El candidato a la alcaldía del municipio de Cajeme, en Sonora, por Movimiento Ciudadano (MC), Abel Murrieta, ha sido asesinado, a plena luz del día, cuando participaba en un acto enmarcado en su campaña electoral.
Según la información recogida por el diario mexicano ‘El Universal’, Murrieta entregaba folletos con su equipo de campaña y simpatizantes cuando ha recibido varios impactos de bala. Una de sus colaboradoras, identificada como Lisel López, ha resultado herida en una pierna, aunque está estable.
Ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención, pero minutos más tarde se ha conocido el deceso de Murrieta, de 58 años y que se había desempeñado como procurador de Justicia de Sonora, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal también por el PRI.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, Claudia Contreras, ya se ha trasladado a Cajeme para ponerse al frente de la investigación del caso.
Mientras, el coordinador nacional de MC, Clemente Casteñeda, ha trasladado que el partido lamenta el “cobarde atentado” sufrido por su candidato. “El crimen gobierna Sonora y las autoridades están rebasadas”, ha dicho, remarcando que Murrieta “ha pagado por haber dicho una y otra vez (…) que tenía el valor de enfrentar el narco y que iba a poner orden cuando llegara a la alcaldía”.
Del mismo modo, ha culpabilizado de la muerte de Murrieta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Por último, ha exigido hallar a los responsables y que se haga justicia. Pavlovich, por su parte, ha condenado el asesinato y ha asegurado que colaborará con la Fiscalía para encontrar a los autores.
La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, se ha expresado en la misma línea y, a través de su cuenta en la red social Twitter, ha afirmado que permanecerá “pendiente” de las investigaciones “para castigar a los responsables”. “La seguridad en la democracia debe prevalecer”, ha subrayado.
CANDIDATOS ASESINADOS
Una docena de candidatos electorales para las elecciones federales de junio han sido asesinados desde marzo en México. Un total de 234 han denunciado amenazas o agresiones, mientras que 65 tienen escoltas federales o estatales.
El Gobierno puso en marcha a principios de marzo un plan de seguridad para los candidatos. Cuando se inició, el Ejecutivo ya alertó de que el crimen organizado “impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea” a candidatos electorales en nueve estados del país norteamericano –Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Baja California–, algo que pone en peligro las elecciones.
El 6 de junio están en juego más de 21.000 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales; 15 cargos de gobernador; 1.063 cargos en congresos locales; 17.000 en ayuntamientos; y más de 1.900 presidencias municipales, que es el sector donde se percibe más riesgo.
El plan del Gobierno de López Obrador, concebido para que los comicios se celebren de forma “limpia” y “libre”, prevé proporcionar protección voluntaria a los candidatos y garantizará, además, que no se produce una intromisión por parte de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.
