Beatriz Pascual Macías |
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá este mes sobre cinco casos que podrían influir en las elecciones presidenciales de noviembre y entre los que destacan asuntos sociales polémicos como la inmigración, el aborto y la discriminación positiva.
El Supremo federal llega al dictámen sobre las sentencias más importantes con solo ocho de los nueve jueces con cargos vitalicios que deben integrarlo.
La muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia ha abierto la posibilidad de un empate, circunstancia en la que los magistrados tienen la opción de mantener firme el veredicto de la corte inmediatamente inferior o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el alto tribunal cuando haya nueve jueces.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, nominó en marzo al juez Merrick Garland para el Tribunal Supremo, pero la mayoría republicana del Senado ha bloqueado cualquier votación sobre su confirmación con el objetivo de que sea el próximo presidente, elegido en noviembre, quien nombre a un magistrado más favorable a las ideas republicanas.
De esta forma, con las elecciones presidenciales de fondo, el Supremo decidirá este mes sobre cinco casos importantes:
1. LAS MEDIDAS MIGRATORIAS DE OBAMA
El alto tribunal debe decidir si Obama se excedió o no en su poder al proclamar un plan para frenar la deportación de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.
Las medidas migratorias de Obama, promulgadas por decreto en noviembre de 2014, fueron bloqueadas temporalmente por 25 estados, liderados por Texas y en su mayoría gobernados por republicanos.
Para derrotar a Obama, Texas tiene que demostrar que las medidas le perjudican directamente. El estado sureño asegura que sufriría graves daños económicos al tener que emitir de manera masiva las licencias de conducir a las que tendrían derecho los indocumentados beneficiados por la Casa Blanca.
2. LAS RESTRICCIONES AL ABORTO
El Tribunal Supremo de EE.UU. tendrá que decidir sobre uno de los casos más importantes sobre el aborto de los últimos 20 años y que podría cambiar la interpretación del derecho de la mujer a poner fin a su embarazo, permitido en todo el país desde 1973.
El debate se centra en una ley de Texas promulgada en 2013 que exige a las clínicas de aborto cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que un pequeño hospital y, además, que sus médicos tengan privilegios de admisión en un centro hospitalario que esté a menos de 48 kilómetros de donde se ubique el lugar para abortos.
La máxima corte debe determinar si, guiado por principios conservadores, el estado de Texas restringe la cantidad de clínicas disponibles para que las mujeres puedan abortar o si, por el contrario, la ley debe seguir en pie porque se trata de un asunto de salud pública sobre el que tiene competencias el estado.
3. LA DEUDA DE PUERTO RICO
Los jueces del Tribunal Supremo deben decidir si Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., puede recurrir a una ley para declarar en quiebra a sus empresas públicas y evitar así el pago de parte de su deuda, que asciende a más de 72.000 millones de dólares.
Si el alto tribunal falla a favor de Puerto Rico, la isla podría establecer su propio mecanismo de bancarrota y reestructurar su deuda bajo un régimen supervisado por las autoridades judiciales en virtud de la “Ley 71”, proclamada en 2014 por Puerto Rico y conocida a nivel local como “ley de quiebra criolla”.
4. DISCRIMINACIÓN POSITIVA
El Tribunal Supremo se pronunciará sobre el caso de Abigail Noel Fisher, una joven blanca que demandó en 2008 a la Universidad de Texas por no admitirla como alumna al aplicar criterios que dan prioridad a los jóvenes pertenecientes a minorías, especialmente afroamericanos e hispanos.
Los jueces ya evaluaron los criterios de discriminación positiva en junio de 2013 y, entonces, decidieron remitir el caso a un tribunal inferior.
Si falla a favor de Fisher, el alto tribunal podría prohibir a las instituciones educativas aplicar criterios de discriminación positiva para determinar el acceso de alumnos.
5. ARMAS Y VIOLENCIA DOMÉSTICA
El Tribunal Supremo decidirá sobre la constitucionalidad de una norma federal que prohíbe la tenencia y uso de armas a aquellos que han sido condenados por un “delito menor de violencia doméstica”, un tipo penal reconocido en el Distrito de Columbia y en 34 de los 50 estados de Estados Unidos.
El caso se basa sobre la historia de Stephen Voisine y William Armstrong, que fueron encontrados con armas después de declararse culpables ante cortes estatales de Maine de diferentes delitos menores de violencia doméstica relacionados con su novia y su mujer, respectivamente.
