Santo Domingo, R. D.-El presidente del Gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, expresó que las estructuras de narcotráfico y lavado de activos como la desmontada por la DEA y el Ministerio Público mediante la Operación Falcon, tomaron fuerza durante las administraciones gubernamentales “pasadas”, sin mencionar ningún partido o exmandatario en específico.
“En el caso por ejemplo de la Operación Falcón, pregúntense en qué Gobierno, de qué partido, estas estructuras tomaron fuerza y pregúntense en qué Gobierno y de qué partido, estas fueron vencidas, el PRM y su gobierno ha tenido la rectitud de vencer las formas del pasado y las formas de siempre”, agregó Paliza.
Esas declaraciones se producen a pesar de que entre los principales involucrados y apresados figuran miembros del partido y un funcionario, el suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro.
El también ministro Administrativo de la Presidencia añadió que el Gobierno de Luis Abinader ha demostrado el fin de la “impunidad”, aún sean miembros del PRM.
“Este país cambió…, todo ciudadano que cometa un ilícito o tenga unos cuestionamientos tiene que dar la cara ante la justicia, aún sean miembros del partido oficialista, en este país ya no hay marcha atrás…”, agregó Paliza.
El exsenador por Puerto Plata aludió responder a los medios de comunicación acercar de qué tipo de sanciones tendrán los miembros del PRM involucrados en el caso o si serán expulsados.
Además evitó referirse acerca de si en la nueva reforma electoral se plantearán más filtros para evitar la inclusión de personas ligadas al narcotráfico en el sistema político dominicano.
La reforma electoral fue incluida dentro de los temas a tratar en el Diálogo Nacional coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), cuya segunda reunión será realizada el próximo miércoles en la mañana.
Apresados
Por el caso se les conocerá medidas de coerción a María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales.
También a Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Erick Mosquea y otros reincidentes involucrados en la Operación Falcón
No es la primera vez que algunos de los imputados en la Operación Falcón, que lleva a cabo la DEA y autoridades dominicanas, son apresados hasta en plena acción delictiva por las autoridades antinarcóticas locales e internacionales, y mencionados o requeridos para responder sobre las operaciones de crimen organizado transaccional que han ejecutado en territorio nacional, América y Europa por un largo tiempo.
Cuatro del grupo, compuesto por 21 personas, que llegaron a traficar aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012, son reincidentes con responsabilidad criminal en varias ocasiones sin que estas hayan logrado impedir continuar con sus acciones, ya que salían de los procesos judiciales con facilidad, a pesar de tener fuertes imputaciones, según el Ministerio Público.
La lista inicia con los dos cabecillas de la red de narcotráfico
En noviembre de 2016, las autoridades estadounidenses en Puerto Rico, encabezadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), apresaron y les decomisaron a Erick Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales 1,786 kilos de cocaína su cargo.
En ese momento, los dos cabecillas de la investigada red de narcotráfico que tenía mando de control en Santiago, se desprendieron de la droga que tenía un valor de US$45 millones de dólares en el mercado negro.
Junto a ellos, resultaron apresados otros cuatro: Kevin de Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto, Sandy Hernández Mieses y Jonathan Jiménez Díaz.
“Todos, salvo Jiménez Díaz, estaban previamente acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde la República Dominicana”, dice el periódico Primera Hora de Puerto Rico, en una nota atribuida a la agencia EFE.
Los otros dos
El tercero de los reincidentes, José Alejandro de la Cruz Morales, es catalogado por el Ministerio Público como una persona con conducta violenta.
“Al momento del arresto trato de evadirse”, puntualiza la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.
Los registros periodísticos apuntan a que José Alejandro Cruz Morales, hermano de Juan José de la Cruz Morales tiene algunos casos abiertos en distintas jurisdicciones, entre ellos uno por 400 kilos de cocaína, en el que tiene una orden de arresto.
Archivos constan que en 2012 fue capturado de camino a Santiago donde entregaría una “nevera playera” con casi US$500,000 dólares en efectivo, como parte de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.
De igual forma, al año siguiente volvió a los medios citado entre los responsables de la muerte a tiros de dos hombres, la noche del 18 de junio de 2013 en la carretera que comunica la autopista Duarte con el Santo Cerro, en La Vega.
“Se trató de un ajuste de cuentas por una negociación con drogas”, dicen los medios del momento.
También fue apresado intentando ingresar ilegalmente a Puerto Rico, donde ya tenía antecedentes penales y había sido repatriado hace años por hechos delictivos.
No obstante, el juez Duvergé Mejía favoreció a De la Cruz Morales con un auto de no ha lugar porque la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) no tenía orden de arresto para apresarlo, a pesar de haberlo encontrado in fraganti.
La cuarta reincidente María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli y La Princesa, fue condenada en 2013 por transparentar cerca de RD$100 millones en una red de lavado de activos internacional que dirigía su pareja sentimental en ese entonces, el colombiano Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, condenado en 2016 por la misma acción.
Al momento de su arresto, las autoridades mostraron US$1,003,000.00; 24,500.00 euros y RD$150,000.00, y 20 vehículos de lujo incautados en 14 allanamientos realizados de forma simultánea en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.
El entonces juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva con envío a la cárcel de Najayo Mujeres en marzo de 2013. Medio año después, un tribunal dispuso su puesta en libertad.
Dentro de la Operación Falcón se le conocerá coerción a los imputados Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro.
Además, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
El caso Falcón embarra Congreso
Yeni Berenice pedirá juez especial a la Suprema
El escándalo desatado por el caso de la Operación Falcón traspasará la jurisdicción ordinaria cuando el Ministerio Público solicite hoy, lunes, a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez instructor especial para que investigue los nexos de legisladores con el caso de narcotráfico y lavado de activos que ha estremecido a la sociedad dominicana.
La solicitud de la designación de un juez de instrucción especial será solicitada por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, para el control de las investigaciones de los legisladores, entre los que figuran los diputados Héctor Darío Feliz y Nelson Marmolejos Gil.
Berenice Reynoso informó que la solicitud se hará en virtud de la jurisdicción privilegiada de que gozan los congresistas, y esto no impida que sean judicializados, y tan pronto ocurra se dará a conocer a la sociedad el nombres de los legisladores involucrados.
El nombre de Marmolejos Gil está incluido en el expediente de la Operación Falcón sobre narcotráfico y lavado de activos, después que el Ministerio Público afirmara que éste obtuvo el financiamiento completo de su campaña con el dinero del cabecilla de la estructura de crimen organizado que operaba en Santiago y otras zonas del país.
El nombre del diputado Darío Feliz es por haber transportado a una de las personas que serán extraditadas a Estados Unidos, vinculados a la Operación Falcón, y que tenía la presunta intención “de sustraer al extraditable de la investigación”, según el los fiscales del caso.
Con este, ya suman dos los jueces de la Suprema Corte de Justicia que deberán tener el control de las investigaciones en contra de legisladores, por lavado de activos, productos del narcotráfico. El primero fue el de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, por su vinculación a una presunta red que encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López).
Berenice Reynoso sostuvo que tienen un expediente sólido y blindado, con miles de páginas con la que obtendrán medida de coerción en contra de los encartados.
Aseguró que hay pruebas suficientes que demuestran la implicación de los imputados en la red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
“En este proceso, y han sido los lineamientos que sigue el Ministerio Público, bajo la instrucción de la magistrada Miriam Germán, todo aquel que tenga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser judicializado y procesado”, resaltó la procuradora adjunta.
Medida de coerción aplazada
La jueza del juzgado de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges, aplazó para el próximo viernes, a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva de 18 meses presentada en contra de los 21 implicados de la red criminal.
Desde el 2017
La organización criminal que integraban los extraditables, los imputados en la investigación, y otros en ese proceso, traficaron unos 2,500 kilos de cocaína semanales desde el 2012, pero sus operaciones las tienen registradas los entes de inteligencia desde años anteriores y hay evidencias de que aumentaron a partir del año 2017.
Entre República Dominicana y Puerto Rico le fueorn decomisados aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad bajo el que desempeñaban sus operaciones delictivas.
Finjus está preocupada
De su lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaño Guzmán, consideró que la operación Falcón representa una nueva prueba para el sistema político democrático de la República Dominicana.
Entiende que el caso muestra las graves falencias del ordenamiento jurídico e institucional nacional e indica cuán profundas son las debilidades que persisten en el país.
“Porque en todos los sectores existe el convencimiento de que la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo percibido y que se quedan cortas las enjundiosas fórmulas de los organismos internacionales para calcular el daño que estos fenómenos producen en nuestra economía y estructura social”, acotó el jurista.
A su juicio, la operación es “una muestra más de que el Estado, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de consecuencias…”
HABLA EL PRM
Comunicado.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) respaldó ayer, e la justicia independiente, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera contundente, caiga quien caga”, También el PRM apoyó “las acciones emprendidas por el gobierno del presidente Luis Abinader, para la consolidación de un Ministerio Público independiente”.
“Por décadas”, agrega, “nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del PRM ha sido romper con ese sistema”.
