La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida condenó un proyecto de ley estatal presentado hoy que busca derogar cualquier política de santuario y prohíbe a agencias estatales y locales aprobar ordenanzas que protejan a inmigrantes de ser detenidos.
La iniciativa (HB-527) fue sometida en la Cámara baja estatal por el republicano Cord Byrdque.
La ACLU de Florida y la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) señalaron que el proyecto “pondría en peligro a familias inmigrantes y fomentaría la persecución injustificada de inmigrantes” en el estado.
La ley se alinea con la política del presidente Donald Trump, que desde el principio de su mandato ordenó la interrupción de ciertos fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, que se rehúsan a programas federales migratorios que no son de obligatorio cumplimiento.
En ese sentido, María Rodríguez, directora de FLIC, dijo que los condados y municipios “deben tener jurisdicción sobre sus propios recursos y definir sus propias prioridades”.
Los activistas recordaron que Miami-Dade fue el primer condado en la nación en ceder en 2017 a la agenda anti-inmigrante de Trump al aceptar colaborar con inmigración pese a los “dramáticos” costos financieros.
“Estas políticas crueles solo sirven para destruir la confianza pública en la aplicación de la ley, agotar valiosos recursos para aplicar esas leyes, y hacer que la Florida sea menos segura”, manifestó Amien Kacou, director político de ACLU de Florida.
Estas iniciativas y las solicitudes de retención sin orden judicial, “ya han sido declaradas por los tribunales como inconstitucionales”, recordó Kacou.
Ambas organizaciones recordaron que en 2018 unos 17 alguaciles en Florida anunciaron que se unirían a un programa piloto para trabajar más estrechamente con las autoridades federales de inmigración, pero algunos se retiraron “debido a los impactos negativos en sus comunidades”.
