En las escuelas públicas de Puerto Rico, una realidad dolorosa y discriminatoria se ha enraizado profundamente: la falta de acción en la reparación y mantenimiento de ascensores. Estos dispositivos son cruciales para garantizar el acceso equitativo a la educación para estudiantes con discapacidades funcionales, permitiéndoles moverse libremente por los edificios escolares. Sin embargo, la negligencia y la falta de responsabilidad han dejado a muchos de estos ascensores sin funcionar durante años, creando barreras físicas que limitan severamente las oportunidades educativas de los niños y niñas con necesidades especiales.
Desde antes del devastador Huracán María, muchos ascensores ya no funcionaban adecuadamente en diversas escuelas de la isla. A pesar de los informes y las quejas reiteradas de maestros y padres preocupados, la situación no ha mejorado significativamente. Esta falta de acción no solo es inaceptable desde una perspectiva moral y ética, sino que también constituye una clara violación de los derechos fundamentales de estos estudiantes.
Recientemente, hemos sido informados por varios maestros de que la situación persiste, perpetuando la discriminación contra la población estudiantil con discapacidades. La solución temporal de reubicar a los maestros y clases en el primer piso de las escuelas, lejos de ser una solución adecuada, simplemente subraya la falta de compromiso y responsabilidad por parte del sistema escolar para abordar este problema de manera integral.
Es fundamental reconocer que cada padre y madre de un niño con discapacidad tiene el derecho legítimo de exigir que sus hijos tengan acceso libre y seguro a todas las áreas de la escuela. Los ascensores que no funcionan representan no solo una inconveniencia logística, sino una barrera significativa que impide a estos estudiantes participar plenamente en la vida escolar y social de manera igualitaria.
Hacemos un llamado urgente a todos los padres y autoridades pertinentes para que inicien un inventario detallado de todos los ascensores defectuosos en las escuelas públicas de Puerto Rico y lo publiquen en la radio, prensa y televisión. Este inventario debe servir como base para una demanda colectiva a nivel federal en nombre de todos los estudiantes de la isla con impedimentos y necesidades especiales. Solo mediante una acción legal coordinada y sostenida podemos presionar para que se asignen los recursos necesarios y se implementen soluciones efectivas a largo plazo.
Es hora de que el gobierno local, estatal y las autoridades educativas de Puerto Rico asuman su responsabilidad de garantizar la igualdad de acceso para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades físicas. Negar este acceso de inmediato es negarles no solo una educación justa, sino también la dignidad y el respeto que merecen como miembros de nuestra sociedad. Los estudiantes no deben ser victimas de la arena movediza del sistema del Departamento de Educación y agencias gubernamentales lentas e ineficientes.
En conclusión, la falta de acción en la reparación y mantenimiento de ascensores en las escuelas públicas de Puerto Rico no solo es una negligencia administrativa, sino un acto de discriminación flagrante. Es nuestro deber colectivo abordar esta injusticia de manera inmediata y decisiva, en defensa de los derechos y el bienestar de nuestros estudiantes más vulnerables.
