En el siglo XXI, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y los modelos de enseñanza individualizada se perfilan como el futuro de la educación, es alarmante observar cómo los estudiantes de la escuela pública en Puerto Rico siguen inmersos en un sistema arcaico y anticuado. Con aulas abarrotadas de aproximadamente 125 estudiantes diarios, distribuidos en cinco grupos de 25 por clase, la situación deja mucho que desear en términos de calidad educativa.
Este modelo anacrónico limita el tiempo dedicado a cada estudiante, homogeneiza la enseñanza sin atender a lagunas de conocimiento y, lo que es más preocupante, perpetúa un sistema discriminatorio que no se adapta a la realidad cultural de la isla. Mientras el mundo avanza hacia la educación digital y personalizada, Puerto Rico se mantiene atrapado en una estructura que embrutece y atrasa el desarrollo de sus jóvenes.
Un aspecto crucial que merece atención es la falta de una infraestructura de internet robusta en las escuelas públicas. Da verguénza saber que los maestros tienen que usar su propio teléfono para tener acceso al internet cuando se pagan tantos millones a una compañia para el servicio de internet. La ausencia de acceso a la tecnología y herramientas digitales impide la implementación de métodos modernos de enseñanza. Esto no solo afecta la calidad de la educación, sino que también priva a los estudiantes de la oportunidad de integrarse plenamente en la era digital.
Es imperativo reconocer que el modelo educativo actual no solo es obsoleto, sino que también es ineficiente y costoso. La burocracia que rodea a las oficinas centrales y regionales debe desmantelarse para abrir paso a un enfoque más eficaz y directo. La resistencia al cambio por parte de quienes han estado arraigados en el sistema debe ser superada para permitir una transformación real y beneficiosa.
La propuesta de un nuevo modelo educativo se fundamenta en la digitalización e individualización de la enseñanza. Al cerrar las oficinas centrales y regionales, se elimina la burocracia innecesaria. La administración se reduce a dos directores, un superintendente por región y personal esencial, con un enfoque claro en la integración de la inteligencia artificial para optimizar los procesos administrativos.
La asignación de fondos directamente a las escuelas, basada en la cantidad de estudiantes, garantiza un uso más eficiente de los recursos. Limitar el gasto administrativo al 5% del presupuesto asegura que la inversión se destine principalmente a mejorar la calidad de la educación.
Es crucial evitar nuevos nombramientos políticos en este nuevo sistema educativo. La prioridad debe ser la excelencia educativa, no los intereses partidistas. La eliminación de las oficinas de acreditación locales, consideradas innecesarias, liberará recursos que pueden dirigirse hacia iniciativas más relevantes.
En resumen, el cambio hacia un nuevo paradigma educativo en Puerto Rico es inminente. La adopción de un modelo digital e individualizado, junto con una estructura administrativa simplificada y eficiente, promete un sistema educativo de calidad que prepare a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. La inversión directa en las escuelas y la eliminación de la burocracia son pasos esenciales para romper las cadenas de un sistema anticuado y garantizar un futuro brillante para la educación en la isla.
