El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha autorizado este lunes a todos los fiscales federales del Departamento de Justicia a iniciar las investigaciones sobre las acusaciones de las supuestas irregularidades que se habrían cometido durante las pasadas presidenciales, pese a las escasas evidencias de fraude.
Barr ha explicado a través de una carta que tales investigaciones pueden llevarse a cabo siempre y cuando existan “alegaciones claras y aparentemente creíbles” de esas supuestas irregularidades que, “de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado” en algún estado en concreto, según cuenta el periódico ‘USA Today’.
Si bien Barr no ha señalado irregularidad alguna en el texto que ha enviado a los fiscales, sí les ha pedido que en caso de iniciar cualquier investigación al respecto, ésta debe llevarse “con la precaución adecuada” y manteniendo “el compromiso absoluto de neutralidad” del Departamento de Justicia.
Sin embargo, Barr ha sido otra de las figuras del entorno republicano que no escatimó durante el periodo electoral en ataques hacia el voto por correo, principal argumento que esgrime el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos de sus aliados más fieles, para denunciar fraude en los comicios.
Una teoría que no es compartida siquiera por gran parte del Partido Republicano, más allá de unos pocos incondicionales, puesto que no existen argumentos sólidos de que se produjera ese “gran fraude masivo” que Trump salió a denunciar tras publicarse los primeros resultados.
Entre los que apoyan los intentos de Trump por revertir esta situación están dos de sus hijos, Eric y Donald Trump Jr., así como el principal representante republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, para quien el todavía inquilino de la Casa Blanca “está en todo su derecho a examinar las acusaciones de irregularidades y sopesar sus opciones legales”.
Por lo general, los fiscales solo pueden actuar una vez los resultados finales estén disponibles, una situación que podría tardar todavía varios días, o incluso semanas, pues los estados tienen hasta el 8 de diciembre para hacerlos públicos de manera oficial.
