Más de cien mil hombres uniformados y armados salieron a las calles a perseguir y matar a un supuesto delincuente. Sin embargo, nadie ha salido a buscar a los senadores, diputados y funcionarios que aceptaron soborno por 92 millones de dólares de Odebrecht, sin contar los de las plantas eléctricas sobrevaluadas en más de mil millones de dólares, ni de los 3.5 millones por la compra de los aviones Súper Tucano.
A esos nadie los busca. Esos están reguardados por generales, jueces, abogados y periodistas. Un manto de impunidad los protege.
¡El que roba un peso es un ladrón, el que roba un millón es un señor!
Es la primera vez, que recuerde, que un presidente de la República convoca a los organismos de seguridad para ordenarle, según la Policía, que atraparan a John Percival -¡vivo o muerto!- que recientemente había asaltado una sucursal del Banco Popular en Plaza Lama, acción totalmente reprochable.
Horas después, lo que esos “organismos de seguridad” no habían logrado en más de un año, lo hicieron a la velocidad del relámpago, en dos o tres horas, ejecutándolo sumariamente en la habitación de un motel en la ciudad de Bonao, para así terminar con un circo de sangre mediático que coloca al presidente Danilo Medina como el súper héroe protagonista de la película que siempre aparece en el momento oportuno para salvar “Ciudad Gótica” o cualquier otra del holocausto.
(No creo que un hombre bien entrenado, bien armado y dispuesto a morir lo hiciera sin herir ni matar a ningún policía o militar)
-¿Y ahora, quién podrá defendernos? Pareció preguntarse la población después del robo armado en una plaza pública- ¡Yo, el Chapulín Colorao!
¿Debe intervenir el presidente de la República directamente en la captura de alguien acusado de cometer un delito o un crimen de la naturaleza que sea en un país donde se supone existe un Estado de derechos? ¿Acaso no es función de la Policía prevenir, proteger vidas y propiedades? ¿Acaso no es la garante del orden público? ¿No son los jueces los que determinan la inocencia o culpabilidad de los imputados o es la Policía?
Me pregunto: ¿Había que “ejecutar”, como dice el patólogo Sergio Sarita Valdez, a John Percival y luego de contaminar la escena del crimen, como se hizo, exhibir como un trofeo su cuerpo desnudo, ensangrentado y acribillado a balazos? ¿Era eso necesario? ¡Qué horror! ¡Qué país!
Las fotos de Percival bañado en su propia sangre corrieron veloz por las redes sociales, con júbilo. Algunos agentes policiales, militares y civiles hasta se hicieron “Selfie” (Autofoto) para subirlas en sus respectivas cuentas de Twitter o Facebook, sin que nadie lo impidiera.
¡No pudo ser más dantesco ver esas fotos en las redes y algunos diarios!
No debo, en modo alguno, justificar ni respaldar las acciones delictivas o criminales de ninguna persona. Ahora bien, tampoco aplaudir las muertes extrajudiciales que a diario se cometen en nuestro país. La Policía dispara primero, investiga después, si es que lo hace. La Policía decide quien vive y quien muere. La policía es la principal banda del país, la que debe ser desmantelada, junto con las otras que operan impunemente desde el poder político.
La vida de Percival pudo ser salvada apresándolo para someterlo luego a la justicia y que los jueces, en un juicio público, oral y contradictorio, determinaran culpabilidad o inocencia. Pero ese recurso, ese protocolo, no está disponible para gente como Percival o los cientos de jóvenes que resultan muertos (fusilados) en supuestos intercambios de disparos.
Pero ocurre que el sistema judicial dominicano solo funciona para los corruptos del gobierno, para los que se roban el 5% del PIB, eso es, más de 150 mil millones de pesos todos los años, sin que ninguno termine muerto (ejecutado) o en la cárcel.
El presidente jamás convocará de urgencia a los organismos de seguridad del Estado para que encuentren -¡Vivos o Muertos!- a los que sobrevaluan las obras, a los que aceptan sobornos millonarios, a los que extorsionan y chantajean desde sus cargos públicos. ¡Eso no lo veremos nunca!
