Un total de 90 alcaldes de ciudades de 29 estados han rechazado una propuesta del Gobierno del presidente, Donald Trump, para limitar la concesión de la ciudadanía o de la residencia permanente a inmigrantes legales, según una misiva difundida hoy por la Conferencia Nacional de Alcaldes.
Los regidores se opusieron así a una proposición de la que se ha hablado durante meses, pero que se incluyó en el Registro Federal el miércoles.
La norma busca ampliar el concepto de “carga pública”, un término en el que se recogen los requisitos por los que se considera que un inmigrante será un supuesto peso para el Estado y que puede derivar en que el Gobierno desestime una potencial petición para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía.
“Las nuevas regulaciones llevan este principio al extremo y, de ser adoptada castigarían en última instancia a los inmigrantes por acceder a prestaciones que no son en efectivo y que están diseñadas para ayudar a las familias a tener éxito en EE.UU.”, explica la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional.
Según los alcaldes, “comprometerá la salud, la nutrición y el desarrollo de los niños; impactará en el acceso a la seguridad sanitaria; reducirá las opciones de alojamiento y afectará negativamente a las comunidades locales”.
“Forzará a las familias a elegir entre la ayuda que necesitan y la gente a la que ellos aman”, aseveran los alcaldes, en referencia a que en muchos casos estos inmigrantes recurren a solicitar la residencia permanente para garantizar que podrán seguir viviendo con sus seres queridos, en algunos casos hijos nacidos en el país.
La propuesta amplía el concepto de “carga pública” a las personas que se han beneficiado de servicios pagados por el Estado, que no son ayudas en efectivo, en materia de alimentación o sanidad, entre otros.
La proposición se enmarca en un contexto en el que Trump ha enaltecido un discurso antiinmigración desde su campaña electoral en 2016 hasta ahora, como presidente, con especial énfasis en la inmigración irregular.
