Santo Domingo.- Un municipio de la capital dominicana fue declarado hoy en emergencia por el gran cúmulo de basura, en medio de un conflicto entre la empresa que gestiona el vertedero de la capital y las alcaldías, por el pago del servicio.
Se trata del municipio de Los Alcarrizos, oeste de Santo Domingo, cuyo alcalde, Junior Santos, solicitó al concejo de ediles la declaratoria y rendir un informe sobre posibles soluciones.
La solicitud fue acogida por unanimidad de los concejales, algunos de los cuales acusaron a los ministros de Salud y Medio Ambiente de la situación que vive el municipio por la acumulación de basura.
“De cualquier epidemia que se presente en el municipio de Los Alcarrizos los responsables son Salud y Medio Ambiente”, afirmó el edil Romelio Rivera en la reunión.
Las autoridades de esta alcaldía han solicitado al Ministerio de Salud acciones especiales en el municipio para prevenir posibles brotes de enfermedades y a la cartera de Medio Ambiente intervenir de inmediato el vertedero.
La medida permanecerá hasta se busque una solución a la recogida de desperdicios en este popular municipio, en el que residen unas 300.000 personas.
De acuerdo con la información, la alcaldía de Los Alcarrizos paga unos 160.000 pesos (unos 3.370 dólares) mensuales por depositar la basura en el vertedero de la capital, pero aumentará “dramáticamente” tras la subida anunciada por la empresa que administra el vertedero, a la que se oponen los ayuntamientos de la ciudad.
Precisamente hoy, Lajún Corporation, que gestiona el vertedero de Duquesa, denunció el “comportamiento irresponsable” de las alcaldías de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y Pantoja, todos en la capital, quienes, según la empresa, “han decidido boicotear y sabotear las operaciones que hasta ayer fluían de manera correcta, afectando también a los que han cumplido”.
En un comunicado enviado a la prensa, Lajún afirmó que desde el pasado 22 de marzo, estos municipios, a los que llama “disidentes”, “han estado realizando un boicot mediático que ayer se convirtió directamente en un sabotaje a la operación”.
La empresa acusa a estas alcaldías de negarse a pagar deudas atrasadas y de bloquear la entrada del vertedero, lo que podría derivar en una crisis sanitaria.
Las diferencias con los ayuntamientos llevaron a la empresa a reducir el horario de actividad en el depósito de basura, derivando esta decisión en problemas en la recogida y la consecuente improvisación de vertederos.
Sin embargo, Lajún Corporation accedió a dejar sin efecto esta medida, y el pasado 23 de marzo ambas partes informaron de un acuerdo preliminar para solucionar el conflicto, aunque las alcaldías acusan ahora a la administradora de incumplirlo.
A la situación creada por el conflicto entre las alcaldías y la empresa se suma una investigación sobre la legalidad del contrato de compra de los terrenos donde opera el vertedero.
El director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Pedro César Mota Pacheco, afirmó hoy que entre los documentos analizados sobre la titularidad de los terrenos del vertedero no se ha encontrado ningún contrato que avale su venta a la empresa Lajun Corporation.
En uno de los escritos figura una “cesión de uso” de la parcela a la empresa, registrada por la Alcaldía de Distrito Nacional en el año 1995 por un período de 20 años, plazo que venció en 2015.
“Hay muchos documentos. Cada Gobierno ha dado una serie de concesiones, pero entendemos que ha sido en base ilegal”, ya que se han encontrado al menos diez contratos de compraventa de esos mismos terrenos, aunque ninguno pasó por el Congreso Nacional, señaló Mota Pacheco, que afirmó que se trata de un caso “muy complejo”.
