El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cifra en 261.000 el número de niños detenidos por presuntamente haber cometido un delito o acusados de cometerlo, según muestran los datos de un análisis que advierte de que, debido a los registros incompletos y a los sistemas de datos administrativos deficientes en muchos países, la cifra podría ser mucho mayor.
El análisis, titulado ‘Estimar el número de niños privados de libertad en la administración de justicia’, el primero de este tipo desde 2007, pide una reforma de la justicia para poner fin a la detención de todos los niños.
En vísperas del Congreso Mundial sobre Justicia para los niños, UNICEF también ha presentado ‘La detención de niños en la época de la COVID’, que revela que, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, más de 45.000 niños han sido liberados y devueltos de forma segura a sus familias.
En concreto, el informe revela que los gobiernos y las autoridades penitenciarias de al menos 84 países han liberado a miles de niños y niñas desde abril de 2020, cuando UNICEF llamó la atención sobre el mayor riesgo que corrían de contraer la COVID-19 en espacios confinados y hacinados, y pidió su liberación inmediata.
Los niños y niñas detenidos –incluidos los que se encuentran bajo custodia antes y después del juicio, los detenidos por motivos de inmigración, los que se encuentran retenidos por motivos de conflicto armado o seguridad nacional o los que viven con sus progenitores detenidos– suelen estar recluidos en espacios confinados y en una situación de hacinamiento.
UNICEF ha alertado de que carecen de acceso adecuado a servicios de nutrición, atención sanitaria e higiene y son vulnerables al abandono, los abusos físicos y psicológicos y la violencia de género. A muchos se les niega la posibilidad de consultar con abogados y la atención familiar y no pueden impugnar la legalidad de su detención.
La COVID-19 ha afectado profundamente al sistema de justicia para los niños, ya que ha obligado a cerrar los tribunales y ha restringido el acceso a los servicios sociales y de justicia esenciales. Las pruebas demuestran que muchos niños, incluidos los que viven en la calle, han sido detenidos por violar las órdenes de toque de queda y las restricciones al movimiento.
“Sabemos desde hace tiempo que los sistemas de justicia están mal equipados para atender las necesidades específicas de los niños, una situación que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19”, ha señalado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.
En este sentido, ha elogiado a los países que han atendido el llamamiento de UNICEF y han liberado a los niños detenidos. “Al proteger a los niños de unas condiciones que podrían haberlos expuesto a una enfermedad grave, estos países han sido capaces de superar la resistencia de la opinión pública y de impulsar soluciones judiciales innovadoras que se adaptan a la edad de los niños”, ha indicado, antes de subrayar que esta opción “ha demostrado” que “las soluciones judiciales adaptadas a los niños son más que posibles”.
REIMAGINAR LA JUSTICIA INFANTIL
Por ello, y con el objetivo de reimaginar la justicia infantil y poner fin de forma segura a la detención de todos los niños y niñas, UNICEF ha pedido a los gobiernos y a la sociedad civil que inviertan en la difusión de información sobre los derechos legales de los niños en los sistemas de justicia y bienestar, especialmente para los niños más marginados, y amplíen la asistencia jurídica gratuita, la representación y los servicios para todos los niños.
Asimismo, ha reclamado a gobiernos y sociedad civil que den prioridad a la prevención y a la intervención temprana para evitar que los niños cometan delitos y establezcan alternativas apropiadas a la detención y pongan fin a la detención de niños, entre otras cosas mediante reformas legales que eleven la edad de responsabilidad penal.
Por otra parte, la agencia de Naciones Unidos ha pedido garantizar la justicia para los niños supervivientes de la violencia sexual, los abusos o la explotación, incluyendo la inversión en procesos de justicia que tengan en cuenta a los niños y las cuestiones de género, y, finalmente, el establecimiento de tribunales especializados y adaptados a los niños, así como tribunales virtuales y móviles.
“La detención de cualquier niño es una prueba del fracaso del sistema, pero ese fracaso tiene más consecuencias porque los sistemas de justicia destinados a proteger y apoyar a los niños suelen agravar su sufrimiento”, ha incidido Fore, que ha pedido “trabajar juntos” para poner fin a la detención de niños mientras los responsables políticos, los profesionales del Derecho, los académicos, la sociedad civil y los niños y jóvenes se reúnen esta semana en el Congreso Mundial.
