En una primera salva contra la ley de salud de Obama, el presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva dirigida a cancelar el impopular requisito de esa normativa de que se multe a las personas que no contraten un seguro médico.
La orden instruye a las agencias federales a que dejen de emitir disposiciones que amplíen los alcances del “Obamacare”, como se conoce a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible.
Trump pidió en su orden a las agencias que concedan dispensas, exenciones y aplazamientos sobre las estipulaciones de la normativa que acarreen costos a los estados o individuos, lo que podría abarcar las sanciones a quienes continúen sin un seguro, uno de los puntos principales de la ley.
La orden también prevé que las agencias federales permitan a los estados mayor flexibilidad en la ejecución de programas de salud.
“Es un indicio de que el gobierno de Trump busca revertir la ley tanto como le sea posible administrativamente”, dijo Larry Levitt, de la Fundación Familia Kaiser, un centro de información y análisis sobre el sistema del servicio médico. La fundación es independiente de los partidos políticos.
Podría tardar semanas o meses dilucidar las plenas consecuencias de la directiva de Trump sobre el “Obamacare”.
Agencias como el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Tesoro tendrán que preparar políticas que encarnen los deseos del nuevo presidente.
Una clara posibilidad es que el gobierno encuentre nuevas alternativas para exentar del requisito impopular de que se multe a quienes sigan sin contratar un seguro si se considera que están en condiciones de pagar la cobertura.
Por ejemplo, los legisladores republicanos en el Congreso han propuesto que se libere de la multa a las personas de zonas donde sólo una aseguradora ofrece cobertura, en la actualidad alrededor de un tercio de los condados del país.
La orden ejecutiva quizá no tenga grandes repercusiones en 2017, en virtud de que las normas gubernamentales de este año ya fueron incorporadas en los contratos firmados con las compañías seguradoras.
Sin embargo, Levitt dijo que la exención generalizada podría asustar a las aseguradoras que han optado por mantenerse al margen en cuanto a continuar su participación en 2018 y más allá.
Las aseguradoras consideran el requisito, también llamado mandato individual, como un instrumento esencial para incluir a las personas sanas en el colectivo de coberturas.
Sin el requisito, las compañías y la mayoría de los expertos independientes creen que las primas se elevarían, lo que haría insostenible los mercados de seguros de HealthCare.gov.
“Se suscitaría una considerable incertidumbre y afectaría la capacidad de las aseguradoras de participar en 2018”, declaró Levitt.
Trump dejó claro que no estaba suspendiendo unilateralmente la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. La normativa continúa vigente y la orden instruye a las agencias que procedan “lo más que se pueda hasta donde lo permita la ley”.
Si se quiere cambiar la ley subyacente es necesaria la intervención del Congreso, aunque el gobierno de Trump puede reescribir disposiciones para su cumplimiento.
Es imposible emitir nuevas normas de la noche a la mañana y es necesario seguir el proceso establecido legalmente que prevé se avise a la ciudadanía y se conceda la oportunidad a las partes interesadas para que comenten los cambios dispuestos por el gobierno.
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Por RICARDO ALONSO-ZALDIVAR
