Amnistía Internacional (AI) calificó hoy de “mancha” en la imagen de la Florida la “dura búsqueda” de la aplicación de la pena de muerte en el conocido como “Estado del sol”, una medida que refleja la “arbitrariedad” de un sistema de castigo “discriminatorio y propenso a errores”.
El informe de la ONG publicado hoy destaca que, así como varios estados de EE.UU. “han abrazado la abolición de la pena de muerte en los últimos años”, Florida sigue siendo un “acérrimo defensor de la pena de muerte y uno de los pocos estados” donde se concentra una buena parte de las ejecuciones”.
Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, execró que Florida albergue el “segundo corredor de la muerte más grande” de Estados Unidos, pese a que hace dos años se encontró inconstitucional la aplicación de la sentencia capital en el estado.
Sin embargo, prosigue Guevara-Rosas, la respuesta del Estado a esta decisión fue “ahondar y defender lo indefendible, incluso la ejecución de personas con discapacidades mentales”.
El informe de AI apunta que Florida muestra “escasas señales” de querer unirse a los 19 estados de EE.UU. que ya han abolido la pena de muerte o a aquellos que están reconsiderando la aplicación de esa medida punitiva.
De hecho, precisa la organización, el estado de Florida ocupa el “cuarto lugar” en el número de ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1976, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó nuevas leyes sobre la pena capital.
En ese contexto judicial, la respuesta de los legisladores de Florida fue actuar rápidamente en la revisión del “estatuto” para “permitir que se reanudase la aplicación de la sentencia de muerte”, en lugar de “revaluar seriamente” la pena capital.
Todo esto a pesar de que en 2016 el Tribunal Supremo de Florida “anuló el estatuto de sentencia capital” en un caso de condena a muerte porque este daba al jurado solo un mero “papel de asesoramiento en la sentencia”.
Desde entonces, la Corte Suprema de Florida ha hecho que el fallo del caso Hurst contra Florida “se aplique solo a un grupo limitado de casos existentes”, lo que significa que aproximadamente la mitad de los casi “400 reos confinados en el corredor de la muerte ni siquiera tendrán derecho a nuevas audiencias para sentencia”.
Una situación que hace depender el “destino de los condenados a muerte” en Florida de algo parecido a un “lanzamiento de dados”.
La ONG menciona el caso de Matthew Marshall, en el corredor de la muerte por un asesinato cometido en 1988, cuando tenía 24 años.
El jurado votó en ese caso por unanimidad a favor de la condena a cadena perpetua, pero el juez revocó la decisión del jurado y le sentenció a la pena capital.
A pesar de que anulaciones de ese tipo (por parte de un juez) están prohibidas en Florida desde la decisión judicial en el caso de Hurst, a Marshall “se le consideró no elegible para recibir alivio retroactivo”.
Incluso antes del fallo en el caso Hurst, dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos habían expuesto que el sistema de pena de muerte se encuentra lleno de “arbitrariedades y errores”, señalan.
