Dos sobrinos de la poderosa primera dama de Venezuela confesaron intentar contrabandear 800 kilogramos (1.763 libras) de cocaína a Estados Unidos, de acuerdo a los fiscales del caso con enormes implicaciones políticas.
Los documentos introducidos a la corte el viernes por los fiscales aportaron nuevos datos al caso que ha activó las alarmas sobre la corrupción a altos niveles y el narcotráfico por parte de la elite política de Venezuela en un momento en el que las revueltas políticas y económicas van en aumento en la nación sudamericana.
Efraín Campo y Francisco Flores fueron arrestados en noviembre en Haití en una operación secreta coordinada por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Fueron trasladados a Nueva York, en donde están encarcelados en espera de un juicio por conspiración para contrabandear cocaína a los Estados. Ambos se declararon inocentes.
Los documentos interpuestos el viernes buscan refutar una moción por los abogados de los acusados para suprimir sus declaraciones ante agentes de la DEA durante su traslado a Nueva York, porque supuestamente no se les informaron sus derechos y fueron coaccionados luego de ser puestos bajo custodia por hombres armados y con los rostros cubiertos, por lo que inicialmente pensaron que se trataba de un secuestro.
Los fiscales alegan que Campo y Flores realizaron el acuerdo para trasladar las drogas en aproximadamente dos meses. Afirman que inicialmente la DEA fue informada por un testigo cooperativo en silla de ruedas de apodo “El Sentado”, quien se reunió en Honduras con Campo y Flores y tres semanas después del arresto de los acusados fue asesinado en ese país.
Como parte de la investigación de la DEA, se enviaron fuentes confidenciales a Caracas para reunirse con los dos jóvenes. Los documentos de la corte incluyen fotografías supuestamente tomadas de un video secreto de dichas reuniones en la que según los fiscales se ve a Campo examinar un paquete de cocaína mientras utiliza guantes de plástico, mientras Flores observa. Campo supuestamente señaló que los estupefacientes provenían de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Durante las reuniones, Campos supuestamente se jactó de poseer varios Ferrari y de estar en “guerra” con Estados Unidos y la oposición de Venezuela. También describe conexiones de alto nivel con el gobierno, que facilitarían el paso de las drogas a través del aeropuerto internacional de Caracas y evitar que el avión con el cargamento sea seguido por las agencias de la ley. Señalaron: “(el avión) sale como… si alguien de nuestra familia estuviera a bordo”, según una declaración de los fiscales en el distrito sur de Nueva York.
En los documento de la corte, Campo insinuó inicialmente a los agentes que el traslado de cocaína era para financiar la campaña de Cilia Flores al Congreso.
“Sé que dije eso, pero en realidad era para mí”, cita un documento de la corte que Campo le dijo eso a un agente de la DEA.
“Campo afirmó que amigos en el negocio del narcotráfico le dijeron que se cuidara de no ser robado, por lo que hizo esa declaración sobre la campaña de su madre por protección”, escribió el agente de la DEA en el reporte posterior al arresto.
En realidad, Campo dijo que tenía problemas financieros, y ganaba apenas 800 dólares a la semana de una flota de taxis que tenía en Panamá, según los documentos. También describió que fue desairado por su primo, Erick Malpica Flores, en ese momento director de finanzas de la paraestatal petrolera PDVSA, en un plan para cobrar comisiones a los comercios que intentaban cobrar adeudos de la compañía.
Campo, de 29 años, dijo que quería ganar 20 millones de dólares de varios cargamentos de drogas, suficientes para irse a vivir a Estados Unidos con su esposa y su hijo. Afirmó que su familia “lo mataría” si supiera lo que hace, de acuerdo a los documentos.
El abogado de Campo no respondió de inmediato a una solicitud de comentario vía correo electrónico.
Estados Unidos ha incrementado constantemente la presión en los miembros de alto rango del ejército, policía y gobierno de Venezuela por su papel en convertir al país en una importante zona del tránsito de drogas. Varios funcionarios venezolanos, incluyendo un ex ministro de defensa y jefe de inteligencia militar, han sido procesados o sancionados en Estados Unidos, y varios más están bajo investigación.
Cilia Flores, a quien el presidente Nicolás Maduro llama la “Primera Combatiente”, es uno de los miembros más influyentes del gobierno socialista de Venezuela y es una presencia constante al lado de su esposo.
La única vez que comentó sobre el caso de sus sobrinos en enero pasado, dijo que fueron secuestrados por la DEA, que fue expulsada de Venezuela hace una década, en un intento por desestabilizar el gobierno de su marido.
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Joshua Goodman
