Una propuesta legislativa del Senado de Estados Unidos pretende convertir en política estadounidense el apoyo a una transición pacífica del poder a los opositores Edmundo González y María Corina Machado y exigir responsabilidades al chavismo por su “represión” de la disidencia tras las elecciones del 28 de julio.
La Ley de Apoyo al Rechazo del Electorado Venezolano a la Dictadura y Aspiración a la Democracia (VERDAD), presentada este viernes por los senadores demócratas Ben Cardin (Maryland) y Tim Kaine (Virginia), busca responsabilizar al “régimen opresor” de Nicolás Maduro por su “represión” del pueblo venezolano y sus “continuos esfuerzos para robar” los comicios.
“Estados Unidos debe liderar ahora imponiendo consecuencias claras a Maduro por sus acciones fraudulentas y detenciones arbitrarias y trabajar juntos hacia una Venezuela próspera post-Maduro”, ha declarado el senador Cardin, que preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense.
Cardin ha asegurado que el apoyo del Congreso estadounidense al pueblo de Venezuela es “inquebrantable” y ha insistido en que demócratas y republicanos de las dos cámaras trabajarán en este proyecto de ley para “presionar por una Venezuela libre donde la democracia prospere, los Derechos Humanos sean defendidos y el pueblo venezolano pueda forjar su propio futuro”.
Por su parte, el senador Kaine ha denunciado que “el descarado desprecio” del chavismo por “el Estado de Derecho y los Derechos Humanos” ha provocado “la mayor crisis de desplazamiento en América Latina, exacerbando la migración en nuestro hemisferio”.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Maduro continúa desafiando la voluntad del pueblo venezolano, y mientras los venezolanos sufren violencia desenfrenada y escasez de bienes básicos como alimentos y medicinas”, ha señalado el demócrata, que preside el Subcomité del Hemisferio Occidental en el Senado.
Por ello, la propuesta incluye un aumento de la ayuda humanitaria para el país latinoamericano, para lo que se reutilizarían los “activos confiscados de casos penales estadonidenses contra ciudadanos venezolanos”, y establece estrategias para “contrarrestar (…) la persecución política” por parte del Gobierno venezolano.
Además, se emitirán sanciones a los funcionarios del régimen que “participan en la represión y el debilitamiento de la gobernabilidad democrática”, así como a entidades “rusas, chinas, iraníes y cubanas que prestan apoyo de seguridad” al mandatario.
Unos 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya fueron sancionados el 12 de septiembre por “impedir un proceso electoral inclusivo y competitivo” y “violar los Derechos Humanos y civiles” de la población del país caribeño.
En cambio, aquellas personas que “promuevan una transición democrática” y abandonen la “complicidad” con el régimen en cuanto a los abusos de derechos, se verán exentas de este tipo de penas del Ejecutivo estadounidense.
Esta iniciativa legislativa permitirá “avanzar la democracia en Venezuela (…) y mejorará las condiciones económicas en el país”, según ha asegurado Kaine, destacando que son “pasos hacia la estabilidad en la región”.
Venezuela celebró el 28 de julio unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales públicos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González.
