México comienza a contemplar seriamente la posibilidad de que millones de sus migrantes pudieran ser deportados, y el panorama no es alentador.
Bajo las propuestas presentadas por el presidente electo Donald Trump, México podría recibir de regreso a millones de personas sin empleos disponibles para ellas; el país podría perder unos cuantos miles de millones de dólares de las remesas que envían a casa cada año; y algunos de los deportados desempleados podrían engrosar las filas de los cárteles del narcotráfico, lo que generaría mayor violencia.
El gobernador del estado sureño de Guerrero, Héctor Astudillo, sopesó ese escenario el fin de semana pasado. Al menos un millón de guerrerenses viven en Estados Unidos, muchos de ellos sin la documentación requerida, y el estado ya está bajo el asedio de la violencia del narcotráfico y la pobreza.
“Por supuesto, Guerrero no está en condiciones para recibir al millón o más de un millón de migrantes que hay” en Estados Unidos, reconoció Astudillo. “Creo que al contrario, ellos han sido un sustento importante para mantener la economía de Guerrero”.
Los inmigrantes enviaron a México casi 25.000 millones de dólares en remesas en 2015, y los expertos afirman que la mayoría de ellas fueron para cubrir las necesidades más básicas de los mexicanos más pobres. Trump ha dejado entrever que de alguna manera incautaría los fondos de aquellos inmigrantes que no sean deportados para pagar por un muro fronterizo que desea construir.
México no puede cubrir 800.000 nuevos empleos para los jóvenes que cada año se integran a la fuerza laboral, mucho menos los de los migrantes que regresan, dijo Alejandra Barrales, presidenta del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
“Creemos que es con la iniciativa privada con quien tenemos que cerrar filas y buscar alternativas, no solamente para recibir a los posibles deportados. Necesitamos generar alternativas para que los 1,2 millones de jóvenes que cada año se suman al mercado laboral tengan alternativas en nuestro país”, afirmó.
El gobierno federal anunció esta semana un programa de emergencia con el objetivo de alentar a las empresas a que contraten a los migrantes que regresan, pero Armando Osorio, un maestro de la Ciudad de México, duda que eso sea suficiente, dados los pobres antecedentes del gobierno en la creación de empleos.
“Esta gente no tiene autoridad moral para decir que ahora a los connacionales los recibe con los brazos abiertos”, afirmó. “Son ellos los responsables de la expulsión por hambre de millones de mexicanos”.
Incluso si aparentemente Trump parece alejarse de la idea de una deportación masiva, la posibilidad sigue siendo atemorizante para el pueblo mexicano.
Trump dijo el domingo en una entrevista en el programa “60 Minutes” que “lo que vamos a hacer es atrapar a los criminales y a aquellos que tengan antecedentes penales, a los miembros de pandillas, a los narcotraficantes, a muchas de esas personas — entre dos o tres millones — y los sacaremos de nuestro país”.
Las violentas pandillas centroamericanas, conocidas como “maras”, surgieron en la década de 1980 cuando los migrantes que huyeron de la guerra civil de El Salvador fueron deportados por Estados Unidos luego de cometer crímenes como miembros de pandillas en Los Ángeles. Los expulsados se llevaron consigo su modus operandi y formaron nuevas pandillas.
En 2012, el gobierno estadounidense calculó que aproximadamente 1,9 millones de inmigrantes eran criminales y podían ser sujetos a deportación. El Instituto de Políticas Migratorias, un grupo de expertos en Washington, estimó que unos 820.000 de ellos están sin permiso en Estados Unidos.
Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas estadounidense, dijo que al menos algunos de los deportados posiblemente se involucren en el negocio del narcotráfico, valiéndose de las conexiones que ya establecieron ese país para incrementar la cantidad de heroína y otras drogas que cruzan la frontera. Indicó que incluso deportar únicamente a quienes cometieron delitos graves tendría sería contraproducente al provocar más violencia en México y Centroamérica.
“Lo que va a suceder es que esos individuos van a volver a México y no van a tener trabajo, por lo que engrosarán las filas de los cárteles”, dijo Vigil, autor del libro: “Metal Coffins: The Blood Alliance Cartel”.
“Eso generaría más violencia y secuestros en México y en esas áreas (de Centroamérica), lo que provocaría un tsunami de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos, posiblemente muchos más de los que se estarían deportando”, declaró Vigil.
Existen casos de migrantes deportados que asumen papeles de liderazgo en los cárteles de la región. Tal es el caso de Martín Estrada Luna, quien abandonó la secundaria en el estado de Washington con un historial de delitos menores como robo en propiedad ajena. Dos años después de que fuera enviado de regreso a México en 2009, se había transformado en un capo del narcotráfico conocido como “El Kiko”, líder de un desalmado brazo del cártel de Los Zetas y quien planeó la masacre de más de 250 personas.
Mientras que millones de inmigrantes que están sin permiso en Estados Unidos podrían enfrentar la deportación, posiblemente el proceso de localizarlos y deportarlos a todos no sucederá de inmediato.
Una vez que esté en el poder, Trump podría movilizarse para ordenar que los agentes migratorios comiencen de inmediato a arrestar a las personas que ya cuentan con órdenes de salir del país por estar sin autorización en Estados Unidos. Hasta 2015 había unas 88.000 personas dentro de esa categoría.
Pero para los inmigrantes sin historial delictivo, la espera para que un juez dé la orden final de deportación podría tomar años. Actualmente existen cerca de 521.000 casos pendientes en las cortes migratorias federales, de acuerdo a los datos públicos obtenidos por la Transaction Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.
Incluso en México, muchos creen que Trump tendrá que moderar sus planes.
“La realidad política hará ver que muchas de las iniciativas en contra del pueblo mexicano simplemente son irrealizables, ya sea la deportación de todos los inmigrantes indocumentados, e incluso la construcción del muro”, escribió la Arquidiócesis de la Ciudad de México en un editorial.
