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Santo Domingo, R. D.-El general retirado Iván Hernández Oleaga y sus dos hijos cuando eran conducidos a conocerles medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía del DFistrito Naciona.
La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional solicitó hoy un año de prisión preventiva y declarar complejo el caso contra tres ejecutivos del Banco Providencial y de la Inmobiliaria Propiherbon, a los cuales acusa de un faltante en los estados financieros de 650 millones de pesos en la entidad bancaria.
Al exsecretario de las Fuerzas Armadas (hoy Ministerio de Defensa) Iván Aquiles Hernández Oleaga y sus hijos Aquiles Hernández Bona e Ivette Hernández Bona, la Fiscalía los acusa, además, de lavado de activos, falsedad de documentos públicos y asociación de malhechores.
A éstos el juez de la Instrucción que le conoce el caso, Enerio Susaña, les aplazó para las 6:00 de la tarde el conocimiento de la medida de coerción que les conocería a mediamañana en el juzgado de la Oficina de Atención Permanente. Acogió una petición de los abogados de la defensa, que argumentaron falta de tiempo para profundizar en la presentación de la querella.
Defensa contraataca
La defensa de los imputados acusa a las autoridades monetarias y a la Fiscalía del Distrito Nacional de perseguir y ejecutar una trama para despojar Hernández Oleaga de su banco y entregar sus propiedades al Banco Activo, que había negociado la compra de la entidad intervenida, pero que no ha pagado la suma de dinero acordada.
Los abogados Eduardo Jorge Prats y César Amadeo Peralta sostienen que los imputados no han violado ningún tipo penal, sino que se trata de una retaliación para que el Banco Activo no pague el dinero de la compra del Banco Providencial.
El Superintendencia de Bancos explicó que había intervenido la entidad financiera porque captaban recursos sin la regulación de las autoridades monetarias.
Acuerdos de compra
Según el abogado César Amadeo Peralta, el Banco Activo se comprometió a pagarle 3 millones 500 mil dólares al general Hernández Oleaga por la compra del Banco Providencial, pero que para no entregarle el dinero las autoridades monetarias han tratado de imputarle irregularidades.
“Fueron apresados y remitidos a la cárcel sin haber sido interrogados ni citados por ninguna vía y se les está presentando solicitud de medida de coerción sin haber sido escuchados”, denunció el jurista.
Jorge Prats y Peralta sostienen que el Banco Providencial no es una entidad de riesgo sistémico y y sus clientes no han cometido ningún ilícito penal en el Banco Providencial ni en la Inmobiliaria Propiherbon.
Un Apunte
Retaliación
Para los juristas de la defensa, la persecución penal contra Hernández Oleaga y el Banco de Ahorro y Crédito Providencial responde a una retaliación de la Fiscalía, porque interpusieron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo contra la Tercera Resolución de fecha 19 de mayo de 2016 y la Primera Resolución de fecha 2 de junio de 2016 de la Junta Monetaria, que dispuso la disolución del banco.
