El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, dio inicio la mañana del viernes 12 de agosto al juicio preliminar contra los imputados en el Caso Medusa.
Este caso cuenta con 41 imputados y 22 empresas, en un expediente acusatorio que contiene unas 12 mil páginas.
Tras más de tres horas ponderando las peticiones que realizaron las barras de defensa Martínez concluyó lo siguiente:
- Otorgó 60 días hábiles de plazo a las barras de la defensa del presunto entramado de corrupción Medusa para que estudien las pruebas entregadas por el Ministerio Públicoy preparar su defensa para la audiencia preliminar.
- Ordenó al Ministerio Público en 20 días, que reorganizaran pruebas de cara al Tribunal.
- 10 días a imputados para que indiquen cuáles de las pruebas desean en físico.
- A la imputada que compareció sin abogado, otorgó un plazo de 10 días (previos) para que pueda obtener representación.
- A todos los afectados por supuestas deficiencias de la notificación, ordenó que actualicen sus domicilios.
La decisión del magistrado se produjo a solicitud de la defensa de los imputados, quienes pidieron entre 100 y 120 días para conocer las pruebas y preparar su defensa. En tanto que, el Ministerio Público pidió que sólo se les otorgara 45 días por entender que eran suficientes.
Los abogados también solicitaron al magistrado que ordene al Ministerio Público entregar las pruebas que tienen en contra de los imputados de manera física, pues lo hicieron de manera virtual y esto les complica el trabajo. Este pedimento fue rechazado por el juez.
En ese sentido la audiencia será el 19 de diciembre a las 9:00 de la mañana.
El especialista en Derecho Penal, Francisco Álvarez, ha calificado en Twitter el juicio de histórico -no por implicados sino por complejidad procesal.
Se recuerda que los imputados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso el pasado 2 de julio. En el proceso Camacho destacó que “esta es nuestra acusación más grande, tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos”. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Por el caso guarda prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del caso. También, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
