En una reciente revelación que ha causado indignación en la comunidad educativa de Puerto Rico, se ha confirmado el flagrante incumplimiento por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico de una orden del tribunal que exigía la presentación de evidencia sobre los trabajos de funcionarios clave. Este incumplimiento no solo arroja luz sobre la opacidad en la gestión de fondos, sino que también señala una violación sistemática de la ley que estipula que al menos el 70% del presupuesto destinado a educación debe gastarse directamente en el beneficio de los niños puertorriqueños.
La falta de transparencia en el gasto de fondos es evidente, ya que, según fuentes confiables, el Departamento de Educación ha desviado recursos significativos hacia la administración central y puestos administrativos que no contribuyen directamente a la mejora de la calidad educativa. Se destaca el crecimiento desmedido de roles administrativos que no tienen impacto directo en la enseñanza a los estudiantes, como consejeros y psicólogos que no ofrecen clases directas ni participan activamente en la educación del niño.
La falta de claridad sobre el destino específico de los fondos y la ausencia de un organigrama detallado que describa las funciones del Departamento de Educación son motivo de preocupación. La comunidad educativa exige saber con certeza cuánto dinero llega directamente a los estudiantes en forma de servicios directos en las escuelas. Además, es imperativo contar con una lista detallada de puestos de maestros, asegurando que los recursos se asignen eficientemente y no se utilicen para cubrir puestos administrativos ficticios.
Un punto crucial que ha suscitado inquietud es la falta de información sobre los puestos de maestros en destaque que, aparentemente, siguen registrados como activos en papel sin contribuir al proceso educativo. Esta falta de rendición de cuentas está afectando negativamente a los estudiantes, quienes no reciben la educación de calidad que la ley exige.
Se ha presentado un mandamus al tribunal para garantizar que el Departamento de Educación cumpla con la ley y revele de manera transparente cómo se utilizan los fondos destinados a la educación. Hasta la fecha, la comunidad no tiene información precisa sobre la cantidad de recursos que se están utilizando directamente para el beneficio de los estudiantes.
Es evidente que se requiere una descentralización urgente del Departamento de Educación, eliminando áreas completas a través de la automatización de funciones burocráticas que solo sirven para obstaculizar el funcionamiento eficiente del departamento. La prioridad debe ser la educación de calidad para nuestros niños, y la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para lograr este objetivo. La comunidad educativa espera respuestas y acciones concretas que garanticen un futuro educativo prometedor para los estudiantes de Puerto Rico. ¡Educar es un derecho que no puede esperar!
