La inminente nominación de un nuevo juez del Tribunal Supremo de EE.UU. ha puesto de nuevo al aborto en el centro del debate público en el país, donde conservadores y progresistas juegan desde hace cuatro décadas con las pasiones que genera la posible ilegalización de esa práctica en algunos estados.
Mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, se prepara para anunciar este lunes a un sustituto para el juez recién jubilado Anthony Kennedy, algunos se frotan las manos y otros claman al cielo ante la idea de que un giro a la derecha en la máxima corte altere los derechos reproductivos de las mujeres.
Y es que, casi medio siglo después de que el Supremo legalizara el aborto en todo el país, la perspectiva de un posible cambio a esa decisión (Roe contra Wade, 1973) sigue moviendo votos y lealtades políticas en el país, probablemente con más furor que ningún otro tema social.
“¿Por qué no está solucionado este tema cuando hace más de 40 años que tenemos una decisión del Supremo? Es uno de los misterios de la política estadounidense”, dijo a Efe una profesora de Derecho en la Universidad de Columbia, Carol Sanger, autora del libro “Sobre el aborto: acabar con el embarazo en el EE.UU. del siglo XXI”.
Parte de la respuesta está, según Sanger, en un cálculo que hizo el Partido Republicano a finales de la década de 1970, “cuando se dieron cuenta de que había muchos beneficios políticos si ponían el caso de Roe contra Wade frente a los votantes” conservadores.
“Hubo prácticamente una decisión política de mantener viva la idea de anular ese fallo judicial, en lugar de aceptarlo, como ocurre en otros países que legalizan el aborto”, apuntó la experta.
El propio Trump, que hace dos décadas se declaraba “muy a favor” del derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, se sumó a esa tendencia y se rodeó de férreos conservadores sociales como su vicepresidente, Mike Pence, quien este año pronosticó que su generación llegaría a ver el fin del aborto legal en EE.UU.
Pero los demócratas también han utilizado políticamente el miedo al fin del aborto legal en el país, y el líder de ese partido de oposición en el Senado, Chuck Schumer, advirtió la semana pasada que “elija a quien elija” Trump para el Supremo, “es demasiado probable que deroguen Roe contra Wade”.
“Todo el mundo está exagerando (la posibilidad de que el Supremo anule esa decisión). Hay una especie de histeria ahora mismo. Todo el mundo quiere anotarse puntos políticos con esto”, especialmente de cara a las elecciones legislativas de noviembre, opinó Sanger.
Más allá de los ánimos políticos, las expertas consultadas por Efe coinciden en que es posible que la nueva mayoría conservadora en el Supremo “anule Roe contra Wade, pero también hay razones por las que podría no hacerlo”, en palabras de Sanger.
Kennedy, el juez que abandona ahora el Supremo, era conservador pero de orientación moderada, y en 1992 votó a favor de mantener en pie la decisión que había legalizado el aborto dos décadas antes.
“Mientras Kennedy estuviera en el tribunal, no había perspectivas reales de que se anulara” la legalización del aborto a nivel nacional, señaló Mary Ziegler, profesora de Derecho y autora de una historia del debate sobre el aborto en EE.UU. desde 1973.
Pero la decisión que apoyó Kennedy en 1992 también determinó que los estados podían legislar sobre el embarazo en muchos casos, y desde entonces “la tendencia en el Supremo ha sido hacia una mayor regulación del derecho al aborto”, explicó a Efe una experta en ese tribunal y profesora en la Universidad de Wisconsin, Sara Benesh.
Trump ha prometido sustituir a Kennedy con un juez que tenga el visto bueno de la derecha más conservadora, por lo que “se puede esperar que esté abierto a revisar o al menos limitar” la decisión de 1973, de acuerdo con Benesh.
Si la nueva mayoría en el Supremo anulara ese fallo, eso no ilegalizaría el aborto en todo el país, sino que el asunto pasaría a manos de los estados, que podrían prohibir la interrupción del embarazo “pero no estarían obligados a hacerlo”, explicó Ziegler.
“Cada estado tendría que decidir si criminaliza el aborto y hasta qué punto, y si castiga por ello a las mujeres”, agregó.
Estados Unidos nunca ha penalizado de forma generalizada a las mujeres por no llevar a término un embarazo: hubo algunos casos “muy infrecuentes en el siglo XIX”, porque normalmente se culpaba de ello a sus maridos o a los médicos, de acuerdo con Sanger.
Pero es probable que incluso una fuerte mayoría conservadora en el Supremo evite una polémica anulación del fallo de 1973, y apueste en cambio por “aceptar casos que les permitan desmantelar más sutilmente los derechos relacionados con el aborto”, opinó Ziegler.
En la práctica, eso “puede dejar a las mujeres en algunos estados sin la oportunidad de ejercer ese derecho fundamental, a no ser que tengan el dinero suficiente
