A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri instrumentó una serie de reformas a la ley migratoria de 2003, entre ellas “un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio”.
Este mecanismo permite expulsar al extranjero en un plazo no mayor a los 30 días una vez dictada la medida, aun cuando el afectado no haya recibido una condena firme tanto en Argentina como en el exterior “en delitos de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, e inversiones en actividades ilícitas o delitos que merezcan pena privativa de la libertad para la legislación argentina”.
La medida también se aplica a extranjeros con residencia, cualquiera que sea su tipo u antigüedad.
El gobierno sostuvo que “ante recientes hechos de criminalidad organizada” las autoridades chocaron con un “complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación” para expulsar a un extranjero.
Este endurecimiento de la política migratoria de Argentina, con una larga tradición de “brazos abiertos” para los extranjeros, busca dar respuesta al reclamo social contra la inseguridad y el aumento del narcotráfico que se atribuyen en parte al fácil ingreso de foráneos con antecedentes penales, justo en un año en el que Macri enfrentará su primer test electoral con las elecciones legislativas de medio término.
Pero al mismo tiempo, esta nueva visión genera resquemores con países vecinos mientras organismos de defensores de derechos humanos advierten que estigmatiza a los extranjeros y viola acuerdos internacionales.
“Al igual que el gobierno de (Donald) Trump, Macri está criminalizando la inmigración por decretos ejecutivos que modifican normativas nacionales y compromisos internacionales ya asumidos”, afirmó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980 y miembro del Servicio de Paz y Justicia, en declaraciones a The Associated Press.
Para Amnistía Internacional, “reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un error”.
Los extranjeros representan el 4,5% de una población de unos 40 millones de habitantes en Argentina. Según el decreto, el 33% de los detenidos en penales federales por narcotráfico son extranjeros.
A partir de ahora una vez que se dicte la expulsión, el afectado tendrá derecho a interponer un recurso ante la justicia. El juez de primera instancia deberá pronunciarse en tres días y su fallo podrá ser apelado ante un tribunal superior, que también deberá expedirse en el mismo plazo. Agotadas las instancias judiciales, las autoridades de migraciones podrán proceder en la “retención” del extranjero y expulsarlo.
“Se debilita el derecho a defensa”, advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su cuenta twitter. “Con el decreto todos los inmigrantes son sospechosos”.
Quedan exceptuados de este procedimiento los extranjeros condenados a una pena no mayor a tres años de prisión o cuando sea de carácter culposo (un accidente vial, por ejemplo) siempre y cuando acrediten condición de progenitor, hijo o cónyuge de nacionalidad argentina.
El decreto también prohibió el ingreso y permanencia en el país de extranjeros con antecedentes penales (procesamiento firme, cierre de investigación preparatoria u acto procesal equiparable) en Argentina o en el exterior para delitos que merezcan pena privativa de la libertad para legislación argentina.
En lo específico, esta restricción corre para extranjeros involucrados en narcotráfico, tráfico de armas, de personas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, corrupción, explotación sexual, terrorismo, delitos de lesa humanidad y por facilitar el ingreso ilegal de personas.
En respuesta a las críticas, la vicepresidenta Gabriela Michetti declaró que el gobierno argentino tiene “una idea totalmente opuesta a Trump” en materia migratoria. El mandatario estadounidense aplica “una política proteccionista para todos los países, quiere estar en contra de procesos de integración de Estados Unidos”, mientras Argentina “es un país abierto que siempre va a estar a favor de la diversidad”.
El decreto estableció un beneficio de residencia a todo extranjero que haya ingresado ilegalmente al país a través de una organización delictiva y denuncie a sus cabecillas.
Los extranjeros afectados por la nueva normativa que carezcan de medios económicos tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita.
