El Tribunal Supremo aceptó hoy someter a evaluación el caso sobre la inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020, como defiende el Departamento de Justicia, algo que ha sido visto por los activistas de derechos civiles como un ataque contra los inmigrantes.
Hace un mes, un juez federal de Nueva York rechazó la propuesta del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, al decidir que se cometieron “violaciones legales” al incluir la cuestión de la ciudadanía en las preguntas del censo nacional.
Con ello, el caso pasó a la máxima instancia judicial, que ha aceptado someterlo a consideración.
El requerimiento judicial forma parte de un caso abierto por una demanda presentada por Nueva York y otros estados, ciudades y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) contra el Departamento de Comercio, encargado del censo.
Los demandantes aseguran que la pregunta supone un ataque a los derechos de los electores, independientemente de si tienen o no el estatus de ciudadano de EE.UU., y es un primer paso para intimidar y menoscabar las oportunidades de quienes no lo tienen.
Por su parte, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, ha argumentado que la consulta es necesaria para garantizar de manera apropiada los derechos civiles de los ciudadanos.
La elaboración del censo, en un país donde se calcula que viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, se realiza por lo general sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes.
La intención del Gobierno de incluir una pregunta sobre la nacionalidad había desatado el temor de la comunidad inmigrante a que la información pueda ser enviada a las autoridades migratorias que tienen el poder de repatriarlos a sus países de origen.
El juez federal de Nueva York dio la razón a los críticos de la iniciativa al asegurar que “cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si se incluye la pregunta sobre la ciudadanía”. (EFEUSA).-
