La airada respuesta social a la matanza de Parkland, en el sureste de Florida, podría ser determinante en la decisión del gobernador del estado, Rick Scott, de dar su visto bueno definitivo o rechazar la nueva ley de armas aprobada este miércoles por la Cámara estatal.
“El gobernador está revisando detenidamente la ley. Este viernes, antes de actuar (respecto a la ley), se reunirá en Tallahassee con las familias de las víctimas” de la matanza, dijo hoy el director de comunicaciones de Scott, John Tupps, en un mensaje enviado a Efe.
Scott ya había dejado claro que iba a revisar “línea por línea” la nueva legislación de la Cámara de Representantes que, entre otras disposiciones, eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas en el estado.
Otra de las medidas impulsadas por los legisladores estatales en respuesta a la masacre que perpetró Nikolas Cruz, de 19 años, en el instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland el pasado 14 de febrero, autoriza con ciertas restricciones a los profesores a llevar pistola en el centro escolar.
Sin embargo, la ley no incluye la prohibición de venta de fusiles de asalto en el estado, como reclaman airadamente numerosos alumnos y padres.
Cruz, exalumno de este instituto, del que fue expulsado por faltas disciplinarias, se declaró tras su arresto autor confeso del tiroteo con un fusil de asalto AR-15 en el que murieron 17 personas, catorce estudiantes y tres profesores.
Ahora, el visto bueno a la ley está en manos del republicano Scott, aunque todavía no ha avanzado cuál será su decisión final.
La nueva ley de control de armas, la primera de su tipo que llega a un gobernador de Florida en 22 años, quiere incrementar la seguridad en las escuelas y, para ello, destina una partida de 400 millones de dólares al proyecto.
Aprobada en la Cámara baja por 67 contra 50 votos, la nueva normativa había recibido días antes el visto bueno en el Senado.
Scott ha anticipado que tomará una resolución tras consultar con los familias y los sobrevivientes de la matanza de Parkland.
El pasado 27 de febrero el gobernador anunció su propio plan: una inversión de 500 millones de dólares para aumentar la seguridad en los centros escolares.
Además, se mostró contrario a que el personal escolar pueda llevar pistola tras recibir el entrenamiento policial oportuno.
Pese a que la aprobación de la nueva norma puede considerarse como un desafío a la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), son muchas las voces que reclaman mayores restricciones para el acceso a las armas, especialmente a los rifles de asalto, punto este que no se incluye en la ley.
En este contexto, el senador demócrata estatal Gary Farmer pidió hoy al gobernador que “ejerza su autoridad de veto” y convoque una sesión especial para abordar el asunto de la autorización para portar armas dentro de los centros, si, finalmente, “la legislación permite que los civiles estén armados en presencia de nuestros hijos”.
A pesar de que la disposición que autoriza a portar armas dentro de los colegios impone una serie de restricciones, grupos de derechos civiles y activistas comunitarios han expresado también junto con algunos legisladores su oposición a la norma, que podría afectar sobre todo a estudiantes latinos y afroamericanos.
Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), la principal asociación de afroamericanos del país, tachó de “irresponsable” la idea de armar a los profesores.
Johnson depositó su esperanza en que Scott “sea más responsable que los legisladores que votaron a favor de la ley SB 2076”.
“Nuestra preocupación no es solo por los afroamericanos, sino por todos los estudiantes que pueden resultar heridos”, precisó Johnson, según recogió la cadena de televisión CNN.
Demócratas como el congresista Roy Hardemon lucharon infructuosamente tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes (de mayoría republicana) de Florida por eliminar esta controvertida norma de la nueva ley.
El argumento que esgrimen sus detractores se fundamenta en que son las minorías de estudiantes, a menudo sujetas a niveles de castigo superiores a la mayoría blanca, las “más propensas a ser confundidas” con los atacantes, por lo que “podrían convertirse en objetivos”.
El plan de Scott establece como prioridad que, en lugar de armar a parte del personal escolar, se disponga en los colegios de un agente de policía por cada millar de alumnos.
Cruz fue acusado este miércoles por un Gran Jurado de 17 cargos de asesinato en primer grado y de otros 17 de intento de asesinato.
De ser hallado culpable, el joven podría ser condenado a la pena capital. efe
