Los fiscales que representan al Ministerio Público en el proceso penal derivado de la Operación Antipulpo terminaron este lunes de presentar los hechos, cerrando con el tema del financiamiento ilícito de campañas políticas con fondos de los contribuyentes extraídos al Estado a través de la red de corrupción administrativa.
La exposición de los fiscales abordó la dinámica de triangulación establecida por el entramado de corrupción, el Estado y los políticos que procuraban mantener el control del tren gubernamental para seguir con un círculo vicioso que depredaba fondos públicos.
En la continuación de la audiencia preliminar el Ministerio Público expuso la calificación jurídica otorgada a los hechos, para pasar a presentar los 168 testigos que aporta al proceso.
De inmediato, los fiscales dieron inicio a la presentación de más de 2,000 evidencias documentales con que cuenta el órgano acusador.
La presentación de la acusación cerró este lunes en la página 1,362 y continuará el próximo viernes 4 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la fase en que se encuentra el proceso. “Vamos por la presentación de la prueba número 200 de las documentales”, dijo Ortiz, al ofrecer los detalles de los más de 2 mil elementos de prueba que acompañan el expediente.
Wilson Camacho, titular de la Pepca, encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia, junto a la procuradora de corte Ortiz y a los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce el expediente instrumentado por el Ministerio Público en contra de los acusados.
El Ministerio Público acusa por el caso de corrupción administrativa a Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Por igual, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
En el transcurso de la audiencia el Ministerio Público leyó la calificación jurídica de las personas físicas acusadas.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario, y utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2014, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Refiere que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada, conjuntamente con sus prestanombres y testaferro, sobornando, falseando datos, haciendo uso de documentos falsos, estafando y dando apariencia de legítima a las apropiaciones monetarias frutos de los crímenes y delitos precedentes señalados, conducta propia del lavado de activos.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, prestanombres y testaferrato.
