Por Luis Jaime Acosta |
BOGOTÁ (Reuters) – El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirá con el jefe de la oposición, Álvaro Uribe, en un intento por salvar el acuerdo de paz con las FARC, sumido en un limbo después de su rechazo en un plebiscito, mientras el mandatario extendió el alto el fuego bilateral hasta el 31 de octubre.
El encuentro entre los antiguos aliados, distanciados por la decisión de Santos de reconocer la existencia de un conflicto armado y de buscar una negociación con la insurgencia, se producirá el miércoles en la sede de la Presidencia.
“Se trata de buscar los comunes denominadores, cuáles son sus preocupaciones (…) para ver si podemos introducir, a través del diálogo, las observaciones en ese gran acuerdo nacional que nos permita continuar en la búsqueda de la paz” dijo Santos en una declaración. Será el primer encuentro entre los dos dirigentes políticos en al menos cinco años.
Santos se reunirá por separado con el expresidente Andrés Pastrana, quien también ha criticado el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Mientras, representantes del Gobierno colombiano y de la guerrilla se reunieron de nuevo en La Habana, en un nuevo capítulo de diálogos para notificar a la insurgencia de las demandas de quienes se oponen al pacto de paz.
El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, hablaron con la cúpula de las FARC para explorar la posibilidad de hacer cambios al acuerdo que satisfagan las exigencias de los críticos liderados por Uribe.
“El tiempo es muy importante, no podemos prolongar este proceso y este diálogo por mucho tiempo porque estamos en una zona gris, en una especie de limbo que es muy peligroso y muy riesgoso, y que puede echar al traste todo el proceso”, advirtió Santos.
INCERTIDUMBRE
El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, reaccionó desde La Habana al anuncio de Santos sobre el alto el fuego y preguntó en su cuenta en Twitter si después del último día del mes continuará la guerra.
Las dos partes habían declarado un alto el fuego bilateral y definitivo que quedó en suspenso por el resultado adverso del plebiscito que impidió la refrendación del acuerdo de paz.
Pastor Alape, otro líder de las FARC, dijo que “todas las unidades guerrilleras deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones”, mientras que Ricardo Téllez llamó a la calma para dispersar los nubarrones sobre la paz.
El Gobierno y las FARC cerraron en agosto una difícil negociación de casi cuatro años para poner fin a una violenta confrontación de 52 años que ha dejado 220.000 muertos.
Pero los colombianos rechazaron el acuerdo el domingo en un plebiscito por una diferencia mínima, una decisión que impide a Santos implementar el pacto que establecía que los 7.000 combatientes de la guerrilla abandonarían las armas para conformar un partido político.
El triunfo del “No” dejó a Colombia dividida en dos bandos. Pero incluso quienes rechazaron el acuerdo aseguran que quieren la paz, aunque bajo otras condiciones.
El Centro Democrático, que lidera Uribe, exige que los jefes de las FARC paguen con cárcel por los crímenes cometidos, que incluyen asesinatos, secuestros y ataques. También pide que no puedan ocupar cargos de elección popular.
Las demandas parecen exageradas para ser aceptadas por las FARC, que habían negociado penas privativas de la libertad de hasta ocho años pero no cárcel, además de 10 escaños en el Congreso a partir de 2018 y durante dos periodos legislativos.
La canciller María Ángela Holguín, quien hizo parte del equipo de negociación con las FARC, dijo que una renegociación depende exclusivamente de ese grupo guerrillero.
“La decisión de que si se abren o no los acuerdos es más de las FARC. La decisión no es del Gobierno”, afirmó a periodistas la canciller, después de que el Centro Democrático le preguntó a Santos si estaba dispuesto a corregir el acuerdo de paz.
En tanto, los jefes de la guerrilla sostienen que el acuerdo que se firmó la semana pasada con la comunidad internacional como testigo está vigente porque el efecto del plebiscito es político y no jurídico.
