Santo Domingo, R. D.-A pesar de todas las irregularidades detectadas por el actual Gobierno en los contratos para la adquisición de cemento asfáltico (AC-30) o asfalto caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Poder Ejecutivo (PE) todavía no se ha planteado proceder legalmente contra las empresas ligadas al caso.
La información la ofreció la mañana de este lunes el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Antoliano Peralta Romero, durante una entrevista en el programa matutino El Día, que se transmite por ese gran programa de Tele-sistema, canal 11.
“El Poder Ejecutivo y de manera particular la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo no se han planteado aún el tema de la persecución penal sobre este asunto. No se lo ha planteado aún”, respondió el funcionario cuando la periodista Carolina Santana le preguntó sobre las implicaciones penales del caso.
El Veterano Jurista Peralta Romero indicó que prefiere que esto lo determine el Ministerio Público. Explicó además que el Ministerio de Obras Publicas (MOPC) es que el que posee las informaciones particulares sobre el caso y como este tiene su propia dirección legal también puede determinar cómo proceder.
El Consultor Jurídico precisó que lo que ha hecho la Oficina de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo que el dirige es terminar con esos contratos porque “son violatorios de la ley” y lesivos contra el Estado dominicano.
No habrá borrón y cuenta nueva
No obstante, al final de la entrevista Peralta precisó y recordó que en este tipo de casos “no habrá borrón y cuenta nueva”.
“Lo que nosotros hemos dicho es que en este momento la Consultoría Jurídica ha sido apoderada por el Presidente para que trabaje con el tema de la terminación de los contratos, si de ahí se derivaran asuntos de carácter penal no tengan ninguna duda de que serán apoderadas las autoridades correspondientes y que estas llevarán a cabo sus investigaciones y tomarán las medidas de lugar de conformidad con la ley”, concluyó.
Detalles del caso
Peralta explicó que desde el 2003, durante el Gobierno de Hipólito Mejía, el Ministerio de Obras Publicas (MOPC) suscribió contratos para la adquisición del o cemento asfáltico (AC-30) o asfalto caliente, el que se usa para asfaltar las vías públicas, con determinadas empresas y que estos se iban renovando sin llevar a cabo los debidos procedimientos.
Además, los proveedores establecieron un precio fijo de 2.90 dólares por galón del asfalto y el contrato obligaba al Ministerio a pagar 50 centavos de dólar sino adquiría la cantidad preestablecida, lo cual perjudicaba al Estado Dominano.
Es por esto que el actual Gobierno, que preside Luis Abinader, decidió terminar con esos contratos y habilitar a la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, de la cual el Estado forma parte, para que le supla el AC-30.
Peralta destacó que la refinería estableció un precio de 2.65 dólares y solo con esta medida el Estado se economiza 25 centavos de dólar por cada galón AC-30.
