Special Reporter
Santo Domingo, Este, R. D.-Las Grandes Mafias que tradicionalmente se han dedicado a tratar de estafar Propiedades en Barrios y urbanizaciones de los Pueblos en la República Dominicana, de repente han sido paradas de golpes con acciones contundentes hechas por el Gobierno Dominicano que preside Danilo Medina Sanchez.
Esta acciones fueron tomadas por el Mandatario por las reacciones hechas, tras los escándalos que se han armados tanto en los tres Brazos, como las muertes ocurridas por dos Comunicadores en la Provincia de San Pedro de Macoris, y con otras acciones cometidas por esos apandillados.
Cuyo lamentable hechos han ocurridó por las maneras como esas mafias por años han intervenido de manera directa en las negociaciones de los terrenos a particulares por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Entre otras atrevidas pretensiones, veamos:
El presidente Danilo Medina Sanchez habia ordenado mediante decreto la suspensión inmediata de la venta y reventa de los inmuebles ubicados en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este y detener los desalojos de las familias que ocupan esos terrenos.
El decreto 392-16 además establece crear una comisión que en 30 días debe examinar todo lo concerniente a la venta de los terrenos en esa zona de la capital a una empresa privada por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) por una suma ínfima y rendir un informe al presidente Danilo Medina Sanchez sobre el proceso.
La comisión la integrarán el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; y los directores de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantes y de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet.
La información en ese momento la ofrecido Don Roberto Rodríguez Marchena en rueda de prensa en el Palacio Nacional, quien leyó el decreto que establece que la investigación abarque desde el momento de la venta de los terrenos hasta el presente.
También debe incluir las recomendaciones sobre las acciones legales pertinentes.
“Las familias de Los Tres Brazos podrán pasar las fiestas de Año Nuevo tranquilos y en paz”, dijo el funcionario.
La mayoría de las parcelas de los barrios de la circunscripción 3 del DN presentan algún tipo de problemas con la titularidad
El Ensanche Luperón, en el Distrito Nacional, es uno de los barrios con problemas de titularidad.
Uno de los mayores dolores de cabeza para el Estado dominicano, dada la dimensión del desorden que implica, es el de la titularidad de la tierra, ya que alrededor del 56% de los terrenos que no son propiamente públicos no están registrados, tienen un registro extra legal o no tienen títulos definitivos. Esta situación se torna mucho más compleja en lo que al Gran Santo Domingo se refiere, en donde los terrenos que ocupan alrededor de 500,000 personas están en esa situación y los ocupantes viven entre las amenazas de desalojo o la presión de llegar a acuerdos de pagos con dueños verdaderos de terrenos y otros alegados que los reclaman.
Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, una ONG que se dedicada al estudio y al planteamiento de soluciones de esta situación, señala que ejemplo de ello es la circunscripción 3 del Distrito Nacional, compuesta por 14 barrios y 360,592 habitantes, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Familia del año 2010.
La circunscripción 3 del Distrito Nacional corresponde al polígono limitado al norte por los ríos Isabela y Ozama; al sur por la avenida San Martín y avenida México; al este por el río Ozama, y al oeste por la avenida Máximo Gómez.
Los barrios ubicados en dicha circunscripción se fueron construyendo sobre la base de masas humanas empujadas por el Estado a ocupar dichos terrenos, algunas de cuyas parcelas eran públicas y otras privadas, pero expropiadas en su momento y no pagadas a sus dueños, que a partir de los años 60 comenzaron a reclamarlas.
Estos barrios son La Zurza, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, Ensanche Luperón, Ensanche Capotillo, Simón Bolívar, 24 de Abril, Ensanche Espaillat, María Auxiliadora, Mejoramiento Social, Villa Francisca, Domingo Savio y Gualey. “La mayoría de las parcelas donde están ubicados estos barrios presentan algún tipo de problemas con la titularidad y en muchos casos quienes ocupan las edificaciones han sido o son objeto de hostigamiento por parte de alegados propietarios”, dice Batista.
Y la salida ha sido, en gran parte de los casos, lograr acuerdos de pago a través de empresas inmobiliarias creadas por los propietarios originales, como es el caso de la familia Vicini, que ha buscado esta alternativa. Sin embargo, dice Batista, otros casos se han resuelto por la vía del desalojo forzoso, en principio patrocinado por el Estado mismo a través de la intervención del Gobierno Central, y en otras, sobre todo a partir de los años 90, otorgando la fuerza pública a reclamos particulares, a los que el Estado mismo ha beneficiado en el afán de adjudicarse terrenos públicos de forma irregular.
Isabelita y Los Tres Brazos
A esta situación se suman otros casos, en la provincia Santo Domingo. En el sector Los Tres Brazos unas 25,000 familias (más de 125,000 personas) que tienen unos 30 años residiendo en terrenos de la antigua Fábrica Dominicana de Zapatos (Fadoc) son amenazadas por la empresa Titulatec de ser desalojadas. La empresa alega que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) le vendió un millón 213 mil 861 metros cuadrados en las parcelas 153-A-1 y 155 por RD$80 millones, sin tomar en cuenta que estaban habitados. El caso está detenido, momentáneamente, debido a la intervención del presidente Danilo Medina Sanchez.
Bomba de Tiempo provocada por Mafias en el Ensanche Isabelita
Mientras que en el sector del Ensanche Isabelita, desde el año 1997 unas 3,000 familias, es decir, unos 15,000 habitantes, están siendo demandados en desalojo por una empresa que sus Moradores creen son tentáculos de esas Mafias llamada Compañia Provelco, que posee documentación que la acredita como dueña de esas parcelas, y aunque el Tribunal Superior Administrativo desautorizó un desalojo masivo, la decisión fue apelada por los alegados propietarios.
En Cualquier momento se teme una Batalla campal de gran envergadura entre los Moradores y las Mafias. Ya mataron un Juez de Paz
Una batalla campal esta casada entre estas mafias y los Moradores del Ensanche Isabelita si esas mafias se atreven a tratar de venir a tumbar aunque sea una sola casa de este Barrio Los moradores están mas chivo que una guinea tuerta, se escucho decir a los vecinos que ellos no responderán por nadie que se atreva a traer una brigada de delincuente a desalojar tan solo una sola casa
Don Jose un Morador que tiene mas de 40 años dijo: Así vino un Juez de paz que por cierto era un mafioso con un grupo de ladrones a quitarle su casita a Don Tineo, y en la calle 12, Desalojaron a Don Tineo, con el agravante de que este respetable caballero se atrinchero con su arma de reglamento de ex-militar pensionado, pero la pandilla de ladrones que andaba con el Juez le dispararon y ellos mismos mataron a ese Juez y levantandole entonces una falsa acusación a Don Tineo de ser el Matador.
A Don Tineo nunca se le hizo justicia y lo condenaron los mismos jueces sin ni siquiera darle la oportunidad de que se defendiera, el pobre hombre murió en la cárcel siendo un hombre inocente, aquí en Isabelita si esas mafias vienen no va a morir un Juez, van a Morir cien Jueces y enfrentaremos a Mafias, Policias y Guardias que acompañen a esas mafias.
En esas condiciones nos encontramos los moradores del Ensanche Isabelita se escucho decir a otro morador, el que de nosotros no tiene armas ese día le echaremos mano a los tanques de gas y nos convertimos en Bomba incendiaria, esta bueno ya de aguantar a estos ladrones y estafadores llámese Provelco, Españoles y quien sea, de mi casa no me saca nadie, que vengan cuando quieran que ya lo estamos esperando.
Esas familias llevan más de 40 años residiendo en el lugar, amparadas por el decreto 90-74 emitido durante el Gobierno de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, pero admiten no poseer títulos de propiedad.
Situación similar de titularidad se presenta en el Residencial José Contreras, ubicado sobre la calle del mismo nombre adyacente al Parque Mirador del Sur, que también fue entregado por Balaguer a los ocupantes sin los títulos correspondientes. También en el sector Los Frailes se dan situaciones similares, especialmente con unas 3,000 familias que durante el Gobierno de Salvador Jorge Blanco, en 1985, ocuparon varias parcelas del Estado, y cuando iban a ser desalojadas, el entonces secretario de la Presidencia, Hatuey De Camps, paró el desalojo.
Pero desde hace más de 15 años particulares alegan que compraron los terrenos al Estado y amenazan con desalojar a los ocupantes, algunos de los cuales han logrado sacar.
A juicio de Román Batista, igual que como sucede en la mayoría de los barrios con problemas de titulación, si el Estado los colocó ahí y la gente que los habita adquiere una prerrogativa de derecho, porque son los que les han dado el valor que tiene la tierra porque han construido un barrio. En Sabana Perdida también sucede lo mismo en Lotes y Servicios, donde 2,000 familias reciben amenazas de desalojos de terrenos que alegan son del Estado, pero también reclamados por personas particulares.
La Caleta y Boca Chica
Un caso complejo es el de La Caleta y Boca Chica, en la provincia Santo Domingo, donde aproximadamente unas 100,000 personas (alrededor de 20,000 familias) disputan la tierra donde habitan debido a que personas particulares las reclaman.
En Monte Adentro, por ejemplo, una firma ha querido expropiar a otra que tiene una titularidad anterior, con la complejidad de que la familia que la habita, junto a otras 5,000 personas, vive ahí desde 1882, y todavía en el 2015 la Jurisdicción Inmobiliaria conoce el caso.
En La Caleta y Boca Chica están en litigios las parcelas 218, 486, 213, 487, 488, 479, 333 y 355, entre otras, las cuales han sido vendidas y revendidas hasta cinco veces, a pesar de que quienes las habitan tienen títulos desde principio de siglo.
Sócrates Peguero, de la Red Urbano Popular y residente en La Caleta, mostró documentos al respecto, e identificó a las familias Carbuccia, Castro, Mojica, Aponte, Mella, entre otras, como reclamantes.
El origen
Román Batista tiene claro de dónde viene el problema, y con planos, títulos y documentos como decretos presidenciales en mano, lo explica.
Recuerda que durante la ocupación estadounidense de 1916 los ocupantes crearon el Sistema Torres como sistema de registro de propiedad de la tierra, el cual pre establece que el Estado es el dueño de toda la tierra, y el propietario tiene que demostrar que tiene el título y si la compra tiene que asegurar que la tierra tiene título. Luego, con la asunción de Trujillo al poder ocurrió el ciclón San Zenón, que impactó a los lugares más distantes del centro de la ciudad, precisamente los que ocupan la parte norte de la ciudad, y dado el desastre, la población afectada se aglomeró en las vías públicas y el Estado los mandó a ocupar lo que hoy es el Mejoramiento Social y el María Auxiliadora, y ya en 1931 esos terrenos se habían ocupado.
En 1945, el Gobierno planificó construir el Barrio Mejoramiento Social, precisamente, donde había mandado a la gente afectados por San Zenón, y la gente que vivía ahí las llevaron al Ensanche Caridad, hoy Capotillo, y a Farías, hoy Ensanche Luperón, quedando establecido así que era el Gobierno quien empujaba a la gente a ocupar terrenos, y en consecuencia la gente lo habitó.
En 1950 se creó el Plan Trujillo de la Ciudad, que viene a consolidar la idea de expandir la ciudad urbanizada, y se hacen las grandes construcciones de la ciudad, como el puente Duarte, la calle Francisco del Rosario Sánchez, en el sector Los Guandules, y se diseña el Ensanche Luperón, y la gente que vivía en esos lugares, que para entonces se llamaba Galindo, entonces se tuvo que mudar, y la población quedó dispersa en poblados de la zona norte.
A finales de los años 50 sectores como Gualey, Los Guandules, Las Cañitas, Simón Bolívar no estaban ocupados y la gente comenzó a ir hacia allá. Cuando Trujillo es ajusticiado, muchos propietarios que fueron expropiados comenzaron a reclamar su tierra, a las vez que se produjo una oleada de ocupaciones de terrenos, que entre finales de los años 60 y finales de los 80 vino del campo a la ciudad. Y esa gente se instaló en los lugares que había sido desalojada por el Gobierno.
Más de 103,000 desalojados en 13 años
La lucha por la titularidad de la tierra urbana en el Gran Santo Domingo ha dejado más de 100,000 personas sin hogar desde el año 2000. De acuerdo con un estudio de la Red de Coordinación Urbana, entre el 2000 y el 2013 al menos 103,865 personas fueron desalojadas forzosamente. Contabiliza que en La Cueva de Valiente fueron desalojadas 8,000 personas, en Villa Esfuerzo 500, Vista Alegre (La Caleta) 2,000; Altos de Chavón 10,000; Altos de Brisas del Este 25,000; La Franja de Valiente 40,000 y Los Solares de Brisas del Este 2,000. Mientras que están bajo amenaza de desalojo 25,000 personas en el Ensanche Isabelita y en la ribera del Ozama 1,500.
De lo que podemos estar claro a distinguidos lectores es que el Gobierno del Presidente Danilo Medina Sanchez con su correcto y rápido accionar de un verdadero gobernante ha frenado de golpes y porrazos las atrevidas pretenciones de esas Mafias y que muy probablemente después de ser sometidas a investigaciones serias y responsables terminen siendo sometidos a la acción de la Justicia. Si Señor Presidente. Así se hace Patria.
