La Organización de Estados Americanos (OEA) ha convocado para mañana jueves una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para evaluar la situación que vive Nicaragua tras la salida del país de unos organismos de supervisión que dependían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La celebración de la reunión fue solicitada por las misiones en la OEA de siete países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos, según figura en el documento de la convocatoria.
La sesión comenzará a las 10.00 horas (ET) y su objetivo será la “consideración de la situación en Nicaragua”, así como la presentación ante el Consejo Permanente del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Ese informe fue presentado la semana pasada en Washington y en él, el GIEI señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha incurrido en delitos de lesa humanidad.
Fuentes diplomáticas explicaron a Efe que la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, será la encargada de presentar el informe; mientras que el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão, detallará cuál es la situación en Nicaragua tras la salida de ese país de los organismos internacionales.
El pasado 19 de diciembre, el Gobierno de Nicaragua dio por concluida la presencia en el país de los representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que vigilaba la situación de los derechos humanos y del GIEI, que tenía como objetivo ayudar en las investigaciones judiciales, lo que supuso en efecto su salida de dicho organismo.
En la sesión de mañana, los Estados miembros de la OEA podrán posicionarse sobre la salida de Managua de los mecanismos de la CIDH, así como sobre el informe elaborado por los expertos.
Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia de Ortega.
La crisis ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Los organismos humanitarios locales cuentan, además, hasta 674 “presos políticos”, mientras el Gobierno de Ortega registra 340 reos a los que tilda de terroristas, golpistas o delincuentes comunes.
(EFEUSA).-
