El abogado, historiador y escritor Manuel Núñez entiende que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) debió pronunciarse ante el informe negativo que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde señala aspectos migratorios que son competencia del país.
“Pienso que la Cancillería debió pronunciarse y establecerlo, igualmente, el Tribunal Constitucional”, afirmó Núñez, quien apuntó que es lamentable que no hayan reaccionado y que piensa que “muchas veces nuestra diplomacia tiene vergüenza de ejercer la soberanía”.
Agregó que parece que no les importa que ese comunicado, que no es más que el preludio de lo que viene después, ya que se van creando las condiciones mediante los estereotipos que se van sembrando.
Dijo que el Gobierno dominicano debió emitir un comunicado oficial tras este informe y contratar una oficina de “lobby” en los Estados Unidos como hacen los haitianos que consiguen objetivos a través de este mecanismo.
“Nosotros no somos responsables de lo que ocurre en Haití. Haití no es un problema interno de la República Dominicana, es otro país y, en todo caso, quienes deben ocuparse primariamente, serían los propios haitianos y después la comunidad internacional, pero el único delito de la República Dominicana es ser vecino de Haití… ¿Por qué tenemos que pagar por el desastre de Haití?”, señaló.
Apuntó que estas dos naciones son de los pocos países del mundo donde hay una frontera interior, pero que se debe tener en cuenta que los mecanismos de acceso a la nacionalidad de ambos países están claros.
“Los mecanismos de acceso a la nacionalidad están claros, tanto en Haití como en República Dominicana, existe como la misión primaria de la nacionalidad el “Ius Sanguinis” (derecho de sangre), o sea, los hijos de dominicanos, son dominicanos; los hijos de haitianos, son haitianos… eso fuera de las consideraciones territoriales”, enfatizó.
Explicó que también están establecidos en la ley los mecanismos para los nacidos en el territorio, para los hijos de extranjeros que el Estado ha admitido legalmente como inmigrantes en el país que no están en tránsito ni son ni hijos de diplomáticos.
En el caso de aquellos que son hijos de residentes extranjeros, dijo que está establecido el mecanismo de acceso a la nacionalidad, donde se contempla si no tienen derecho o si tienen que renunciar a la otra para adquirir la otra.
“Ahora, qué es lo que está ocurriendo, muchas veces los funcionarios de EE. UU. creen que sus leyes estadounidenses son las que operan en el mundo, es la visión de los imperios, que no toman en cuenta el parecer de los pequeños países y que tratan de acogerse al parecer particular de ellos, pero en el caso dominicano, las leyes dominicanas establecen claramente que lo que está estipulado”, manifestó.
Trata de personas: acusaciones vienen de las ONG que están en RD
En el caso de la trata de personas, Manuel Núñez dijo que es una forma de acusación establecidas por las ONG prohaitianas que están en el país y que no operan tanto en Haití, sino en República Dominicana.
“Varias ONG que operan en el país, porque es muy bueno vivir aquí, cobrar aquí, y defender a aquellos. Se alimentan de la miseria del país vecino”, señaló Núñez, durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R.
Manifestó que esas ONG están sembrando y alimentando estereotipos internacionales con el silencio cómplice de mucha gente en República Dominicana con el objetivo de desbaratar la soberanía nacional.
“Buscan destruir el derecho a la autodeterminación de los dominicanos en su país”, sentenció Núñez-
Sobre uno de los datos que contempla el citado informe, donde aseguran que el país tiene la población apátrida más grande de la región, Núñez señaló que esa aseveración es falsa porque los haitianos tienen su nacionalidad bajo el “ius sanguinis”, es decir, que no son apátridas.
“Los haitianos tienen el ´ius sanguinis´, o sea ellos nacen haitianos. Ellos quieren tener derecho a una segunda nacionalidad que no les corresponde, que es la dominicana, para colonizar el país y sacar a los dominicanos… eso no se puede permitir”, advirtió y recordó que la ley 68-13, ahora 68-14, fue elaborada en los Estados Unidos.
Calificó de irresponsable a los que elaboraron dicho informe, al precisar que tienen que tener en cuenta que “el Estado haitiano no existe, no hay control de territorio ni del espacio marítimo; no hay control del espacio aéreo, no hay un polo de autoridad, el país está en manos de las bandas y la supuesta autoridad que está reconocida por las embajadas internacionales no tiene posibilidad de mandar porque es una autoridad decorativa”.
Cree que hay demasiadas leyes para la expropiación de bienes
Sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, Manuel Núñez considera que en el país hay demasiadas leyes para expropiar los bienes mal habidos procedentes de los ilícitos del narcotráfico, o procedentes de cualquier actividad de hurto al Estado.
“Hay una presunción de que los que van a aplicar la ley no son justiciables, o sea, no tienen una especie de patente de corso y están en el conjunto de arcángeles que acompañan a Dios, porque lo que más se parece a Dios es un juez, pero no es así, porque estamos rodeados de jueces y fiscales que prevarican”, precisó.
Dijo que darle un poder así tan grande a un hombre, de poder decidir, abrir o incoar un proceso judicial de persecución e incluso crear, y tengo entendido que ya fue eliminado, el mecanismo de delación, donde los delatores iban a cobrar el 3 % de lo capturado y los fiscales un 15 %, es parte del conjunto de la ley”.
“Cuando tiras una ley, hay dos cosas: está el procedimiento legal y está la filosofía de la ley que presupone una situación de culpabilidad de todo el mundo, todo el mundo es culpable, hasta que no demuestre que es inocente y eso no se puede tolerar”, manifestó.
Señaló que la propiedad debe ser sagrada y que esto en algunos países no lo es: “Por ejemplo, en Cuba, Venezuela, Nicaragua la propiedad puede ser violada por una orden del Estado, pero aquí no es así”.
Cree poner tantas trabas afectaría inversión y a trabajadores informales
Núñez piensa que en un país como República Dominicana, que tiene más del 60 % de su actividad económica informal y cuenta con inversiones extranjeras, si se ponen tantas trabas, eso puede crear problemas para la inversión y a millones de dominicanos que están en la informalidad que no son delincuentes.
“En definitiva la ley fue creada para perseguir la delincuencia, pero pueden crear una especializada en esos aspectos, no una ley general que abarque a todos los dominicanos”, consideró.
Señaló que el país cuenta con la Ley de Lavado de Activos que se puede aplicar antes de establecer los procesos judiciales de expropiación, sin que sea expeditivo, como lo establece esta ley.
Apuntó que actualmente la Ley de Lavado de Activos castiga el enriquecimiento indebido y la circulación de dinero por parte del narcotráfico, pero que en muchos casos, algunos narcos, como había una serie de dilaciones, prefirieron hacer acuerdo con los Estados Unidos de delación premiada.
“Ellos cumplen una sentencia de cuatro, cinco o seis años, reducida ya por buen comportamiento, y como no se puede juzgar dos veces a una persona, según las leyes nuestras, y yo creo que sí se puede juzgar por hechos distintos, pues ellos recuperan, como ha ocurrido con Quirino, Toño Leña y con otros, todos sus bienes en la República Dominicana, y esa es la preocupación”, expresó.
Al caso Medusa podría aplicársele la Ley de Lavado de activos
En el caso Medusa que se ventila en los tribunales por corrupción administrativa en perjuicio del Estado, Manuel Núñez entiende que ahí podría aplicarse la Ley de Lavado d Activos para la expropiación de bienes a las personas que lo han obtenido de manera ilícita.
“En la República Dominicana se instaló la plataforma mayor de la compañía Odebrecht, es decir, en Perú, Colombia, Ecuador… en muchos países del continente, han sido condenadas las personas que han estado vinculadas a los negocios de Odebrecht, que son colaterales porque esas son formas de corrupción del Estado … y aquí no hay nadie todavía condenado por esa situación”, dijo.
Manifestó que en ese contexto, el país fue burlado por la gestión de Gobierno anterior, encabezada por Danilo Medina, y quien se comprometió en una cumbre a que no iba a contaminar el proceso.
“Y lo primero que hizo tres meses después, que vino al país Sánchez, el subsecretario de EE. UU. a ofrecernos una planta de gas natural financiada por Estados Unidos, que se iba a instalar en Puerto Plata que es eje mayor de consumo hacia Santo Domingo, a un costo de mil millones de dólares con mil megavatios, y él prefirió (Danilo Medina) contratar dos plantas a carbón de 600 megavatios para ser instalada en un consorcio privado, llamado Punta Catalina “, reveló.
Finalmente, Manuel Núñez dijo que espera que la justicia, aplicando la ley, ejecute como se debe, sin teatro ni exageración, el castigo ejemplar para los desfalcadores del Estado.
