La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha instado a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas para evitar que el coronavirus se extienda de forma masiva en las cárceles, para lo cual ha instado a reducir la población carcelaria, teniendo en cuenta los colectivos de riesgo y los “presos políticos”.
“El Covid-19 ha comenzado a afectar a prisiones, cárceles y centros de detención de migrantes, así como a instituciones de acogida y hospitales psiquiátricos”, ha afirmado Bachelet, al hacer repaso de colectivos “extremadamente vulnerables” por ver limitados sus movimientos.
El riesgo se agudiza en centros ocupados por encima de su capacidad, donde “las personas a menudo están en malas condiciones higiénicas y los servicios médicos son inadecuados o casi inexistentes”. Bachelet ha asegurado que guardar las distancias o permanecer aislados en estos contextos es “prácticamente imposible”.
La Alta Comisinada ha admitido que los gobiernos se ven obligados a tomar “decisiones difíciles” en esta pandemia, pero les ha instado a “no olvidar a quienes están entre rejas”, también para proteger a funcionarios, visitantes y “a la sociedad en su conjunto”, según un comunicado de su oficina.
La expresidenta chilena ha propuesto excarcelaciones, especialmente de personas vulnerables y que acumulen delitos menores, y ha subrayado que, “ahora más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas las personas detenidas sin suficiente base legal, entre ellos presos políticos y otros detenidos simplemente por expresar ideas críticas o disidentes”.
Sobre las restricciones de visitas, ha llamado a tener en cuenta que la suspensión repentina del contacto con el mundo exterior puede acarrear conflictos dentro de las cárceles y ha planteado que se estudien medidas alternativas como videoconferencias, correo electrónico o llamadas telefónicas.
DETENCIÓN COMO “ÚLTIMO RECURSO”
Bachelet también se ha mostrado “profundamente preocupada” por las amenazas de penas de cárcel contra quienes violen alguna de las medidas adoptadas para prevenir los contagios, por ejemplo el confinamiento. Estas detenciones, ha advertido, “probablemente agravarán la situación de las cárceles y no ayudarán a detener la expansión de la enfermedad”.
“La detención debería ser una medida de último recurso, especialmente durante esta crisis”, ha reclamado la jefa de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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