l secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, calificó de “alarmante” la situación de Nicaragua, país inmerso desde hace varios meses en una crisis que este organismo considera que debe ser seguida con atención por la comunidad internacional.
“Ningún otro Estado de la región ha producido el número alto de víctimas fatales como Nicaragua este año. Esta situación debería ser considerada prioritaria por todos”, declaró Abrão en una entrevista con Efe.
Después de que Managua suspendiera temporalmente la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y anunciara la expiración del plazo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Abrão advirtió de un “intento explícito de silenciar la oposición y cualquier tipo de disidencia”.
“Es una decisión que de un lado es coherente con lo que está pasando dentro del país”, no dudó en afirmar el jefe de la CIDH.
Detalló que en los últimos días se han “reducido los espacios de la sociedad civil” a raíz de la cancelación del funcionamiento de varias ONG, mientras prosiguen las detenciones “arbitrarias” y el sistema no ofrece ninguna “perspectiva de justicia” a las víctimas.
“Para mí está claro un deterioro del Estado de derecho en Nicaragua”, agregó Abrão, al ratificar que el Meseni “continuará con sus tareas integrales” desde Washington, apoyado en una red de información que constituyó en los últimos seis meses que permitirá que su labor siga “intacta”.
El Meseni venía trabajando desde el pasado 24 de junio en Nicaragua con el objetivo de vigilar “la situación de derechos humanos”, y dar seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la propia CIDH.
Mientras, el GIEI respaldaba las investigaciones de los hechos violentos sucedidos en ese país entre el 18 de abril y el 30 de mayo, en virtud de un acuerdo alcanzado por la CIDH, la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Daniel Ortega.
Este miércoles, la CIDH había advertido de la “intensificación de la cuarta etapa de represión estatal” en Nicaragua, después de fases previas que consistieron en agresiones a las manifestaciones callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas.
“Esta etapa nueva tiene que ver con el intento de generar apariencia de legalidad a los actos de excepción, los decretos y actos administrativos que están afectando los contenidos esenciales de los derechos humanos”, apuntó.
Según Abrão, “hoy la policía está prohibiendo manifestaciones; el Congreso está cancelando el funcionamiento de ONG; hay reglas nuevas que afectan la iniciativa privada y las agremiaciones empresariales; hay restricciones de acceso a las audiencias públicas judiciales previstas en la propia Constitución del país”…
“Estos actos de excepción van a intentar generar esa perspectiva de normalidad y deben ser denunciados. Esta es una violencia simbólica contra la propia democracia”, sentenció Abrão, quien opinó que “lo que pasa en Nicaragua debe ser observado de manera muy atenta por toda la comunidad internacional”.
Y opinó que “el debilitamiento de las instituciones democráticas en el país y la propia ausencia de justicia y reparación a las víctimas deberían tener fuerza suficiente para constreñir a toda la comunidad internacional a presionar para el cese inmediato a la represión”.
“La Comisión ya ha decidido que Nicaragua es una prioridad que continuará en 2019”, concluyó el jefe de la CIDH, que describió como “alarmante” el panorama en el país centroamericano al compararlo “en proporción” con la situación “muy crítica” que se ha vivido en Venezuela.
“Es un país con seis millones de habitantes y mucho menor que Venezuela”, argumentó Abrão.
La CIDH ha indicado que la represión en Nicaragua ha dejado 325 muertos y al menos 400 detenidos, en tanto que el Gobierno reconoce 199 víctimas y 273 arrestados.(EFEUSA).-
