa de personal de la oficina del director del Buró del Censo de EE.UU., Steven Dillingham.
“El contacto directo de la sra. Jones con Hofeller sobre la pregunta de la ciudadanía refuta las alegaciones de la defensa de que no se puede demostrar una conexión entre Hofeller y el secretario (del Departamento de Comercio, Wilbur Ross)”, señala un documento de los demandantes obtenido por el diario.
Por contra, en un comunicado, el Departamento de Comercio, responsable de la elaboración del censo, ha señalado que Ross no se apoyó “ni en Hofeller ni en sus teorías” cuando decidió incluir la polémica pregunta en el próximo censo, que se realizará en 2020, y tildó de “teorías conspirativas” los argumentos de los demandantes.
El miércoles, el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, controlado por los demócratas, declaró en desacato tanto a Ross como al fiscal general del Estado, William Barr, por negarse a entregar documentación relativa a la decisión de incluir dicha pregunta.
