Libia cumple este miércoles diez años desde la captura y ejecución del entonces líder del país, Muamar Gadafi, tras meses de combates desencadenados ante la represión de las protestas prodemocráticas en medio de un frágil proceso de paz y los intentos por reunificar las instituciones del país africano.
Gadafi gobernó el país con mano de hierro desde septiembre de 1969 hasta su muerte al ser capturado por rebeldes en un desagüe en los alrededores de la ciudad de Sirte, lugar en el que se había escondido tras una serie de bombardeos llevados a cabo en apoyo a los rebeldes después de que la OTAN impusiera una zona de exclusión aérea en el marco de la guerra.
Los vídeos sobre la captura de Gadafi y las fotografías posteriores de su cadáver rodeado de personas que celebraban su muerte abrieron la puerta a un proceso de transición que ha estado marcado durante todos estos años por la inestabilidad e incluso el conflicto abierto, en un contexto de atomización del poder y de dominio por parte de diversas milicias.
El ‘hermano líder’ y ‘guía de la revolución’ encabezó en 1969 un golpe de Estado contra la monarquía e impuso rápidamente un sistema político –la Yamahiriya– fundamentado en la represión de la oposición y la práctica inexistencia de los organismos del Estado, sustituidos por redes de lealtades cooptadas a través de los enormes recursos económicos derivados de la explotación petrolera.
Esta situación de dispersión y de ausencia de verdaderas figuras y núcleos de poder se tradujeron en un contexto político y de seguridad complejo para las autoridades de transición surgidas tras su caída, marcado por las disputas internas y la fractura en torno a líneas regionales.
Así, el país quedó rápidamente ‘separado’ en las tres regiones históricas del país –Tripolitania, Cirenaica y Fezán–, con los principales núcleos de poder en torno a la capital, Trípoli, y las ciudades de Benghazi y Tobruk, en el este del país, una zona especialmente agraviada por la explotación de recursos y la escasa distribución de las ganancias.
Si bien el país procedió en 2012 a la celebración de unas históricas elecciones legislativas, las reiteradas disputas internas desembocaron en otros comicios en 2014 que terminaron por provocar la división del país entre dos administraciones que contaban con el respaldo de distintas milicias –algunas de ellas acusadas de graves crímenes– para sustentar sus posiciones.
El germen de este conflicto fue la decisión del Tribunal Supremo de invalidar la votación y la posterior medida del Parlamento electo de trasladarse a Tobruk, en un momento en el que aún contaba con el respaldo internacional. En 2015 se firmó un acuerdo en la ciudad marroquí de Sjirat para intentar unificar las administraciones, proceso del que surgiría un Gobierno de unidad.
Este Ejecutivo, encabezado por Fayez Serraj como primer ministro, fue trasladado a Trípoli en medio de denuncias sobre su falta de representatividad debido a que derivaba de un acuerdo político y no una votación, pese a lo cual la comunidad internacional decidió trasladarle su apoyo.
Por contra, las diferencias sobre la aplicación del mismo se mantuvieron vigentes y derivaron en una congelación de la aplicación de las cláusulas del acuerdo que llevó a las autoridades de Tobruk a retirar su reconocimiento y posteriormente a un conflicto armado ante la ofensiva encabezada en 2019 por Jalifa Haftar contra Trípoli.
INTERVENCIÓN INTERNACIONAL
Esta ofensiva supuso el ahondamiento de otra de las facetas de la crisis institucional y de seguridad que atravesaba Libia desde la muerte de Gadafi: la participación de distintos países en apoyo a diversos grupos para materializar sus objetivos de política exterior con el país como escenario de estos diferendos.
En este contexto, la deriva de Libia hacia la guerra de ‘proxies’ arrancó en 2014, cuando el general Jalifa Haftar, aliado de las autoridades orientales, lanzó la ‘Operación Dignidad’ contra milicias islamistas en las ciudades de Benghazi y Derna, entre las que destacaba el Consejo de la Shura de los Revolucionarios de Benghazi, liderado por Ansar al Sharia, surgido en 2011 en el marco de la guerra y vinculado con Al Qaeda.
Durante la misma, Haftar contó con el apoyo de Francia, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto, Jordania y Arabia Saudí, lo que le ayudó a lograr legitimidad internacional y presentarse como un activo en la lucha contra el terrorismo. Posteriormente, la coalición de milicias ‘Amanecer de Libia’, de corte islamista y salafista, lanzó operaciones en Tripolitania contra las posiciones de Haftar, en este caso con apoyo de Turquía, Sudán y Qatar.
En este caldo de cultivo, Haftar decidió en 2019 lanzar una ofensiva contra Trípoli con apoyo de EAU, Egipto y mercenarios enviados por el Grupo Wagner –propiedad de un empresario cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin–, mientras que Turquía intervino de forma decisiva en apoyo al Gobierno de Serraj.
El conflicto, denunciado en numerosas ocasiones por Naciones Unidas por su internacionalización y el uso de mercenarios por parte de los actores en conflicto –entre ellos milicianos llegados desde Sudán, Chad y otros países de la región–, finalizó finalmente en 2020, cuando las fuerzas del Gobierno de unidad repelieron los ataques y forzaron a Haftar a replegarse.
En ese momento se abrió un proceso de contactos entre las partes enfrentadas que ha derivado en un acuerdo de alto el fuego en octubre de 2020 –que se mantiene en la práctica– y la formación de un nuevo Gobierno de unidad surgido del Foro de Diálogo Político Libio (LPDF), encabezado por Abdul Hamid Dbeibé.
TENSIONES SOBRE LAS ELECCIONES
A pesar de que este nuevo Ejecutivo, que buscaba lograr la unificación de las administraciones por primera vez desde 2011, empezó con buen pie y sin que las disputas internas se trasladaran a tensiones externas, las últimas semanas han sido escenario de un proceso de decisiones que ha hecho temer el colapso del mismo.
Este Gobierno tiene entre sus principales tareas la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales el 24 de diciembre, una fecha pactada por coincidir con el 60º aniversario de la independencia del país, y acordar la legislación necesaria para sacarlas adelante.
Sin embargo, las diferencias entre la Cámara de Representantes –el Parlamento asentado en el este del país– y el Alto Consejo de Estado repuntaron después de que este primer organismo aprobara una moción de censura contra Dbeibé, rechazada por el primer ministro y la comunidad internacional, que hizo un llamamiento a favor del cumplimiento de los acuerdos.
Asimismo, las crecientes tensiones impidieron lograr un acuerdo sobre la ley electoral, lo que llevó a la Cámara de Representantes, presidida por Aguila Salé –una figura política cercana a Haftar–, a aprobar su versión de la misma de forma unilateral y apostar posteriormente por un aplazamiento de las parlamentarias.
Esta ley ha provocado la polémica en el país, ya que autoriza a personas como Haftar a presentarse a las elecciones, algo descartado en el acuerdo político y el Documento Constitucional, en caso de que abandonen sus cargos militares antes de la votación –algo que el general ya ha hecho–, pudiendo reintegrarse al mismo en caso de derrotar en las urnas.
Diez años después, entre los principales nombres que se barajan como candidatos a la Presidencia figura el hijo de Gadafi, Saif al Islam, condenado a muerte en julio de 2015 tras ser juzgado en rebeldía cuando estaba bajo custodia de una milicia de Zintan y buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Saif al Islam, liberado tras una amnistía concedida por las autoridades orientales en 2016, es además objeto de una orden de arresto de la Fiscalía libia por su supuesta relación con mercenarios rusos que participaron en la ofensiva de Haftar, otro de los candidatos a las urnas.
