La ONU ensalza la iniciativa en “un contexto nacional que a menudo reta la implementación del acuerdo de paz”
Colombia, al igual que muchos países, se ha enfrentado al reto de encontrar los insumos médicos necesarios para combatir la pandemia de coronavirus. Ex guerrilleros de las FARC han querido ayudar reconvirtiendo sus talleres en fábricas de mascarillas, en el marco de su transición a la vida civil tras más de medio siglo de conflicto armado.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron la paz en 2016, con lo que sus más de 13.000 combatientes abandonaron sus escondites en la selva, entregaron las armas y se concentraron en campamentos especiales habilitados por el Gobierno para empezar su nueva vida.
En estos cuatro años, las FARC se han transformado en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un partido político con representación en el Congreso que está dirigido por el que fuera el jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’.
Sin embargo, la gran mayoría de los ex guerrilleros han dedicado este tiempo a capacitarse y emprender pequeños negocios. Hasta el pasado mes de abril, el Consejo Nacional de Reintegración había aprobado 52 proyectos productivos para recibir financiación inicial y asistencia técnica con el apoyo de socios internacionales.
Así, los ahora empresarios se dedican a actividades que van desde la elaboración de cerveza artesanal hasta proyectos de turismo ecológico o confección de ropa –con desfiles incluidos– en zonas donde antes primaban los combates.
La llegada del coronavirus a Colombia ha supuesto una nueva transformación para ellos. Ante la falta de elementos de protección, entre otro material médico, siete talleres creados por antiguos insurgentes para la confección de ropa han decidido ponerse a producir mascarillas.
Es el caso del taller de Icononzo, una remota localidad del centro de Colombia. Donde antes se tejían ponchos, ahora se cosen mascarillas. Otro taller del municipio de Anorí, en Antioquia (noroeste), ha donado ya su primer lote a las autoridades locales, unas mil mascarillas.
Es “un acto de paz”, asegura Ángela Herrera, una empresaria local que trabaja en el taller de Icononzo, dirigido por ex guerrilleros de las FARC. El Departamento de Asuntos Políticos de la ONU (DPPA), que se ha hecho eco de la iniciativa, coincide en que es una prueba de “su voluntad de seguir aportando a la paz”.
Según la DPPA, en los próximos meses estos talleres pretenden expandir la producción de mascarillas, con los equipos y materiales proporcionados por la Misión de Naciones Unidas en Colombia, para dárselas a las autoridades sanitarias y a las comunidades más vulnerables.
La agencia de la ONU destaca que “la rápida transformación de sus líneas de producción para fabricar equipos de protección les ha brindado la oportunidad de contribuir no solo a abordar la crisis inmediata de salud pública (…), sino también de trabajar para lograr una economía sostenible mediante la creación de asociaciones con gobiernos locales”.
Alessandro Preti, el encargado de verificar la reintegración a la vida civil de los ex guerrilleros de las FARC en la Misión de la ONU, subraya la “importancia simbólica” de este paso, puesto que ratifica el compromiso de los antiguos rebeldes con “la paz en los territorios, la reconstrucción del tejido social y la promoción de la convivencia”.
CONTEXTO HOSTIL
Naciones Unidas ha querido resaltar el hecho de que “la emergencia del COVID-19 y el confinamiento a nivel nacional han hecho que sea aún más difícil obtener acceso a los mercados y garantizar la sostenibilidad de las pequeñas empresas dirigidas por ex combatientes”.
A ello hay que añadir “un contexto nacional que a menudo reta la implementación del acuerdo de paz” por los “altos niveles de violencia” a los que se enfrentan los ex guerrilleros y las comunidades en las otrora zonas de conflicto.
Los grupos armados que sobrevivieron al acuerdo de paz, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Clan del Golfo, así como disidentes de las FARC, han desatado una lucha para controlar los territorios de las FARC y sus lucrativos negocios, incluido el narcotráfico.
La renovada violencia se ha cebado con los líderes sociales y activistas, especialmente con aquellos que defienden los derechos de la población local sobre la tierra y sus recursos, y con los ex guerrilleros de las FARC.
A cierre de 2019, la ONU cifró en 303 los líderes sociales y activistas y en 173 los ex rebeldes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) calcula que en lo que va de 2020 se han sumado a este trágico listado al menos 107 y 24, respectivamente.
La DPPA valora que, a pesar de “las inquietudes sobre la seguridad de los ex combatientes y sus familias”, “los logros de la paz han sido
