En los últimos años, la situación política y económica de Puerto Rico ha estado en el centro de la controversia, evidenciando la persistente condición de colonia que la isla mantiene bajo la influencia de los Estados Unidos de América. A pesar de los esfuerzos internacionales para erradicar el colonialismo, Puerto Rico continúa sometido a condiciones que socavan su autonomía y democracia.
El meollo de la cuestión radica en la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, un ente designado por el Congreso de los Estados Unidos para manejar el presupuesto de la isla y tomar decisiones cruciales que afectan directamente a los ciudadanos puertorriqueños. Esta junta, lejos de ser elegida por el pueblo de Puerto Rico, opera sin el consentimiento de sus habitantes y sin rendir cuentas a la voluntad popular.
La raíz de este problema se encuentra en la ley conocida como PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), la cual fue ratificada por el Congreso de los Estados Unidos y respaldada por el Tribunal Supremo. Esta legislación confiere a la Junta de Supervisión Fiscal poderes desmesurados, eliminando leyes locales y tomando el control directo de las finanzas de la isla, un acto que contradice los principios fundamentales de la democracia y la autodeterminación.
Cabe destacar que, a pesar de los avances logrados por las Naciones Unidas al sacar a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales, la realidad actual exige una revisión de esta decisión. La Junta de Supervisión Fiscal, al actuar como una entidad impuesta desde fuera y no electa por el pueblo, perpetúa una forma de gobierno colonial que contradice los valores democráticos promovidos a nivel internacional.
Otro aspecto preocupante es el hecho de que los individuos que manejan el presupuesto de Puerto Rico y que tienen la capacidad de violar la Constitución local no fueron elegidos por los ciudadanos. Más aún, sus salarios son financiados por los impuestos de los puertorriqueños, a pesar de que el estatus colonial de la isla no fue consentido por su gobierno. Este hecho plantea serias interrogantes sobre la legitimidad de las decisiones tomadas por una junta que opera al margen de la voluntad popular.
Adicionalmente, es crucial resaltar que Puerto Rico nunca tuvo la oportunidad de recurrir a una corte de quiebras para abordar su situación económica. La imposición unilateral de leyes por parte del Congreso de los Estados Unidos ha dejado a la isla en una posición de vulnerabilidad económica sin los recursos legales necesarios para afrontar sus desafíos financieros de manera equitativa.
Mientras Estados Unidos señala a otras naciones por tener colonias, es imperativo que la situación de Puerto Rico no quede en el olvido. La isla continúa siendo una colonia de los Estados Unidos de América, una verdad incómoda que debe ser llevada nuevamente a las Naciones Unidas. El llamado a la comunidad internacional es claro: es hora de abordar la persistente colonización de Puerto Rico y garantizar que los derechos y la autodeterminación del pueblo puertorriqueño sean respetados.
