El 16 de marzo de 1962, el Consejo de Estado, presidido por el licenciado Rafael Filiberto Bonnelly, anunció la designación de Belisario Peguero Guerrero como jefe de la Policía Nacional, suscitando amplia expectativa en la opinión pública que había sido sorprendida por el ascenso de este coronel policial, habiendo sido una acostumbra de la era de Trujillo que sus incumbentes -con excepción del coronel Ramón A. Soto Echavarría y más tarde José Caonabo Fernández González-, fueran oficiales de alta graduación del ejército o de otra entidad castrense, que se manejaban de acuerdo a la conveniencia y orientación despótica del dictador, reprimiendo y atropellando a sus adversarios, como una manera efectiva de mostrar su lealtad y lograr que se les confiriera mayor jerarquía en sus operaciones y una serie de privilegios que aseguraban su bienestar económico y su vertiginoso remonte en el escalafón social.
El nuevo líder de la Policía había llegado al cargo en un momento en que la institución estaba siendo severamente cuestionada por su pésima actuación en los sucesos sangrientos de la calle Espaillat y el parque Independencia, ocurridos los días 20 de octubre de 1961 y 16 de enero de 1962, mientras intentaba desarticular las manifestaciones públicas de repudio a la familia Trujillo y al presidente Joaquín Balaguer, guiadas por jóvenes que habían tomado las calles gritando delirantes: ¡libertad! ¡Libertad!
Poco más tarde, la imagen de la Policía sufriría un nuevo agrietamiento, al ocurrir un suceso inaudito el 18 de febrero de 1962, dentro de su propia sede central, en la avenida Leopoldo Navarro con México, del Distrito Nacional, donde la mayoría de sus miembros fue vista escenificando una dramática protesta en rechazo a la designación del coronel del ejército Manuel Secundino Pérez Peña como jefe policial, bajo el argumento de que ese oficial era tan represivo que maltrataba y desconsideraba a sus subalternos.
Los policías amotinados allí impidieron su juramentación, viéndose el presidente Bonnelly en la necesidad de sustituirlo por el coronel Rafael Bienvenido De Castro Ortiz, quien apenas permanecería un mes en el cargo.
Belisario Peguero inició su gestión teniendo el reto de apartar la Policía de las funciones militares, ya que -luego de 31 años de dictadura- el país se abocaba a vivir una etapa de transición hacia a la democracia y sus agentes tenían que garantizar un clima de paz en el torneo electoral fijado para el mes de diciembre, que implicaba desenvolverse con un grado de tolerancia mucho mayor que de costumbre en la custodia del orden público, evitando por todos los medios posibles que ocurriesen desórdenes durante la campaña electoral que iba a desarrollarse.
El gobierno del Consejo de Estado se esforzaba en demostrar que era sincera su actividad para construir un estado de derecho y que la Policía, además de proteger el orden público podía ser garante de la libertad de organización de los ciudadanos y sus dirigentes, siendo prueba de ello la limitación de la práctica de las detenciones selectivas por motivos políticos, incrementada en los días finales de la dictadura y la clausura de la cámara de tortura conocida con el nombre de “La Cuarenta”, junto a otras cárceles que habían estado bajo la dirección del aborrecido Servicio de Inteligencia Militar (SIM).
Esta gestión conseguiría un gran impulso a sus propósitos con la promulgación de la Ley No. 6141, de fecha 28 de diciembre de 1962, que había convertido la entidad en una institución adscrita al Ministerio de Interior y Policía, permitiéndole al general Belisario Peguero actuar con autonomía de los organismos castrenses y trabajar de manera directa con el jefe de Estado.
El progreso de la entidad policial se vería con mayor claridad en el gobierno democrático del profesor Juan Bosch por el mejoramiento de su vínculo con la comunidad, al fraternizar con los civiles y disminuir su acción represiva; contribuyendo a ese propósito el funcionamiento de varias escuelas de formación de sus agentes y el desarrollo de un proceso de modernización y tecnificación que adquirió vigor con la constitución de las divisiones de investigación, transporte, caballería y el escuadrón contra homicidios, enclavado en Radio Patrulla, cuyos miembros eran conocidos como los “cascos blancos”.
También aportaron a ese desarrollo la creación de la intendencia de material bélico y la Junta Investigadora que se ocupaba de servir y proteger a los ciudadanos, atendiendo las quejas de las personas que eran atropelladas por miembros de la Policía.
Sin embargo, esa realidad cambiaría dramáticamente con el golpe de Estado a Bosch la madrugada del 25 de septiembre de 1963, pues reapareció la ley anticomunista y hubo un resurgimiento de los odiosos métodos represivos de la dictadura, forzando a la Policía a estar más activa y excedida en la aplicación de la ley contra los opositores al nuevo régimen, incluyendo a muchos adolescentes y jóvenes que ni siquiera eran militantes de partidos, ni pertenecían a los grupos sindicados como de izquierda, pero que fueron apresados y golpeados con macanas de goma y bastones eléctricos; contándose entre ellos algunos chicos que habían sido detenidos por atreverse a exhibir su pelo largo al estilo hippie, o por lucir una copiosa barba, o sus ropas con los colores rojo y negro – o verdinegro- de las agrupaciones políticas Movimiento Popular Dominicano y 14 de Junio.
Esa situación generó vibrantes protestas que se extendieron por toda la capital y fue el pretexto empleado por el Triunvirato para dictar, en fecha 22 de octubre de 1963, una dura ley que declaraba el estado de sitio en todo el territorio del Distrito Nacional; a la que se le agregó más tarde la estricta aplicación de otra legislación prohibiendo la celebración de asambleas, desfiles, piquetes y demás manifestaciones que se hicieran sin el permiso del Ministerio de Interior y Policía.
La indignación social se incrementaría también por la controversia pública que se suscitara con el tema de las cantinas militares y policiales, que habían sido instaladas en el gobierno de Bosch para que operaran como cooperativas en beneficio de todos los militares y policías, pero que -alegando que debían pagar impuestos- el Triunvirato había transformado en jugosos negocios de los oficiales más encumbrados que pasaron a administrarlas usando criterios empresariales y al amparo de actos de contrabando perpetrados en vehículos oficiales, en detrimento del comercio local.
Estas tiendas en sus inicios se nutrían de artículos despachados por una compañía intermediaria de nombre “Negociadora Santo Domingo, C. por A.”, propiedad del empresario Antonio -Papía- Najri, a quien el gobierno perredeísta había otorgado permiso de importar mercancías exoneradas de impuestos. Sin embargo, las reglas de juego cambiaron a la llegada del doctor Donald Reid Cabral a la presidencia del Triunvirato, al establecer una carga impositiva obligatoria que forzaría a la empresa de Najri a plantearse la rescisión del contrato, al amparo de una de sus cláusulas.
Luego del pago de una deuda millonaria a la citada empresa, los altos jefes militares y policiales se adjudicaron el control del nuevo negocio, pasando el general Belisario Peguero a presidir una empresa que tenía por nombre: “Cantina Policía Nacional, C. por A”., con un capital autorizado de medio millón de pesos de la época, teniendo su sede en la avenida Independencia esquina Abraham Lincoln, con el encargo primario de almacenar y manejar comestibles, productos farmacéuticos, cigarrillos, cajas con licores, efectos eléctricos, refrigeradores y otros artículos que estaban en aduanas.
Los socios del jefe de la Policía en ese proyecto eran los coroneles Apolinar Alfredo Montás Guerrero, vicepresidente-secretario; Gaspar Salvador Morató Pimentel, tesorero-administrador; Herman Despradel Brache, vocal; Rubén Darío González Núñez, vocal; José de Jesús Morillo López, vocal; y Manuel Antonio de los Santos Almarante, comisario.
Se había constituido sin duda una fabulosa tienda, aunque sus autores subestimaron la magnitud del rechazo que produciría en la sociedad, y sobre todo, entre los líderes de las principales organizaciones comerciales, quienes dejarían sentir su voz, con comunicados, notas de prensa y una potente campaña de denuncia sobre competencia desleal de funcionarios públicos, que además exigía la intervención del gobierno ordenando cesar toda actividad comercial de militares y policías.
Esa campaña caló con ímpetu en el ánimo de muchos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y se reflejaría en los cuarteles y en las calles, visualizándose una actitud de recelo en torno al poder económico atribuido al general Belisario Peguero, que generaría intensas críticas y animosidades, hasta provocar lamentables enfrentamientos entre efectivos militares y agentes del orden público, como el ocurrido en la madrugada del sábado 8 de agosto de 1964, en una fiesta celebraba en el club de oficiales de la Policía, donde un oficial superior de esa institución golpeó salvajemente a otro de la Marina y le provocó un aborto a su bella pareja.
El oficial agraviado era el teniente de navío Víctor Manuel Barjam Mufdy, de 26 años de edad, y estaba allí desde la nueve de la noche, acompañado de su esposa, la joven Rosario Calderón y de una señorita de nombre Gladys de la Rosa.
Su presencia en ese lugar era por pura casualidad, ya que venían de estar en la ceremonia nupcial de un oficial de la Marina que se había casado esa noche en una residencia del ensanche Luperón, y antes de llegar al club de oficiales hubieron de pasar por los hoteles Hispaniola y El Embajador, donde no encontraron mesa disponible y ni un solo asiento donde sentarse a disfrutar aquellas fiestas que se iniciaban con mucho entusiasmo.
La diversión de la pareja en el club de oficiales fue interrumpida a las dos de la madrugada…hora en que la joven señora Calderón de Barjam se vio precisada a ir al baño, siendo seguida por un hombre que la abordó en el pasillo diciéndole que era muy hermosa y quería presentársela al jefe de la Policía, aunque esa noche no estaba en el club.
Ella le dijo que estaba allí con su esposo y que no le interesaba conocer a nadie más, desatando la furia del sujeto, quien muy molesto se fue a la cantina e inició desde allí un encendido ataque verbal contra la dama, y luego -en compañía de otros individuos- se aproximó a su mesa, y cambió la mira de su ataque contra el joven oficial de la Marina, a quien con un tono imperativo le dio “dos minutos para abandonar el club”.
El teniente de navío Barjam Mufdy estaba asombrado, pero guardó la compostura. Se disponía a salir de aquel sitio hostil cuando fue sorprendido por seis personas vestidas de civil que lo sujetaron por el cuello y los brazos, lo despojaron de su pistola de reglamento y lo inmovilizaron para que fuera atacado por el indicado oficial de la Policía, quien procedió a propinarle una patada en el estómago, lanzándolo a seguidas por la escalera, sin tomar en consideración que aferrado a él estaba su esposa, quien sufrió diversos golpes en la caída que les provocaron un aborto.
Debemos ahora agregar que ese joven teniente de navío se convertiría unos años más tarde en jefe de la Marina de Guerra, durante el gobierno de Jorge Blanco, y en ministro de las Fuerzas Armadas, con el rango de Almirante en el año 1986, en el inicio de una nueva gestión presidencial del doctor Balaguer, luego de ocho años de gobierno perredeísta.
También hay que decir que aquel oficial de la Policía que hizo el papel de agresor, era Simón Tadeo Guerrero González, quien tenía entonces el rango de mayor y se desempeñaba como administrador del club de oficiales, aunque tres años más tarde, siendo teniente coronel y comandante del Departamento Sureste de la Policía, con asiento en La Romana, estaría dirigiendo la violenta represión para destruir el poderoso Sindicato Unido de la empresa azucarera Gulf And Western. Su nombre ha quedado para la historia asociado a la desaparición del abogado y asesor sindical Guido Gil Díaz.
Luego de ese suceso, en la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1964 fue asesinado el capitán de corbeta Valeriano Brito Santana, tras sostener una discusión con el segundo teniente policial Miguel A. Castillo Peña, quien le disparó con su pistola de reglamento dentro de un bar situado en la casa No. 156 A de la avenida Teniente Amado García Guerrero, en la ciudad capital, donde ambos consumían bebidas alcohólicas junto a una joven empleada del lugar.
También, el sábado 21 de noviembre ocurriría otro hecho sangriento, que le costó la vida al mayor de la Policía José Rodolfo Urrutia Portes, de 32 años, quien fue ultimado por el primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Luis Pascual Arroyo Rosario, quien le habría disparado por la espalda, luego de una discusión en la “Casa Estela”, un bar popular, situado en la casa No. 18 de la calle José de Jesús Ravelo del sector Villa Consuelo del Distrito Nacional.
La muerte de Urrutia Portes fue muy lamentada, ya que era un joven deportista que estaba allí celebrando el triunfo obtenido por el equipo de softball de la Policía en San Luis.
Al lugar del suceso se presentó una camioneta de la Fuerza Aérea con una ametralladora emplazada y permaneció en el lugar hasta que el cadáver de Urrutia fue trasladado al hospital Doctor Lithgow Ceara.
Urrutia estaba casado con la señora Dominicana Sangiovanni, con quien tuvo tres hijos menores con los nombres de Nereyda, Rolando y Ruth. Esta familia residía en en el ensanche Luperón, en la calle 18 Norte esquina 37.
Estos episodios sangrientos contribuyeron sin duda a ahondar las diferencias existentes entre guardias y policías y llevaron al gobierno del Triunvirato a plantearse seriamente la remoción de Belisario Peguero de la jefatura de la Policía; sobre todo, luego de su controversia pública con los coroneles José de Jesús Morillo López y Francisco Alberto Caamaño Deñó, que motivara que el día 17 de enero de 1965 un grupo de oficiales subalternos de la Policía buscara refugio en la base aérea de San Isidro, como una forma de llamar la atención y presionar por la cancelación del controvertido general.
En ese grupo estaban el capitán Manuel Antonio Sánchez y los tenientes Segundo Sánchez, Claudio Caamaño Grullón, Caonabo Rosario y Jesús Núñez Carela, del escuadrón contra homicidios de la Policía, destacado en Radio Patrulla; además del sargento Juan Antonio Arias Monné y el raso Lopín Ramón Cordero.
Luego de este acontecimiento y para evitar una crisis mayor, Belisario Peguero presentó su renuncia al cargo de jefe de la Policía, en carta enviada a los triunviros doctores Donald Reid Cabral y Ramón Cáceres Troncoso, en la cual señalaba que después de largos años al servicio de una institución a la que había dedicado todo su entusiasmo y todas sus energías, realizando un servicio policial idóneo a favor de la ciudadanía, había llegado la hora de retirarse, para dar paso a una oficialidad formada en una escuela y con una experiencia que la hacían acreedora del reconocimiento que los altos ascensos representaban.
Recordaba que sobre sus hombros tuvo que llevar graves responsabilidades, y que actuó sin titubear y fue útil a la sociedad cuando estaba amenazada de debilitamiento por la inseguridad y el irrespeto que imperaba en el país a principios del año 1962.
Belisario Peguero Guerrero se retiró confiado en que, más temprano que tarde, su labor policial sería juzgada por hombres serenos que sabrían apreciar las circunstancias en que se había manejado, colocando sobre el platillo de la balanza y sin pasiones todo lo que había hecho por el fortalecimiento de la Policía durante casi tres años de afanes y desvelos como su rector.
El día 19 de enero de 1965 fue nombrado como nuevo jefe policial el coronel Herman Despradel Brache, ostentando transitoriamente el grado de general de brigada.
