La retórica de la Administración Trump en contra de los inmigrantes expone aún más a los indocumentados a ser víctimas de flagrantes abusos laborales, como demuestra un reciente caso de tráfico humano en Fresno (California).
“Esta administración está empoderando cada vez más a los patrones y les está dando el derecho de explotar a sus trabajadores al punto de esclavizarlos y de quitares sus salarios” dijo a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros.
El caso de tres trabajadores del campo que supuestamente fueron víctimas de abusos laborales en el Valle Central de California es el último ejemplo del problema.
Los inmigrantes, que llegaron a Estados Unidos con una visa de trabajadores temporales, no recibieron los salarios prometidos, pero supuestamente tampoco podían regresar a su país porque sus pasaportes y visas fueron confiscadas por su patrón.
Efrén Álvarez Cabeza, de 51 años, fue arrestado por este crimen y el viernes pasado la fiscalía de Fresno lo acusó de seis cargos graves, entre los que se encuentran tráfico humano y fraude.
Según las estadísticas de National Human Trafficking Hotline, California es el estado dónde más se reportan casos relacionados con tráfico humano en el país.
En 2015, se presentaron 978 denuncias en este estado y en 2016 la cifras aumentaron drásticamente a 1.323, 148 de los cuales relacionados con abusos laborales.
Texas, Florida, Nueva York y Georgia completan la lista de los cinco estados con más casos de denuncias de tráfico laboral.
Melissa Gomez, miembro del programa Fresno Economic Opportunities Commission’s Central Valley Against Human Trafficking Project, advirtió a Efe que lamentablemente muchos trabajadores víctimas de este crimen no denuncian su situación y queda en las sombras.
“Este caso (la acusación contra Álvarez Cabeza) es monumental para el condado de Fresno. Cualquiera que sea el resultado, este sacó a la luz una terrible injusticia que está sucediendo dentro de nuestra comunidad”, opinó sobre un condado en el que residen más de 200.000 trabajadores agrícolas.
Pero Alvarado advierte de que este año el miedo de los trabajadores a denunciar se ha acrecentado.
“Conocemos de un caso (en Los Ángeles) en el que a varios trabajadores les están reteniendo 100 dólares semanales de su salario, pero ellos no quieren denunciar por temor y no podemos hacer nada”, explicó.
Un estudio de la Universidad Estatal de San Diego reveló que el 31 % de los trabajadores migrantes indocumentados que hablaban español y fueron entrevistados en el condado de San Diego habían sido víctimas de tráfico laboral.
El miedo a ser expulsados del país no sería el único problema que enfrentan los esclavos laborales.
Gomez explicó que los estereotipos que hacen pensar a la comunidad que el tráfico de personas sólo involucra el comercio sexual también afecta su erradicación.
“Es importante ampliar la narrativa para incluir una diversidad de experiencias de nuestra región con respecto al trabajo forzado”, dijo.
Otro sector vulnerable que tiene a los activistas en alerta son las trabajadoras domésticas, pues en 2016 un total de 574 mujeres denunciaron ser víctimas de tráfico laboral en el país.
“Ellas están en peor situación por el nivel de aislamiento, y esta retórica las pone en mayor peligro”, indicó Alvarado.
Dos de las víctimas en el caso de Fresno son mujeres. Álvarez Cabeza se declaró no culpable, su abogado alegó que su cliente había retenido los documentos de los trabajadores como garantía de un préstamo que había hecho para que ellos pudieran rentar una vivienda.
Gomez aseguró que la colaboración entre las autoridades locales, estatales y federales, las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y la comunidad depende que estos casos puedan salir a la luz y que animen a otros afectados a “romper sus cadenas”.
Cualquier persona que quiera hacer una denuncia lo puede hacer en el número 888-373-7888, el servicio está disponible 24 horas, los 7 días de la semana.
Las víctimas también podrán encontrar refugio, alimento, transporte y asesoría jurídica entre otros beneficios que ofrecen organizaciones como a la que pertenece Gómez.
“La explotación y esclavitud laboral es un delito que todas las autoridades deben perseguir sin importar quién esté en la Presidencia. Necesitamos crear consciencia en esto”, consideró Alvarado.
