En una reciente entrevista, a propósito de la vigencia que mantiene la solicitud de desembolso anticipado del 30% de los ahorros pertenecientes a los trabajadores que están afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el experimentado jurista, Eduardo Jorge Prats, advirtió que dicha entrega “significaría un golpe de Estado, contra el presidente de la república, Luis Abinader, porque se estaría enterrando la estabilidad macroeconómica del país”.
Asimismo, para acentuar su propósito y dejar claramente colocado su mensaje, el aguzado experto en materia constitucional, también hizo referencia a la crisis económica del año 2003, haciendo un símil, entre un fraude financiero –provocado por un banquero– y una exigencia legitima –contra varios banqueros–, en cuyo caso, las AFP, son quienes estarían incentivando un nuevo colapso económico, si persiste su estafa soterrada contra un importante segmento de la población.
Paradójicamente, la temeraria consideración del prestigioso abogado, Eduardo Jorge Prats, encuentra obstáculo en otros países, donde se está devolviendo parte de los ahorros de pensiones a sus propietarios, como una estrategia de los gobiernos de esas naciones, para dinamizar sus respectivas economías, luego de los daños sufridos a consecuencia de la crisis sanitaria que provocó el covid-19.
Sin embargo, para poder evidenciar la verdadera intención que guarda su comentario, lo primero que debemos hacer es un ejercicio ilustrativo acerca de cuál ha sido su rol durante el desarrollo del proceso entre los trabajadores y las AFP, además, tomando en cuenta, sin que dejemos nada a la imaginación, su asidua participación en los medios de prensa, fungiendo como “abogado del diablo”, parcializado, manifiestamente, a favor de los grandes capitales del país.
Eduardo Jorge Prats, es un portavoz de los grupos económicos, por consiguiente, cualquier pronunciamiento proveniente desde ese “jinete del apocalipsis”, simboliza una clara intención de su representado, es decir que, escuchar a Jorge Prats, pronunciándose en esos términos de manera abierta, no es ni fortuito ni casual, ya que, a ese nivel –en donde se compromete la opinión personal–, se cobran suntuosos honorarios, para expresar lo que se tenga que decir, en el lugar donde se tenga que decir y punto.
En nuestro país, existen muchos mercaderes disfrazados de notables que viven hipotecando su firma con declaraciones interesadas –sin dejar nada al azar–, a favor o en contra de algún determinado propósito, por tanto, esa declaración sucinta, probablemente, obedece a un estrategia mediática, proveniente de sectores que buscan presionar al gobierno, so pena de provocar un acontecimiento similar al que sufrimos en el año 2003-2004, para que se abstenga de impulsar cualquier reforma a la Ley 87-01.
La advertencia, presentada a modo de consejo con perspicaz sutiliza, indica donde estaría encaminada la trama conspirativa de las AFP, en contra de la estabilidad macroeconómica del país, si decidiese, el presidente de la república, atender los reclamos de la clase trabajadora e iniciar un proceso para resarcir sus derechos de propiedad, sobre los fondos de pensiones.
En ningún modo, la clase obrera, cuenta con una fuerza per se, para desestabilizar al gobierno, a menos que sea mediante protestas sociales auspiciadas por sectores vinculados a los sindicatos de trabajadores (algo que no existe en este país). Empero, los grupos económicos que administran las AFP, sí cuentan con mecanismos suficientes como para provocar una enorme hecatombe en el sistema financiero nacional.
En ese sentido, el criterio externado por Eduardo Jorge Prats, es una opinión peligrosa que necesariamente debe ser leída entre líneas, ya que, en el fondo, las AFP, pueden estar fraguando un plan para desestabilizar al país, si son obligadas a entregar el 30% de los ahorros de pensiones. Ciertamente, ese mensaje, expresado de modo subliminal, a través de un emisario, no es otra cosa, sino una maniobra contra el gobierno, para que no tome carta en el asunto.
Los mensajes subliminales son señales que se perciben sin que su intensión se exprese de manera directa o explicita. Es un mecanismo que se utiliza para estimular una parte de nuestro cerebro, llamada subconsciente, que se encarga de obligarnos a desarrollar acciones irracionales, sin ningún obstáculo, es decir que, en términos reales, se aplica como un plan que está diseñado para no ser percibido de forma cociente, pero de todos modos influye en el resultado.
Está demostrado que, las AFP, constituyen un entramado societario compuesto por empresarios de la banca que actúan en contubernio con políticos, sindicalistas y funcionarios públicos corruptos, para estafar a la clase obrera de los países donde operan, en su parte más sensible: su patrimonio laboral, porque limitan el acceso pleno de los derechos de los cotizantes, mientras realizan operaciones financieras que generan grandes capitales económicos en provecho propio.
Esta situación genera un beneficio particular de las AFP, que estará siempre opuesto al interés general de la clase trabajadora, por tanto, a su vez, crea un conflicto de intereses entre, el dueño del dinero y quien lo administra, lo cual solo conseguirá ser solucionado si se modifica, en nuestra legislatura, la Ley 87-01, a los fines de hacer más justa y equitativa su aplicación.
La tutela efectiva de los fondos de pensiones, ha quedado en estado de indefensión, razón por la cual, las AFP, han perdido el horizonte de sus límites al actuar con avaricia y voracidad, frente al derecho fundamental de propiedad, consignado en el Artículo 51 de la Constitución Dominicana, que garantiza un ámbito patrimonial de libre desarrollo de la persona, el cual, a su vez, se vincula con los demás derechos económicos y sociales de los trabajadores.
Ojalá que mi comentario, haya sido tan solo una errónea interpretación y no un augurio, sobre un proceso encaminado a continuar coartando el derecho legítimo que corresponde al trabajador dominicano de disponer plenamente de los recursos económicos que reposan en sus cuentas de capitalización individual –propiedad exclusiva del afiliado de la AFP–, porque es, a ellos, a quienes corresponde decidir sobre qué hacer con su dinero.
